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Las Comunidades Autónomas tendrán que dictaminar las ayudas que correspondan a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses, con lo que se reducirá a la mitad el periodo que suele conllevar este trámite administrativo.

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia, aunque los representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los diferentes gobiernos autonómicos no han fijado el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien ha destacado el "gran valor político de este acuerdo" que permitirá reducir los tiempos de espera para que las persones dependientes puedan percibir estas prestaciones.

Jiménez ha informado de que a uno de enero de 2010, 743.596 personas tienen derecho a percibir las ayudas por dependencia, de las que 485.526 ya las están recibiendo y 258.070 continúan en espera.  Sobre este último colectivo, según la ministra, existe un "firme compromiso político" para que los afectados sean incorporados al sistema cuanto antes.

La ministra ha comentado que actualmente algunas Comunidades cumplen los plazos previstos, pero otras tardan entre 10 y 12 meses sólo en valorar los expedientes. Ha precisado que en los casos en que las CCAA tengan establecido un proceso "en dos pasos", para reconocer el grado de dependencia y después el derecho a la prestación, el primero tendrá que consolidarse en un plazo máximo de tres meses.

En cuanto a los menores de tres años, ha proseguido, el periodo será de treinta días a efectos de ampliación del permiso de maternidad o paternidad o de los correspondientes subsidios.

El Consejo ha adoptado también un acuerdo para mejorar la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que incluye un seguimiento de las condiciones en las que vive el beneficiario y establece garantías para la salud de la persona cuidadora que recibe la aportación económica.

La titular de Sanidad ha informado de que en la actualidad hay unas 280.000 personas que reciben una prestación económica para el cuidado familiar, lo que supone casi el 50 por ciento de las prestaciones del sistema.

Tras señalar que los acuerdos adoptados permitirán mejorar la calidad de vida de estas personas, ha recordado que la aplicación completa de esta Ley estaba prevista para 2015. "Estamos haciendo un enorme esfuerzo para que las expectativas de los ciudadanos puedan verse cumplidas", ha subrayado.

Ha recalcado que, a pesar de esta "época de dificultad económica", existe un "firme compromiso" de conseguir el objetivo de incorporar al cien por cien a las personas en situación de dependencia.

Jiménez ha calificado de "dato especialmente significativo" el que de cada 5 personas que actualmente reciben la ayuda, 3 lo hicieran por primera vez el año pasado. Esto indica, a su juicio, que el propio desarrollo de la Ley, desde que se aprobó en 2006, "ha permitido que las incorporaciones sean más rápidas".

De las cerca de 500.000 personas que reciben las ayudas, el 67% son mujeres; 264.000 -el 54,5%- tienen más de 80 años y 370.000 -el 76,3%- más de 65.