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La entidad Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Derechos de Gestión (AIE), que preside el músico Luis Cobos, no tendrá derecho a recibir un porcentaje de la recaudación de las salas de cine en concepto de derechos de autor por las bandas sonoras que salen en las películas proyectadas, según una sentencia del juzgado mercantil número 8 de Barcelona. Esta sociedad había demandado el pasado mes de junio a la distribuidora y exhibidora Cinesa, que tiene 91 salas en toda España, para que ésta le pagara “por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales realizada en las salas de exhibición cinematográficas que explota desde el 1 de enero de 2005 hasta la fecha de la interposición de la presente demanda, calculada conforme el parámetro de la tarifa general del 0,26% de los ingresos de taquilla”. En total, le reclamaba 523.325,26 euros.

AIE es una entidad de naturaleza jurídica similar a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) que defiende los derechos de los intérpretes -término que engloba a los músicos, cantantes y directores de orquesta- en vez de los autores o compositores. En el terreno de los derechos, existen otras dos entidades: Aisge, que defiende a los actores, bailarines, dobladores y directores de escena, y Egeda, que defiende a los productores de obras y grabaciones audiovisuales.

Hasta el año 2004, Aisge y AIE mantuvieron un convenio de colaboración  por el que las entidades englobadas en la Federación de Entidades y Empresas de Cine en España (FEECE), organización a la cual pertenece Cinesa, pagaban un canon “equitativo”. El último año del convenio, la exhibidora ahora demandada pagó 10.616,23 euros.

“El conflicto surgió por la reclamación del canon de las bandas sonoras de las películas. Y el tribunal fue muy claro al rechazar la demanda y exigir a la demandante que pague las costas”, aclara a El Confidencial el abogado de Cinesa, Agustín González García, del despacho Uría & Menéndez.

En la sentencia, la magistrada Marta Cervera explica que AIE está legitimada para representar a los músicos. “El problema que se plantea en el presente caso -añade- es, partiendo del hecho probado de que la mayor parte de las películas que se comunican públicamente en las salas de cine de la damandada son norteamericanas, determinar si los artistas intérpretes y ejecutantes músicos de Estados Unidos están o no protegidos por la ley española y, por lo tanto, AIE puede reclamar en su nombre, teniendo en cuenta que no tienen un derecho equivalente en su país”.

Al no existir en USA una entidad equivalente a AIE en España, “a través de la cual hacer llegar la remuneración equitativa a sus músicos nacionales, habiendo indicado el legal representante de AIE que sólo cuentan con un agente en Estados Unidos -que obviamente no representa a todos los existentes en ese país-, por lo que existe una clara dificultad en localizar a los músicos norteamericanos por parte de AIE para hacer el pago de su remuneración por la comunicación pública que se realiza en España de sus interpretaciones”. A ello se le añade que Estados Unidos no ratificó el Convenio de Roma de 1961 sobre protección de artistas intérpretes o ejecutantes (España lo ratificó en 1991) y éste, en tal caso, no es de aplicación.

Segundo revés judicial para AIE

La juez señala que para poder cobrar el canon el músico ha de tener residencia habitual en España, tal y como establece la ley, o que la interpretación se haya efectuado en nuestro país o se incorpore a una producción europea. Por tanto, el texto desestima la demanda “con expresa imposición de costas a la actora”.

No es la primera vez que AIE tiene un revés judicial. En marzo del pasado año, el Tribunal Supremo revocaba una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Madrid que daba la razón a la entidad de Luis Cobos frente a las televisiones. La entidad había sido denunciada por Telecinco, que la acusaba de abuso por aplicar un canon muy alto. “En aquella ocasión, discutían si lo que se reclamaba era procedente o no -explica a El Confidencial Agustín González-. Y sólo entraba en esa cuestión. En nuestro caso, sin embargo, no se llega a determinar la equidad de la tarifa y se rechaza de plano la demanda”. El Supremo, en aquel caso, se limitó a decir que “la remuneración de AIE ha de ser, ante todo equitativa”, como la Ley de Propiedad Intelectual establece.

Con posterioridad al fallo del Supremo, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), también tras la denuncia de Telecinco, determinó que la AIE exigía “unas tarifas inequitativas y discriminatorias de Gestevisión Telecinco en relación con la remuneración de los derechos de artistas intérpretes o ejecutantes”. Pero no se quedaba ahí la cosa: impuso una sanción a la entidad de gestión de 770.000 euros “por la comisión de las conductas acreditadas”, es decir, por los cánones abusivos, y le instaba “a que en lo sucesivo se abstenga de publicar y exigir unas tarifas generales como las sancionadoras u otras equivalentes que pueden distorsionar el mercado de gestión de derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales”. La economía de AIe, sin embargo, va viento en poa. Según quedó acreditado en el juicio celebrado en Barcelona, en estos momentos tiene “de 20 a 25 millones de euros recaudados pendientes de repartir entre sus titulares”.