¿Cuánto debe tu universidad?

Valencia estuvo cerca de perder su Universidad Politécnica hace apenas dos años. “No podíamos hacer frente al abono de las deudas”, recuerda José Antonio Pérez, gerente de un centro que sobrevivió a los impagos de la Generalitat. Desde la Complutense (UCM), la portavoz del Sindicato de Estudiantes critica que las instituciones “estén vendiendo las universidades públicas al mejor postor”. Ana García es una de los 73.582 estudiantes matriculados el último curso en el campus madrileño, el más grande del país y el que cuenta con mayor pasivo entre las universidades públicas españolas: más de 156 millones de euros el año pasado. Es decir, por cada 10 euros que deben todos los centros, uno lleva el sello de la UCM.

Las universidades vuelven a abrir las puertas tras cerrar 2015 con una deuda de al menos 1.599,4 millones de euros. Es la suma de los 33 centros que hicieron públicas sus cuentas el pasado curso, entre las que no se incluyen otras 16 universidades más las de País Vasco, Sevilla y Jaume I, que no muestran sus balances económicos. Los centros aumentaron su pasivo un 15,8% desde 2008, si bien es cierto que lo redujeron a casi la mitad en los últimos tres años.

En el caso de la Complutense, la rebaja tiene dos explicaciones básicas. El vicerrector de Planificación Económica y Gestión de Recursos, Javier Sevillano, indica que la deuda creció durante los años que la Comunidad de Madrid incumplió el plan de financiación de 2006 con las instituciones de la capital. “Hubo una serie de procesos judiciales que nos han dado la razón y les obligó a indemnizarnos”, expone. La “importante” partida procedente de los litigios permitió eliminar buena parte del pasivo. La otra medida tuvo menor repercusión: un plan de ahorro aprobado en 2011 que no contó con los resultados esperados, pero aun así positivos para el vicerrector.

Los estudiantes insisten en que la universidad encuentra también otras vías para financiarse. La más criticada es la posible reestructuración de la Complutense: rebajar el número de facultades de 26 a 17 y el de departamentos a más de la mitad. Por ahora es un borrador, pero los alumnos estudian convocar una huelga el próximo mes. “Es un ataque brutal, supone cerrar más de la mitad de la universidad. Se da un paso de gigante hacia la privatización”, argumenta García, que esperará al comienzo de las clases en todo el campus para debatir la protesta, que incluirá el rechazo a la reválida.

“Nunca se ha hablado de rebaja de costes con este plan”, tercia el vicerrector, que argumenta la reorganizaición del campus como una fórmula de redistribuir el dinero. “Se podrá invertir en una mayor dotación de profesorado, de personal y otras circunstancias”, indica. La propuesta choca con la división de opiniones de la Plataforma de Investigadores de la Complutense. “Si supone optimizar recursos, estará bien, pero si seguimos por esta senda, no servirá de nada”, advierte Jesús Pérez Gil, director del Departamento de Bioquímica y miembro de la coordinadora.

Sin dinero no hay investigación

La austeridad como remedio a la deuda frenó los proyectos de investigación de la Complutense. Pérez explica que, para estos trabajos, la universidad suele adelantar los pagos antes de recibir las subvenciones procedentes de organismos nacionales e internacionales. “Si la institución tiene problemas económicos, es muy difícil”, lamenta.

Los profesionales se enfrentan a otros dos problemas: la pérdida de calidad en las infraestructuras y los recortes de personal. “La universidad tiene mucha instalación obsoleta, no se ha invertido nada en años. Se nos pide investigación de calidad para poder competir, pero nuestros equipamientos están muy lejos de los modernos”, arguye Pérez, que observa cómo compañeros de centros extranjeros ejercen en condiciones “que no tienen nada que ver” con las suyas. A nivel de plantilla, los profesionales dicen tener que exceder sus funciones ante la falta de auxiliares. “Hacemos todas las tareas: tenemos que ser burocráticos, administrativos… hasta electricistas”, bromea el catedrático.

Pese a observar una “mayor voluntad” en el gobierno de la Complutense desde la llegada de Carlos Andradas a la rectoría, Pérez duda sobre el futuro de los proyectos. “Hay que pensar si la investigación es una prioridad para la universidad”, concluye.

La Politécnica de Valencia (UPV) alcanzó una situación límite. La deuda tocó un techo de 362,2 millones de euros en 2011 y el campus se pasó cinco años sin realizar una sola inversión. “No hemos podido hacer nada”, lamenta el gerente del campus. José Antonio Pérez argumenta que el pasivo comenzó a reducirse en 2014, luego de firmar un acuerdo con la Generalitat que regularizará hasta 2022 los impagos de los últimos años.

Los anteriores gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra acumularon un pasivo con las universidades valencianas de 800 millones de euros. “A fecha de hoy, se han normalizado 400 millones, de los que quedan otros 400 pendientes hasta 2022”, expone. Con mayor liquidez, la universidad deja atrás los cursos en los que apenas podía hacer frente al impago de nóminas. El gerente reconoce que, “en algunos meses”, los sueldos a trabajadores de las facultades se retrasaron “de manera sensible”.

Además de reducir la deuda a la mitad desde 2009, la Politécnica trabaja en patrocinios para financiar su futuro. “Hemos hecho un esfuerzo enorme por captar recursos de fuera del país”, señala el gerente, preocupado por la falta de interés de empresas nacionales. En los últimos años, la inversión extranjera creció hasta alcanzar el 35% de los ingresos por investigación.

El pasivo en Extremadura se multiplicó por seis en los últimos siete años. La dirección económica explica que el incremento se debe a cuatro concesiones del Estado para financiar infraestructuras científicas, como la construcción de los institutos de Investigación en Badajoz y Cáceres. “La universidad ha mejorado el ritmo de pago a sus proveedores y acreedores desde 2008”, sostienen en relación a los pagos a corto plazo.

El déficit por alumno se encuentra en la Internacional de Andalucía, centro que imparte posgrados, doctorados y másteres. Si los matriculados tuviesen que abonar los 3,9 millones de euros de deuda, pagarían 19.311 euros cada uno. El aumento en el pasivo, que en 2013 era de 1,5 millones, se debe a la adaptación al plan de contabilidad aprobado en 2010, según aclaró la universidad.

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