Los alumnos españoles volverán a clase sin saber qué pasará con la LOMCE

Los alumnos españoles volverán a las clases entre el 5 de septiembre y el 3 de octubre, según la etapa educativa y la comunidad autónoma, con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa(LOMCE) implantada en todos los cursos, pero sin saber qué pasará con algunas de sus medidas pendientes de aplicación, como son las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

Aunque ya está en vigor el decreto que regula estas pruebas, aprobado por el Gobierno en funciones a principios de agosto, su aplicación este curso podría estar en el aire tras el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos, que contempla, entre otras medidas, la paralización de la 'Ley Wert'.

Estas 'reválidas', que han sido fuertemente contestadas por partidos políticos y comunidad educativa, son las únicas medidas de la LOMCE pendientes de poner en marcha. Ninguna de las dos este curso condicionarían la obtención del título de la etapa, tal y como recoge el decreto que las regula, pero la de Bachillerato, sin embargo, sustituye a la Selectividad.

Este lunes 29 de agosto, la secretaria de Educación e Igualdad del PP ha aclarado que si Mariano Rajoy logra ser investido presidente, el nuevo Ejecutivo "valorará la aplicación de los aspectos pendientes" de la ley aprobada únicamente con los votos del PP en noviembre de 2013.

Sin embargo, si Rajoy no obtiene suficientes apoyos en esta primera sesión de investidura, alumnos y profesores deberán seguir esperando para saber si finalmente se mantiene o no el calendario de aplicación de la LOMCE, ya que se abren diferentes escenarios en función de si el líder del PP consiguiese los apoyos en una hipotética segunda investidura, se formara un gobierno alternativo de izquierdas o se celebraran terceras elecciones.

En el caso de que se formara un gobierno alternativo, la LOMCE también se vería afectada, pues todos los partidos de izquierdas y nacionalistas están en contra de la ley de PP.

A este incertidumbre política se une que la mayoría de las comunidades autónomas se han opuesto al decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato y han reclamado al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, una Conferencia Sectorial de Educación para tratar este asunto. Ya el curso pasado la puesta en marcha de la prueba final de 6º de Primaria protagonizó un enfrentamiento entre las administraciones educativas y el ministerio por su aplicación heterogénea.