Hacienda pone coto al poder de los tribunales de oposición: grabará el examen oral

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas grabará en audio el examen oral al que deben someterse los opositores que opten a una plaza del alto funcionariado de las Administraciones Públicas. Así queda patente en el Boletín Oficial del Estado publicado el pasado 4 de diciembre. En la Orden por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se introduce una novedad con respecto a las de anteriores ejercicios. En el desarrollo del proceso selectivo, el BOE añade un último punto que "las sesiones del ejercicio oral serán grabadas en audio, debiendo el aspirante identificarse con nombre y documento nacional de identidad al comienzo de la grabación".

Desde el propio Ministerio explicaban que anteriormente se podía solicitar la grabación por parte de los candidatos. Sin embargo, con esta nueva disposición, el registro del examen oral toma carácter obligatorio, lo que añade "luz y taquígrafos" para un proceso de selección en el que los que aspiran al puesto estudian en la mayoría de las ocasiones durante años sin la certeza de que su descomunal esfuerzo tenga premio.

También destacan desde esta administración que es la primera vez que se va a implantar este sistema y responde a la necesidad de hacerlo más justo y que la prueba hablada cuente con las mismas garantías que lo hace el examen escrito. Además de implantarse en las oposiciones de las Administraciones Públicas, los responsables del ramo entienden que será la tendencia y la grabación irá implantándose en el resto de las pruebas para organismos públicos de todos los ámbitos.

Control contra el posible trato de favor

Fuentes cercanas a Hacienda reconocieron que esta parte era "mejorable" después de que El Confidencial reflejara la impunidad de la que gozaban los tribunales evaluadores en la prueba oral, ya que, en opinión de expertos y autoridades jurídicas pertenecientes a los cuerpos funcionariales, el diseño del propio examen se podía prestar, en última instancia, al trato de favor. Así, abogados del ámbito Contencioso-Administrativo denunciaban la indefensión de los opositores ante sus evaluadores, debido a que la falta de registros hacía que en la práctica fuera imposible que cualquier reclamación prosperara, dada la carencia de pruebas periciales.

Abogados del ámbito Contencioso-Administrativo denunciaban la indefensión de los opositores ante sus evaluadores, dada la falta de registro de las pruebas

Con este registro, el Ministerio regido por Cristóbal Montoro pone cerco al poder que otorgaba la "discrecionalidad técnica" de la que gozan los tribunales evaluadores a la hora de calificar estos exámenes orales a los que deben someterse los aspirantes a ocupar una plaza en la función pública.

Sin embargo, no todo son ventajas. La posibilidad de poder reclamar con una grabación en mano también puede animar a que los muchos aspirantes que se quedan por el camino, la gran mayoría de los que optan a las pocas plazas a cubrir, ralenticen aún más la ya de por sí colapsada justicia española.