Varias denuncias cuestionan el trabajo de la Comunidad de Madrid con adultos tutelados

El trabajo de la Administración con los más débiles, de nuevo, cuestionado. Varios familiares denuncian la mala gestión de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), la falta de atención a los incapacitados y hasta la apropiación de los bienes de los enfermos.

Los casos denunciados han llegado a la Asamblea de Madrid de la mano de UPyD y PSOE, que pidieron explicaciones a la responsable de la AMTA en su comparecía ante la Cámara en febrero. El martes hablará del asunto el fiscal superior de Madrid para intentar zanjar la polémica. Carolina García Durrif, la directora gerente de la Agencia explica a El Confidencial que son “casos muy concretos” de los que ella tiene conocimiento y critica el “daño que estas informaciones hacen al gran trabajo de la Agencia”. Mientras, UPyD sigue hablando de “oscurantismo” y “gestión desastrosa” de la institución.

La AMTA se abrió en 1995 con la intención de hacerse cargo de las personas incapacitadas judicialmente cuyos familiares no pueden o, por los motivos que fuere, no deben hacerse cargo de ellos. Actualmente protege a 4.507 personas, un número que va en aumento por la situación de desamparo de muchas familias. Es un juez quien determina que la AMTA debe hacerse cargo de una persona, decisión a la que no se puede negar la Administración.

El “oscurantismo” de su gestión

El diputado de Unión Progreso y Democracia Alberto Reyero ha criticado a la Consejería de Asuntos Sociales por la “gestión desastrosa” de la institución pública. “El oscurantismo es absoluto. No nos dan información de ningún tipo amparándose en la Ley de Protección de Datos”, apunta el diputado. Uno de los principales problemas que denuncia el grupo es la falta de transparencia en la gestión de los bienes de los enfermos. “La ley dice que se debe hacer un inventario de los bienes en un máximo de seis meses, y se está tardando hasta un año”.

La directora gerente de la Agencia explica que son 'casos muy concretos' y critica el 'daño que estas informaciones hacen al gran trabajo de la Agencia'. Mientras, UPyD sigue hablando de 'oscurantismo' y 'gestión desastrosa' de la institución

Reyero denunció en la Asamblea este mes de mayo el caso de Eva (nombre ficticio). Falleció en 2011 y el Juzgado de Primera Instancia número 30 de Madrid reclamó a la Agencia de Tutela el informe de sus bienes, pero “el juzgado se ha hartado de requerir información, ha archivado el caso y, si hay algún heredero, que reclame”. El diputado recordaba en esa sesión plenaria que la fallecida tenía una pensión, y se desconoce dónde ha ido a parar ese dinero.

Desde UPyD también se quejan de la plantilla: sólo 10 trabajadores sociales para 4.500 personas tuteladas. “Es una ratio que no se sostiene”, un problema que provoca, según UPyD, situaciones problemáticas. “Conocemos el caso de una persona que falleció en diciembre que tenía la enfermedad de Diógenes, y la AMTA no se puso en contacto con los familiares, que se enteraron después de la situación en la que vivía esta persona”.

Las denuncias

Dos son las principales quejas de los familiares: la falta de atención hacia los enfermos y la ausencia de información sobre el patrimonio. Julita Gómez es una de las más críticas con la institución. La AMTA se quedó con la tutela de su madre pese a que podía seguir viviendo con ella en casa. Cuando su hermana se quedó, después de varios litigios, con el cuidado de la anciana, Julita empezó a ver a su madre descuidada y sin atención familiar, pero la Agencia de Tutela, apunta, “no ha hecho nada por remediarlo”.

Uno de los abogados que ha llevado su caso, Javier Fernández, habla incluso de “situación de secuestro”, pero acabó dejando el asunto porque dice que sufrió extorsiones por denunciar la mala gestión de la AMTA, a la que calificó de “Guantánamo social”. “La Fiscalía, los juzgados de familia y la AMTA organizan una serie de procedimientos que parecen legales pero que no garantizan los derechos de los tutelados”. Fernández critica la gestión irregular de los patrimonios y hasta el maltrato físico y psicológico de los tutelados.

Para Isabel (nombre ficticio), el problema ha sido la falta de información de la AMTA, a la que ella misma pidió que se hicieran cargo de su hijo con esquizofrenia paranoica, una incapacidad del 75% y toxicómano. Dice que nadie le avisó de que su hijo, que cumplía condena en Soto del Real, iba a ser trasladado a Alicante. “Además, durante semanas no le han dado el dinero de la pensión que le correspondía –unos 60 euros a la semana– y ahora le han dado todos los retrasos juntos. Tiene una gran cantidad de dinero en su poder y él no sabe gestionarlo. Esta no es la manera de tutelar a una persona”, critica Isabel.

Tampoco Ángel está de acuerdo con la decisión de la administración. La AMTA le quitó la tutela de su madre y la trasladó a una residencia, donde “le han quitado toda la dignidad”. Este alcalaíno ha perdido toda esperanza de recuperar a su madre; nunca se ha revocado una decisión judicial de una tutela. Si se hubiera producido, significaría que la AMTA no es apta para cuidar los intereses de los enfermos y cerraría sus puertas.

La AMTA se defiende

La responsable de la AMTA, Carolina García Durrif, lamenta que estos “casos muy concretos” estén “haciendo tanto daño al buen trabajo de la agencia”. En una conversación con El Confidencial, García Durrif explica que hay 60 personas trabajando en la Agencia, “entre personal jurídico, administrativo de patrimonio y trabajadores sociales”, y defiende su labor.

La directora está al tanto de las denuncias interpuestas y en algún caso ha enviado a los juzgados un informe de la actuación de los empleados en el caso concreto. “Estoy pensando hasta poner una querella por calumnias porque esto nos está haciendo mucho daño”, apunta.

García Durrif reconoce que antes de 2009 la situación era “desastrosa”, pero desde entonces se trabaja para mejorarla. “Ha cambiado muchísimo, estamos a años luz”. Asume que los inventarios de patrimonio llegan con retraso ante tal volumen de trabajo, pero que se hacen y se controlan. El trabajo de la institución, apunta, “está en constante mejora”. “He abierto un departamento para gestionar los inmuebles de los tutelados: si hay que arreglar una gotera, si hay que gestionar alquileres o compras…”. La comparecencia del fiscal el próximo martes respaldará, según García, su labor. “Mi posición es igual a la de la fiscalía y los jueces”.