VOLUNTARIOS Y VECINOS DENUNCIAN ARBITRARIEDAD EN LOS DERRIBOS

De chabola en chabola: el destino de las ocho familias desalojados de El Gallinero

“Hay niños que se cagan de miedo cuando oyen una excavadora”. Habla, al volante, Marçal Sarrats, un periodista que publicó en abril Así en la tierra,

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De chabola en chabola: el destino de las ocho familias desalojados de El Gallinero
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    “Hay niños que se cagan de miedo cuando oyen una excavadora”. Habla, al volante, Marçal Sarrats, un periodista que publicó en abril Así en la tierra, un emocionante libro sobre la Iglesia rebelde de Entrevías y, desde entonces, a veces ayuda en el El Gallinero, repartiendo con otros voluntarios desayunos a los niños, pero sólo a los que suben a los buses escolares. Hoy vuelve allí, al mayor poblado de gitanos rumanos en España (74 familias, casi 500 personas, la mitad niños), perdido en el sur de Vallecas, entre la A3 y la M-30, a pocos kilómetros de otra controvertida zona chabolista: la Cañada Real.

    Marçal no estuvo la mañana del martes 18 de mayo, cuando técnicos del Ayuntamiento derribaron ocho chabolas y una letrina. Nada nuevo. Cada trimestre hay un derribo en esta villamiseria levantada hace ocho años en suelo privado por la comunidad rom, procedente del oeste de Rumanía. Esta vez, las grúas han demolido (tras despertar a los niños y previo vaciado de enseres) las casas de latón, madera y adobe de ocho familias (34 personas, de las cuales 20 son menores) que se han mudado a chabolas de amigos o familiares. Una de ellas, además, servía de templo evangélico, levantada después de que se demoliera la iglesia el pasado septiembre.

    “El Ayuntamiento dice que el juzgado les obliga y que el propietario de las tierras las reclama”, contaba, el día anterior, Javier Baeza, sacerdote de la parroquia de Entrevías. “Pero no es así, el juzgado sólo autoriza la entrada al poblado, y el propietario perdió el interés, tras pasar la demanda por usurpación de la vía penal a la civil”. Baeza sabía desde el lunes que al día siguiente se trasladaría la escuelita (un prefabricado de Caritas donde dan clase a mujeres y refuerzo escolar) lejos de un inestable muro donde los voluntarios habían grafiteado: Tenemos un plan. Y le extrañó que movilizaran recursos sólo para eso. El martes, al ver el despliegue de patrullas policiales y técnicos de Urbanismo, supo que tirarían más. Así fue. “Trajeron la orden judicial de dos, pero no de las otras seis” [El viernes, cuatro días después de los hechos, el juzgado comunicó a una de esas familias la autorización de entrada para posterior derribo]. ¿Y por qué esas y no otras? “Los derribos son aleatorios”, asegura. “Son toques al poblado para que no crezca, les intimidan para que elijan otra alternativa”.

    Y la alternativa, según el Ayuntamiento (que niega que hubiera más de dos chabolas habitadas y que alega que las otras se tiraron porque habían sido reconstruidas tras ser tiradas hace meses) son los albergues temporales de la ong ACCEM, que trabaja con refugiados e inmigrantes. “Allí no pueden beber, ni chatarrear, tienen que tener trabajo, hay horarios de entrada y salida y les obligan a marcharse a los seis meses. Entonces, ¿para qué irse?”, se pregunta Baeza. “Les hemos pedido que instalen letrinas y duchas móviles, pero dicen que son insalubres. Y una guardería para que las niñas, a los 12 años, no abandonen la escuela para cuidar a los más pequeños, pero alegaron que eso sería cronificar la pobreza”, añade.

    “¿Cronificar?”, se pregunta Marçal, “Puede ser. Pero el hecho es que están ahí, ignorar el problema no sirve de nada”. Aparca el coche en la entrada del poblado y, poco a poco, una maraña de niños (algunos con cartera, otros no; algunos bien vestidos, otros en harapos) se arremolinan en torno suyo. Esta mañana, de los 174 niños que ya están escolarizados (además de por los desayunos, también por el programa de integración escolar de Cruz Roja) suben a los buses la mitad. “Eso es porque no vino Jorge [otro voluntario] a despertarles”. Y es que muchos padres se quedan dormidos o muestran nulo interés en que sus hijos vayan al cole. “Ya sabemos que son machistas, que hay casos de maltrato, que se dan los matrimonios concertados”, contaba Baeza. “Pero si no encontramos una solución entre todos, ¿qué hacemos?”. La Iglesia de Entrevías, con otra parroquia y bastantes voluntarios, presentó un plan el año pasado: De la marginalización a la ciudadanía. El plan cuyo letrero lucía en el muro derribado. Piden al Ayuntamiento que ceda suelo público en el Ensanche de Vallecas y que ellos mismos construyan sus casas tras capacitarlos, siguiendo un plan urbanístico y con la ayuda de constructores y arquitectos. Costaría 2 millones de euros y podría, en parte, sufragarse con los fondos europeos a población vulnerable. Así, dicen, podrían atajar el deficiente acceso a los transportes, el abandono escolar, la falta de trabajo que induce a robos, la exclusión social, el hacinamiento y la ausencia de espacios públicos.

    Aunque siguen negociando entre voluntarios, Ayuntamiento y ONGs implicadas (IRIS, Cruz Roja, Cáritas, Fanal, ACCEM e Imaginario Social), no logran llegar a un acuerdo. El Ayuntamiento asegura que no se dejan ayudar y el poblado persiste en quedarse. Muchos mendigan o recogen chatarra. Alguno roba cobre. Ninguno tiene trabajo. Después de que se marchen los buses, el poblado se queda en un silencio roto por el trajinar de las mujeres, sostén de la comunidad. Dicen que hay ratas pero hoy no se ven; sí perros hambrientos, gatos famélicos y una extensión de viviendas urgentes y numeradas con tiza sobre suelo quemado, unidas por cables retorcidos donde ondea la ropa, algún coche lleno de polvo y sofás destripados donde descansan los hombres.

    Junto a un socavón donde hiede la basura, Ionel ayuda a su mujer Lucica con las tareas domésticas. Cuenta que uno de los desalojados, Placintaro, es viejo y está invalido. “Cada vez le cuesta más ir a pedir a Conde de Casal. Es la segunda vez que le derriban la casa”. Ionel y Lucica tienen tres hijos (Víctor, Rafa y Camelia) y él cuenta con orgullo (ella en silencio) que van al cole desde los tres años. Los mismos que llevan aquí. Antes vivieron seis años de alquiler en Getafe, pero él perdió su trabajo en la construcción y hoy ya ni busca. “Para qué, si ni hay trabajo para españoles”. Está enfadado por las demoliciones y entiende que los 34 desalojados no quieran ir al campamento de ACCEM. “Es como una cárcel”, dice. “Te cachean cuando entras por si llevas cerveza, te hacen limpiar todo el día y, si discutes con tu mujer, te pueden echar a la calle. Es normal que se queden aquí, donde nos apoyamos. Si un día no tienes pan se lo pides al vecino”.

    Bajo el terraplen, Ionel señala a una mujer. “Cadimia se quedó sin casa, habla con ella”. La chica, de 27 años, dice que ahora está mejor, pero que lo ha pasado muy mal. “Vivía con mis cinco hijos (de meses, 1, 3, 4 y 8 años) y la han tirado abajo, no sé por qué, si mi casa es como la del resto del poblado”. Ahora se ha mudado, justo al lado, al chamizo de una amiga que vivía sola y se ha ido a otra chabola. Desde la abertura que hace de ventana en su nuevo hogar aún se pueden ver las astillas de su antigua casa. Cadimia niega rotunda cuando se la pregunta si no prefiere irse. “Estoy aquí mejor, con mis amigas”.

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