Reinsertar a los toxicómanos para vaciar las cárceles

Hace una década, los expertos en salud de Portugal pensaron que despenalizar el consumo de drogas para asistir a los adictos con el apoyo de trabajadores sociales y psicólogos, en vez de castigarlos y tratarlos como delincuentes, podría ser una buena idea. Aunque la despenalización no se hizo tal cual se planteó en un principio, este experimento parece haber funcionado, sobre todo gracias a las políticas de tratamiento y reducción del riesgo, algo que ha provocado un espectacular descenso del número de infecciones por VIH y de los delitos relacionados con las drogas. Portugal se ha situado, según Joao Goulão, presidente del Instituto Adicción a las Drogas, "por debajo de la media europea y en un puesto muy inferior a su único vecino europeo, España”.

Partiendo de esta idea, y teniendo en cuenta que España encabeza una vez más la lista de países europeos con mayor consumo de cocaína por habitante (seguida muy de cerca por Reino Unido e Italia) y que el de la heroína comienza a repuntar, ¿funcionaría este método en nuestro país?

Si bien es cierto que cualquiera que piense en el binomio cárcel-droga rápidamente lo asocia con el tráfico de estupefacientes, puede caer en el error de dejar de lado otra realidad no menos preocupante: la precariedad en la que se encuentran, en algunos casos, los toxicómanos encarcelados que son tratados como el resto de los presos sin ser correctamente atendidos por su adicción. El perfil de estas personas es el siguiente: varón, de entre 34 y 38 años, con formación académica, un entorno familiar tradicional, antecedentes penales, generalmente delitos contra la propiedad  y con una condena media de 4 años.

Para paliar esta situación, varias asociaciones de abogados y colectivos que trabajan con población reclusa demandan que los toxicómanos salgan de las cárceles y que se destine parte de los fondos previstos para la construcción de nuevas prisiones a la creación de tratamientos paliativos y unidades de psiquiatría en prisión. Con ello se pretenden dos objetivos: primero, prestar una atención adecuada a miles de toxicómanos reclusos (se estima que entre un 70 y un 80% de los presos están internados por problemas relacionados con las drogas) y, segundo, descongestionar la masificación de las prisiones. Así, denuncian la desmedida dispensa de medicación y el tráfico interno y exigen una correcta e individualizada asistencia médica y psiquiátrica así como un control en la preinscripción de medicamentos dentro de la cárcel.

Excarcelación o módulos independientes

Aunque de esta situación debería hacerse cargo la Conserjería de Sanidad de cada comunidad autónoma, son diversas asociaciones las que toman el control. Proyecto Hombre y Zuri Odei, con sede en Vitoria, llevan años reclamando que se dediquen más profesionales sanitarios a las cárceles y creen necesario una excarcelación progresiva de los drogodependientes, sobre todo por los daños que produce el consumo de drogas, principalmente cerebrales.

Partiendo de este punto, la Comunidad Terapéutica Larraingoa y el Centro de Día Zuria, ambas en Pamplona,  solicitan que los presos toxicómanos no ingresen en prisión y cumplan con la pena en comunidades terapéuticas (con largas listas de espera) ya que, según ­­­­­­­­­­­­­­­Juantxo Castiella, miembro de este centro, "cumplir condena en la cárcel resta posibilidades de éxito a los tratamientos contra la drogadicción". Aunque esta opción pueda considerarse como la más adecuada para el tratamiento de los drogodependientes encarcelados, también proponen como alternativa la creación de un módulo independiente para ello como el que existe en la cárcel de Granollers (Barcelona).

Destacable es la labor de la Fundación Padre Garralda, que desde 2002 ha atendido a 600 presos toxicómanos en el centro penitenciario de Perogordo, Segovia, a través del programa Horizontes Abiertos, dedicado a trabajar por la integración de los distintos sectores sociales que se encuentran en situación de marginación y subvencionado por la Administración General del Estado (AGE), la Junta de Castilla y León y la Obra Social de Caja Segovia. “Hay muchas actividades pero yo destacaría, no solo como familiar de uno de los presos sino también como voluntaria, las terapias, la prevención de recaídas y las pautas para que se habitúen a su situación tanto dentro como cuando estén libres”, afirma Candelaria Ruipérez, cuyo hermano S.R.F., infectado con VIH, lleva un año y siete meses en prisión por varios robos con fuerza en establecimientos de alimentación, uno de los cuales dejó herida de gravedad a una mujer. “Es duro, durísimo. Creo que la sociedad no es consciente de que son enfermos y que, por su adicción, pierden el norte y no saben diferenciar el bien del mal”.

Pisos de reinserción

De la mano de Marta Vega, antigua colaboradora y trabajadora social, es todo más sencillo de entender. “Es importante la existencia del Proyecto Claver. Se trata de una red de pisos situados en Madrid que son el punto de partida de la reinserción de los drogodependientes una vez que salen de la cárcel”, afirma. El objetivo, fundamentalmente, es la preparación de la salida en libertad de los internos a través de visitas programadas a la ciudad, a empresas e instituciones para que empiecen, poco a poco, a tener contacto con la vida cotidiana fuera del centro y evitar así, cambios bruscos. “Aprenden a simpatizar con los demás, a crear una gran familia para luego emanciparse y conseguir un puesto de trabajo estable y ser capaz, con el tiempo, de asumir las responsabilidades que su independencia conlleva”. Sobre todo, empiezan a sentir de nuevo cariño y afecto.

La situación de los drogodependientes que cumplen condena se agrava aún más cuando éstos padecen VIH, algo que evidencia la sesgada atención que los centros penitenciarios prestan a estos enfermos cubriendo las áreas higiénico-sanitarias más básicas y olvidando, así, la importancia que tiene el establecimiento de unos hábitos saludables o la atención a la deshabituación del consumo adictivo de sustancias tóxicas. “Para ocupar ese vacío existente, desde la Fundación Padre Garralda se creó un programa específico con el objetivo de prestarles un apoyo y una atención individualizada, tanto en su recuperación sanitaria como física y psicológica”, señala. Hoy por hoy, las entidades estatales se ven colapsadas no solo por el número de presos que deberían ser atendidos y catalogados como enfermos, sino por la falta de recursos económicos para solventar esta problemática y seguir adelante con el fracturado estado del Bienestar.