La nueva definición de pobre: trabajador autónomo con hijos

Creíamos que eran situaciones propias de países con muy bajos niveles de renta, aquellos cuyos escasos salarios apenas permiten cubrir las necesidades mínimas, o de aquellas naciones occidentales donde las muy deficientes prestaciones sociales no ayudan a paliar los casos de pobreza sobrevenidos. Sin embargo, asegura Rodolfo Gutiérrez, catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo, “estamos viendo como, incluso en el conjunto de Europa, donde se suponía que la combinación de estabilidad en el empleo con la existencia de sistemas de protección social nos evitarían esos riesgos, existe un fuerte aumento de trabajadores ocupados que están por debajo del umbral de la pobreza relativa”. Y dentro del contexto europeo, “España lidera la clasificación de trabajadores pobres desde antes de que estallase la crisis”.

Como señala Carlos Poza, profesor de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija, “las últimas cifras manejadas por la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (agencia de la UE) sitúan el porcentaje de trabajadores pobres en España en torno al 11% de la población empleada, cuando en Europa la media es del 8%. Por tanto, estamos a la cola del paro y de la pobreza relativa en los ocupados”. Además, subraya Gutiérrez, hablamos de unos indicadores que se han mantenido a lo largo de los últimos años. “Hemos pasado por épocas de crecimiento económico y de aumento del empleo, tanto en el hombre como en la mujer, en la pasada década pero el porcentaje de personas que cuentan con ingresos muy bajos en relación al resto de la población se ha mantenido estable, en torno al 10-11%”.  

De los tres factores que suelen llevar a la pobreza a los trabajadores ocupados (salarios muy bajos, gran inestabilidad en el empleo y pocas transferencias de rentas del Estado), en España se cumplen todos, afirma Gutiérrez. Además, hay categorías de población especialmente afectadas, como son las familias con hijos, “que cuentan con muy escasa protección social” y los autónomos, “sector donde encontramos muchos malos empleos, a veces como consecuencia de estar trabajando en negocios familiares de pocos ingresos, o a causa de la inestabilidad a la hora de percibir las rentas de sus negocios. En todo caso hay un porcentaje superior al  20% de los autónomos (entre los que contamos a campesinos) que están entre los trabajadores pobres”. El indicador de pobreza relativa utilizado implica que la unidad familiar percibe rentas por debajo del 60% de la media de los trabajadores, y que esos ingresos limitan notablemente su plena participación social.

Otros sectores de riesgo

A este sector poblacional hay que añadir otro, señala Poza, muy proclive a caer en situaciones de necesidad, como es el de los “trabajadores (y sobre todo trabajadoras) jóvenes con un nivel de estudios bajo, empleados a tiempo parcial de manera involuntaria, que tienen un contrato temporal, que conforman un hogar monoparental con hijos menores de 18 años y que trabajan en una empresa pequeña”.

En cuanto a los sectores laborales, señala Poza, “destacan negativamente la agricultura y la pesca, así como algunas ramas del sector servicios, como los jornaleros, pescadores, camareros y trabajadores de la limpieza doméstica”. Geográficamente, afirma Gutiérrez, “no hay grandes diferencias salvo por el peso de las bajas rentas de los autónomos que trabajan en la agricultura tradicional en pequeñas propiedades, lo que hace que los indicadores de Andalucía o Extremadura sean peores que los de otras zonas de España”. Por lo demás, en lo que se refiere a trabajo por cuenta ajena, las cifras son similares en todo el territorio nacional, aun cuando “es el ámbito mediterráneo, donde ha habido y hay mucho trabajo de construcción y del sector servicios con bajos salarios, el que muestra peores números”.

Pero los problemas de estos sectores se agravan, como asegura Ana Arriba González de Durana, Investigadora del programa Ramón y Cajal y del Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Económica de la Universidad de Alcalá, por la baja intensidad de la protección social. En primera instancia, “porque el sistema ni siquiera se plantea que un empleado pueda estar en situación de pobreza relativa. Y además, porque para acceder a las prestaciones asistenciales se tienen que estar en una situación realmente complicada”. En España no hay una malla última de seguridad frente a la pobreza, asegura Arriba, toda vez que “contamos con las rentas mínimas de inserción que facilitan las CCAA, pero sus niveles de prestación son muy distintos dependiendo del territorio en el que se resida y suelen mostrar huecos muy grandes. En la UE, la Comisión ha dictado una serie de recomendaciones para los países miembros de cara a establecer una garantía de mínimos a los que pueda acceder toda persona en situación de pobreza comprobada. Pero ni siquiera eso se da en España. Nos cubrimos las espaldas diciendo que existen prestaciones en las CCAA pero su funcionamiento dista mucho de ser el de una red de seguridad frente a la pobreza”. Así las cosas,  la manera más habitual de sobrevivir, afirma Arriba, “es recurriendo a la solidaridad familiar, y si no, a las ongs y a las prestaciones del tercer sector, que resultan insuficientes”.

Para Poza, las soluciones pueden venir desde varios frentes. Así, “hay medidas que atenúan pero que no ponen fin a  estas situaciones, como son las transferencias, las prestaciones sociales y las desgravaciones fiscales para este tipo de empleados. También ayudarían las subidas del salario mínimo interprofesional -aunque estas tienden a elevar el paro justo en estas bolsas de la población- y las ayudas a la puesta en marcha de empresas”. En segundo lugar, hay una serie de políticas que sí son efectivas, pero que han de pensarse a largo plazo, “como las que fomentan la educación y el aprendizaje permanente, el desarrollo de políticas familiares, la lucha contra el trabajo no declarado y las reformas estructurales pendientes (mercado de trabajo entre otras) que podrían mejorar la competitividad de la economía española, y que permitirían un pronto regreso a la senda expansiva. Así se podría luchar contra la crisis económica, principal detonante del aumento de los trabajadores pobres”.

Según Gutiérrez, la solución es doble. De una parte, una mayor flexibilización del mercado de trabajo, aunque no haría que los sueldos aumentasen, podría mejorar la estabilidad en el empleo,  “algo que es muy positivo en estas situaciones”. En otro sentido, “las administraciones deberían tomar una orientación mucho más favorable a la protección de los hogares con niños, de la familia que trabaja, lo cual es básico para reducir estos índices de pobreza relativa. Nuestro sistema está muy orientado a proteger las pensiones y el desempleo y muy poco a ayudar a la familia”.