La prórroga de 10 años de la central de Garoña generaría 100 toneladas de residuos radiactivos

La central nuclear de Santa María de Garoña se debate este mes entre la vida y la muerte. La planta burgalesa cumplirá 40 años en 2011, momento para el que estaba previsto el fin de su actividad por su antigüedad y como parte de la promesa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero de prescindir progresivamente de la energía nuclear en favor de las energías limpias. La decisión final del Gobierno, que se hará pública el 1 de julio, deberá tener en cuenta el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nacional, que se muestra a favor de ampliar su licencia diez años más. Una década que se traduciría en cerca de 39.000 millones de kilowatios, según datos del CSN, pero también en 100 toneladas de residuos radiactivos de alta actividad, a razón de 10 toneladas por año, más otros 1.000 metros cúbicos de residuos ya compactados de baja y media actividad.

 

Desde el CSN y Nuclenor, empresa propietaria de la central de Garoña y participada por Iberdrola y Endesa, se insiste en las bondades de la energía nuclear ante el colapso energético y en las ventajas de prorrogar el funcionamiento de la central de Burgos. Tales virtudes se basan en la ausencia de emisiones de CO2, el ahorro de cerca de 1.600 millones de euros en sustitución de otras energías (los ocho reactores en funcionamiento generan cerca del 20% de la producción eléctrica) y el mantenimiento de hasta 1.100 puestos de trabajo, según su informe Garoña: razones para la continuidad. Pero el gran reto de la producción de energía a partir de la fisión de átomos continúa siendo la gestión y almacenaje de los residuos radiactivos, cuyo nivel de radiactividad se mantiene durante miles de años, en los casos de mayor actividad, y cuya radiotoxicidad supone un impacto en el medio ambiente y en la salud pública aun por determinar.

 

En la sierra Albarrana, en el término municipal de Hornachuelos (Códoba), y sobre una antigua mina de uranio se ubica el cementerio nuclear de El Cabril. En él yacen todos los residuos radiactivos de media y baja actividad -procedentes de centrales nucleares, centros de investigación, hospitales e industria- desde el año 1992, los cuales son gestionados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), de carácter público. En total, el cementerio nuclear cuenta con una capacidad para albergar hasta 224.000 toneladas de material radiactivo. Sin embargo, mientras los residuos de baja y media actividad suponen el 95% del total, el restante 5% -de alta actividad- requiere un tratamiento diferente por su alto grado de peligrosidad y no se almacenan de forma conjunta. Los deshechos más peligrosos se acumulan en piscinas en las propias centrales nucleares, lo que deriva en serios problemas de capacidad.

 

La seguridad, tanto de las centrales productoras como de los centros de almacenaje, y las consecuencias de la radiactividad son la esencia del debate. Fuentes de Enresa consultadas por El Confidencial aseguran que la fiabilidad de El Cabril es total y que se siguen todos los protocolos de vigilancia y seguridad. En cuanto al tratamiento de los residuos de mayor concentración radiactiva, las mismas fuentes apuntan que “más que riesgos conlleva un mayor gasto al no estar centralizados”. Para su gestión, se está pensando en la creación de un ATC (Almacén Temporal Centralizado), pero Enresa declinó hablar de los posibles riesgos de estos depósitos radiactivos porque “en todo caso es decisión del Gobierno”.

 

Polémico cementerio nuclear

 

A pesar de que la vida de los residuos de media y baja actividad es más corta y que, según Enresa, el emplazamiento y el funcionamiento del cementerio “está bastante asumido por la población”, existen voces que solicitan el cierre inmediato del almacén nuclear. Hornasol, la plataforma ecologista más activa de la zona, denuncia que su instalación se hizo de espaldas al pueblo sin una consulta previa a través de referéndum. “El cementerio debería tener fecha de caducidad por el bien de las generaciones venideras. Además se debería pensar ya en su cierre porque la fecha tope que se puso fue 2010”, asegura su presidente, Manuel Raya.

 

Hornasol lanza sus denuncias en dos direcciones: por una parte alerta sobre las deficiencias en materia de seguridad y, por otra, lamenta lo que llaman “manipulación encubierta” por parte de los medios de comunicación. Si bien Enresa insiste en que se llevan a cabo alrededor de 1000 análisis anuales elaborados por laboratorios externos y que en los 20 años de vida del cementerio no se ha detectado ningún problema, los ecologistas la acusan de no cumplir con la normativa europea al no disponer de un plan de emergencia exterior. Fuentes de Enresa reconocen que no se cumple con dicha normativa porque “no es necesario”: “Al tratarse de residuos de baja actividad compactados y solidificados en hormigón, el único riesgo que existe es que se rompa alguno de los contenedores que se almacenan en celdas”. Aunque el cementerio de El Cabril sí dispone de un plan de vigilancia radiológica, Enresa asegura que “al no producirse emisiones no están obligados por ley a tener un plan de emergencia”.

 

El peligro de la radiactividad

 

Pero las filtraciones y la posible contaminación de la zona no son accidentes imposibles. Los efectos de la radiactividad sobre la salud dependen de la nocividad y la intensidad de las radiaciones, de la dosis absorbida por el organismo y del tejido afectado. Mientras las radiaciones alfa y beta solo se consideran altamente peligrosas cuando se inhalan, las gamma son realmente dañinas. Hornasol pidió hace años al CSN que investigara una filtración de agua que se produjo en una de las celdas para estudiar las posibles consecuencias. “Hasta ahora no hay ningún informe oficial ni medidas al respecto”, se queja su presidente. Actualmente están a la espera de que la Universidad Carlos III tramite su solicitud para realizar estudios epidemiológicos.