El primer activista anti-transgénicos juzgado en España podría enfrentarse a una multa de 520.000 euros

El activista Albert Farré se enfrentará la próxima semana a una condena de cerca de 520.000 euros por participar presuntamente en el segado de un campo de maíz modificado genéticamente, en el primer juicio que se celebra en España por una acción contra la agricultura transgénica. La Plataforma Transgénicos Fuera ha anunciado este miércoles las movilizaciones que ha convocado con motivo de esos dos procesamientos en una rueda de prensa a la que han asistido el mismo Farré y también Josep Pámies, un agricultor leridano que está a la espera de juicio por otra protesta anti-transgénicos.

En el juzgado de lo penal número 2 de Lleida será juzgado el próximo jueves Farré, el primer activista español anti-transgénicos que se sienta en el banquillo por su presunta implicación en una protesta llevada a cabo en julio de 2004 en un campo experimental de maíz modificado genéticamente dependiente del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) y la UB. La fiscalía solicita una multa de 24.000 euros, o quince meses de prisión en caso de impago, para el activista ecologista, al que acusa de un delito de daños por su presunta implicación en la protesta, que destrozó un campo de maíz transgénico de un centenar de metros cuadrados en Gimenells (Lleida), ha explicado Farré.

Por su parte, el IRTA -dependiente del departamento de Agricultura- y la UB piden que el procesado pague una indemnización de cerca de 500.000 euros por los desperfectos causados en el campo experimental, donde se cultivaban transgénicos con fondos públicos. Sin embargo, Farré asegura que ni siquiera participó en la protesta, y que fueron el IRTA y la UB los que presentaron una denuncia contra él cuando lo vieron, en un informativo de la televisión catalana, explicando las razones de la acción anti-transgénicos.

Para Albert Farré, no es él sino la Generalitat la que debería sentarse en el banquillo por estar desarrollando la agricultura transgénica en Cataluña "sin facilitar información sobre los campos experimentales ni los comerciales" y ocultando todos los casos de contaminación que se producen. De hecho, ha denunciado el activista, el campo experimental en el que la Plataforma Transgénicos Fuera llevó a cabo su acción reivindicativa "no cumplía ninguna medida de precaución contra la contaminación y no se había informado de la experimentación" que se efectuaba.

Un caso similar es el de Josep Pámies, que se define a sí mismo como "agricultor convencional" y que recibió una notificación de que estaba siendo procesado después de que en septiembre de 2003 se encerrara en la Subdelegación del Gobierno de Lleida junto a otras cincuenta personas para protestar por la agricultura transgénica. La Fiscalía pide cuatro años de prisión y 50.000 euros de indemnización para el agricultor por las lesiones que presuntamente causó durante la protesta a un guardia civil con el que, según Pámies, nunca hubo "el más mínimo contacto físico".

Los agricultores se encerraron en la Subdelegación del Gobierno de Lleida tras llevar a cabo una movilización en la que arrancaron 300 matas de maíz modificado genéticamente mediante la tecnología BT 176, prohibida desde el 2004 por la UE pero que en España se siguió cultivando durante todo el 2005, según la Plataforma. Los portavoces de la Plataforma hacen una "lectura política" de la dureza de las penas solicitadas para los activistas y aseguran que con ello los poderes públicos pretenden impedir que se secunden las protestas anti-transgénicos, que hace años que se llevan a cabo en otros países europeos como Holanda, Italia y, sobre todo, Francia.

Para la semana que viene, la Plataforma ha convocado una concentración en el Campus de Agrónomos de la Universidad de Lleida y frente al juzgado donde se procesará a Albert Farré.