Otra conspiración contra el PP, y van mil

Por si el detalle les había pasado desapercibido, sepan que durante más de tres años se ha investigado en Alicante una presunta trama de corrupción que implica a empresarios y a cargos políticos del PP, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Sepan también que lo investigado no se reduce a la concesión de una planta de tratamiento de basuras sino que existe constancia de otras supuestas actividades delictivas como es el blanqueo y evasión de capitales a paraísos fiscales y la financiación irregular de partidos políticos. Añadan a ambos hechos que a lo largo de este tiempo los investigadores han reunido gran cantidad de pruebas, algunas de ellas obtenidas en las intervenciones telefónicas de los imputados. Conocidas estas nimiedades, vayamos a lo importante: hay otra conspiración en marcha contra el PP.

Existen datos irrefutables que vuelven a avalar esta conjura: el primero es que la Policía detuvo a varios dirigentes populares, algo que como se conoce sobradamente, está expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico. Las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden detener a cualquiera salvo a la dirigencia del PP, y menos aún pillarla en pijama como ocurrió con Ripoll, que es hombre que no madruga. De ahí que, como apuntó Pío García Escudero, lo suyo fuera un secuestro en salto de cama. El segundo es el despliegue. No es argumento bastante que se envíen 80 policías para practicar 19 registros y 11 detenciones, cuando podían hacerlo perfectamente un par de agentes en una moto y dándose prisa. El tercero y último es la publicidad: está expresamente prohibido dar cuenta de las operaciones que afectan al PP, que sólo debe salir en el telediario cuando pide al Gobierno reformas estructurales.

Yendo de la poesía a la prosa, no deja de ser cierto de que en torno a este caso se han producido hechos ciertamente insólitos. Es muy extraño que el ministro del Interior alertara a Rajoy la noche antes de la operación de que ésta iba a producirse, algo que, según parece, es costumbre cuando se trata de acciones dirigidas contra partidos políticos. El ministro debería adoptar esta misma costumbre en relación a otros delitos, porque es un gesto de buen gusto avisar, por ejemplo, a la madre de un narcotraficante de que su hijo va a ser detenido al día siguiente para que la mujer se vaya haciendo a la idea y no sufra tanto. Visto así, el chivatazo del bar Faisán al recaudador de ETA no dejaría de ser una deferencia más de las que acostumbra el Ministerio.

El juez de Orihuela

Tan extraño como lo anterior es el comportamiento del juez de Orihuela, Carlos San Martín, el quinto instructor del asunto desde 2007, al que la causa le queda desproporcionadamente grande. Sería una obviedad afirmar que la actitud de San Martín ha sido de juzgado de guardia. Una cosa es que su señoría pueda sentirse molesto por los deslices que hayan podido cometerse en torno al secreto del sumario y otra muy distinta poner en cuestión la actuación policial, como si hubieran sido los agentes los que por ciencia infusa acometieran los registros y las detenciones.

La película de los hechos es suficientemente conocida. El juez, a través de los servicios de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde habita el amiguito del alma del presidente Camps, sembró el desconcierto al emitir una nota en la que afirmaba que “NO (en mayúscula) existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna”. Horas después, se veía obligado a lanzar otra manteniéndose en sus trece pero reconociendo que “la Policía puede practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno”.

La primera afirmación era completamente falsa ya que el mismo juez había emitido un auto seis días antes en los que se planificaba toda la operación y se establecía la fecha del día 6 para su ejecución. Se adjunta un entrecomillado ilustrativo: “se autoriza de forma individualizada a practicar registros y entradas en domicilios particulares y despachos oficiales, y se autoriza a la policía a realizar traslados a comisaría para tomar declaración a los detenidos (…) En caso de proceder a la detención policial de todos o algunos de ellos por la fuerza actuante, se autoriza expresamente a la misma a fin de que procedan a su traslado hasta el lugar donde se vayan a practicar las diligencias”. Parece que la cosa está bastante clara.

Pero es que además, lejos del ensañamiento, a los detenidos se les ha dado un auténtico trato de favor. Como su señoría estaba muy ocupado y no podía tomarles declaración hasta el día 8, se les dejó en la calle después de entregarles una citación para que comparecieran en el Juzgado. La alternativa era haberles mantenido en los calabozos, como se hizo por ejemplo con Isabel Pantoja cuando tuvo que declarar por su implicación en la Operación Malaya. 

A consecuencia de estos despropósitos, el PP ha podido irse nuevamente por la tangente, hasta el punto que ni uno sólo de sus miembros, desde Rajoy hasta el bedel de la calle Génova, han hecho referencia alguna al fondo de la cuestión, que no es otra que la enorme mancha de corrupción que ha convertido en un borrón de tinta el mapa de Levante, desde el Castellón de Fabra, a la Valencia de Camps pasando ahora por el Alicante de Ripoll.

La simbiosis que el PP y la corrupción han conseguido en la Comunidad Valencia es difícilmente imaginable, tanto que aconsejaría no ya meter el bisturí en una organización consumida por la metástasis, sino empezar de cero. Ocurre, sin embargo, que la corrupción da votos, o eso dicen las encuestas. Es por ello que uno confía en que lo de Alicante quede en nada, porque como se confirme estos chicos de la gaviota se salen de la tabla en las próximas elecciones.