Las CCAA no han tramitado ninguna denuncia firme un mes después de la Ley Antitabaco

Todos los afectados protestan, pero nadie fuma en los bares. Los fumadores han demostrado en un mes que tienen civismo, frente a quienes decían que la sociedad española no había madurado lo suficiente como para dejar de fumar de una manera tan brusca. Un mes después de la aplicación de la Ley Antitabaco, todavía no hay una cifra única oficial que dé una única versión de su acogida, pero los datos son más que gratificantes. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, ordenó a las comunidades autónomas que fueran ellas las encargadas de vigilar y hacer cumplir la Ley Antitabaco. De los 350.000 bares y restaurantes que hay en España, apenas hay abiertos una veintena de expedientes sancionadores. No hay sentencia firme porque todos los casos siguen en estudio. Casi todos han denunciado en los bares, apenas a centros hospitalarios.

Han sido pocos los particulares se han atrevido a denunciar a quien se encendía un pitillo en algún lugar público cerrado: casi todas las denuncias las han emitido las organizaciones de consumidores. En concreto, FACUA ha trasladado 941 incumplimientos en las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas. Por ahora, sólo han abierto expediente Asturias, Cantabria y Valencia. Todas ellas se están investigando y nadie anuncia a cuánto ascenderá la cuantía de la penalización.

Excepto los hosteleros, que insisten en culpar de su ruina a la aplicación de la ley,  todos los sectores coinciden en que la ley se ha aplicado con absoluta normalidad. Para muestra un dato: de las 2000 inspecciones que se realizaron en las dos primeras semanas de la aplicación, sólo se recibieron 23 multas. Para los hosteleros, la nueva ley ha llegado en un momento especialmente crítico para el sector. José Luis Guerra, adjunto a la presidencia de la Federación Española de Hostelería, asegura que se destruyeron 61.000 empleos en el sector el año pasado. Una cifra que augura que será peor por el descenso de clientes tras la entrada en vigor de la polémica ley.

En Andalucía, el 95% de los establecimientos inspeccionados cumplen con la nueva ley. En Madrid se han recibido 38 denuncias de particulares y una de Facua, que presentó un escrito con 117 alegaciones. En Cataluña sólo se ha visto fumar en el 0,6% de las inspecciones. La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha recibido 74 denuncias, de las cuales hay abiertos cuatro expedientes a cuatro bares cuyos propietarios están en fase de alegaciones. Las demás comunidades apenas superan la veintena de denuncias.  

Apagón simultáneo de las máquinas de tabaco

Los hosteleros ya han empezado a pensar en su particular boicot contra la Ley. En Valencia, todos los establecimientos hosteleros van a hacer un apagado simultáneo de las máquinas de tabaco y una manifestación en Madrid. Su facturación ha caído, en el mes de enero, un 27,1%. Los actos de protesta podrían llegar incluso a una huelga del sector, con el cierre de las empresas o a una total insumisión de los establecimientos, que dejarían fumar en el interior colocando previamente un letrero en el que se prohíbe la entrada a menores.

La clase política en general ha felicitado tanto a los promotores de la ley como a los ciudadanos, los verdaderos artífices del éxito de la misma. El propio Gaspar Llamazares, presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso, consideró como un “éxito” este primer mes y emplazó al Gobierno a incluir los tratamientos para dejar de fumar dentro del Sistema Nacional de Salud. Así, considera que es cosa del Gobierno ayudar en la rehabilitación de los ex fumadores, ayudado por las comunidades autónomas. La relación coste-beneficio sería interesante, ya que una pequeña inversión tendría efectos muy positivos a medio plazo. El coste sanitario del tabaco es, además, el doble de lo que se ingresa vía impuestos por su venta.