Cortes Generales y constitución de un gobierno provisional de gestión

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Manuel Muela*.-  05/08/2011

La marabunta política y económica, que ha devorado al Gobierno y que ha puesto de manifiesto nuestra crisis institucional, incluida la de la propia jefatura del Estado que permanece inerme, acentúa la indefensión de los ciudadanos, sumidos en el desasosiego y la orfandad, aunque deseosos de ver signos positivos que indiquen que no estamos condenados al caos absoluto. Pocos creen en la capacidad de la clase dirigente para capitanear la superación de los problemas, pero casi nadie aventura iniciativas que, sin ser taumatúrgicas, pudieran restaurar la confianza en que ha de basarse cualquier intento de recuperación del ánimo ciudadano y de la dignidad de la nación: las operaciones de imagen y de expresión de preocupación sin más no bastan; en mi opinión, se requiere algo más. Por eso, recurriendo al dicho de que “a grandes males, grandes remedios”, parece el momento de convocar a las Cortes Generales para que reciban la renuncia del Consejo de Ministros y procedan a la constitución de un Gobierno provisional de gestión con el objetivo de sacar al Estado del marasmo.

El sistema político actual es formalmente democrático y parlamentario, pero en la práctica se trata de un modelo partitocrático y casi presidencialista, como resulta fácil deducir de su funcionamiento a lo largo de los últimos treinta años: los partidos disfrutan de una situación jurídica privilegiada que los convierte en protagonistas casi absolutos del devenir de la vida pública, gracias a la generosidad de las normas electorales con las listas cerradas y bloqueadas. En congruencia con ello, el Congreso de los Diputados, encorsetado por el mandato imperativo de los partidos, carece del dinamismo necesario para ejercer sus funciones parlamentarias, lo que va en beneficio del líder del partido gobernante convertido, en la práctica, en un presidente que acapara casi todo el poder ejecutivo, sin el contrapeso de una jefatura del estado con facultades ejecutivas propias para ejercer el arbitraje, como se está comprobando claramente en estos meses convulsos. Esa es una de las limitaciones por tener una primera magistratura no democrática.

La anomalía de esta situación viene siendo denunciada largo tiempo, y la muestra de ello es la insistencia con la que se manifiesta el alejamiento de la política de la realidad y la necesidad de reformas que sirvan para regenerar o, mejor dicho, restaurar la democracia en España, estimulando el pluralismo y abriendo el ejercicio del poder público a la sociedad, para desterrar la endogamia que se ha ido adueñando de la vida política española. Los movimientos ciudadanos de estos meses son prueba de ello y hasta los propios protagonistas del sistema hablan de la necesidad de reformarlo, pero jamás sobrepasan la línea de la mera expresión de un deseo, lo cual añade un punto más de frustración y de desafección en aquellas capas de la sociedad, las más dinámicas e informadas, que observan la liviandad de algunos de sus dirigentes políticos.

Pero un modelo que ha ido funcionando, a pesar de sus fallas, durante las dos décadas de crecimiento económico que ha vivido España desde su incorporación a la Unión Europea, se encuentra, de repente, como el automóvil al que en marcha se le agota el aceite: el hundimiento de la economía española para el que casi nadie estaba preparado, empezando por los gobernantes, nos enfrenta a un presente dramático y a un futuro que se quiere ignorar, porque será muy distinto, en términos de riqueza y de exigencia, al tiempo que hemos vivido. Por eso se habla de emergencia nacional, de preocupación por los mercados y por la evolución de la prima de riesgo, envolviendo todo ello en el socorrido celofán de las reformas para no enfrentar los problemas verdaderos.

Quiebra económica y quiebra constitucional

Desde mi punto de vista, los problemas a los que nos enfrentamos son de dos clases: la crisis de nuestro modelo productivo, asentado en la construcción y el endeudamiento, que está en el origen de la quiebra económica, y la crisis constitucional que ha derivado en el debilitamiento del poder público, sobre todo del poder central, impidiendo la posibilidad de actuar con la energía y coordinación que demandan la realidad y el sentido común. Ante eso, los partidos políticos continúan con sus preocupaciones, en este caso las anunciadas elecciones generales o las sucesivas ruinas económicas de autonomías y ayuntamientos descubiertas después del 22 de mayo, dejando estupefactos a los ciudadanos. El colofón de esas actitudes y comportamientos es el de la degradación de los liderazgos y la imposibilidad de ensamblarlos en un proyecto nacional común: se desconfía de la autoridad y fortaleza de los actuales dirigentes para capitanear la resolución de la crisis nacional.

Se dirá que basta esperar a las elecciones de noviembre, que se nos antojan lejanísimas. Puede ser, pero tengo serias dudas de su eficacia, si antes no se ordena la quiebra económica y no se ponen las bases de un orden constitucional renovado que fortalezca el prestigio del Estado y la libertad de elección de los ciudadanos. Por esa razón creo en la constitución inmediata de un Gobierno no partidario, formado por personas de hondas convicciones democráticas y que, desde el punto de vista profesional y social, gocen de apreciación y respeto, para acometer la tarea de buscar solución a los problemas nacionales, sin la servidumbre de la disciplina partidaria, procurando lograr el máximo consenso social alrededor de su proyecto.

Un Gobierno de estas características, nacido de las propias Cortes Generales, debería acometer la tarea de restaurar la confianza en un modelo económico reformado y, por otra parte, profundizar en la elaboración de los proyectos de cambios constitucionales y electorales para acudir a las elecciones de la próxima primavera, que tendrían carácter constituyente, ateniéndose a los preceptos de la Constitución actual. A algunos puede parecer una quimera que el sistema partitocrático facilite su sustitución, pero si España continúa en el ojo del huracán de su hundimiento, el margen de maniobra y de generosidad actual puede desaparecer rápidamente en perjuicio de la democracia y del equilibrio social, abriendo la puerta a alternativas basadas en la negación de la libertad. Eso es lo que nos jugamos en este agosto turbado e institucionalmente vacacional. Cosas de España.

*Manuel Muela es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos (CIERE)

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