Imparta justicia y déjese de bromas

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Carlos Fonseca - Sígueme en  Twitter   30/06/2011

La magistrada Ángela Murillo no es una “jueza estrella”, pero sí una jueza mediática por su espontaneidad. En las vistas que preside no se limita a ordenar el transcurso de las mismas y a advertir a acusados y testigos de sus derechos y obligaciones. Sus preguntas y apostillas son celebradas con una sonrisa por el público asistente y con alivio por los periodistas cuando la sesión discurre con aire anodino y sin titular claro. El problema es que su peculiar manera de juzgar puede poner en duda la imparcialidad exigible a quien decide sobre la libertad de otros.

Natural de la localidad extremeña de Almendralejo, lleva desde 1980 en la carrera judicial, y desde 1993 en la Audiencia Nacional. Ha sido juez de instrucción en Lora del Río, Vélez Málaga, Onteniente y San Sebastián; inspectora delegada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde actuó como ponente en sentencias sobre causas de narcotráfico, como los casos “Nécora” y “Ucifa”, y de terrorismo, la mayoría de ellas posteriormente confirmados por el Tribunal Supremo. Actualmente preside la Sección Cuarta de la citada sala, que esta semana y la próxima juzga a destacados dirigentes de la izquierda abertzale, entre ellos Arnaldo Otegi, acusados de refundar Batasuna en el conocido como “caso Bateragune". No hay duda de que tiene una dilatada y cualificada carrera profesional, pero su carácter campechano le juega en ocasiones malas pasadas.

El martes rompió el tono aburrido con el que discurría la vista con una pregunta tan inopinada como incómoda a la acusada Miren Zabaleta, que se disponía a volver al banquillo tras responder a su abogado defensor. “¿Qué es la violencia política?”, interpeló a la acusada como el alumno que no entiende las explicaciones del profesor. “¿Un tiro en la nuca o asesinar a un inocente es violencia política?”, insistió.

La respuesta retrató a Miren Zabaleta y a quienes, como ella, se niegan por norma a responder a las preguntas del fiscal y de la acusación y contestan solo los interrogatorios-cuestionario de sus letrados, pero no aportó nada al hecho que se juzgaba: si la acusada y sus compañeros formaban parte de una comisión denominada Bateragune que pretendía refundar la ilegalizada Batasuna siguiendo órdenes de ETA.

En otro momento de la vista espetó al batasuno Rufi Etxeberria, que comparecía como testigo, que “de imparcial tiene poco”, en otro gesto para la galería. La jueza tiene razón: Etxeberria es un testigo parcial porque quienes comparten con él la dirección de la izquierda abertzale y sus objetivos se enfrentan a una pena de diez años de prisión, pero un juez no debe decir en público lo que es obvio. Su comentario sonó a chascarrillo, a ocurrencia graciosa, y ayuda poco a la difícil tarea de impartir justicia.

La espontaneidad de la jueza Murillo tiene muchas desventajas, porque quien juzga las conductas de otros ha de comportarse con una exquisita imparcialidad si no quiere correr el riesgo de que una instancia superior anule lo juzgado y obligue a repetir la vista. Una pérdida innecesaria de tiempo y de dinero. Ocurrió hace un año, en otra vista en la que Arnaldo Otegi era juzgado por un delito de enaltecimiento del terrorismo. A la pregunta de la letrada Jone Goirizelaia sobre si podían dar un poco de agua a su cliente porque estaba en huelga de hambre respondió con un campechano “por mí como si quiere beber vino”, que hace mucha gracia pero bendita la gracia que tiene. “¿Usted condena rotundamente la violencia?”, le preguntó en otro momento a Otegi. “No voy a contestar”, le dijo el líder batasuno, y la magistrada se despachó con un “muy bien, ya lo sabía”. La ocurrencia sirvió al acusado para presentar una queja por falta de imparcialidad de la magistrada que el Tribunal Supremo resolvió a su favor y ordenó repetir el juicio porque el comentario suponía “exteriorizar un prejuicio acerca de la culpabilidad”.

La presidenta de la Sección Cuarta tiene fama de bromista entre sus compañeros y algunas manías, como redactar las sentencias a mano, que luego transcriben a ordenador los funcionarios del juzgado. Durante la instrucción de las causas acostumbra a llevarse los tomos de las mismas a casa para releerlos con calma y tomar apuntes, y en los procedimientos con muchos acusados redacta un “quién es quién” para no perderse en la maraña de nombres, como ocurrió con el “caso Ekin”, en el que juzgó a 56 personas por su vinculación con ETA en una vista que se prolongó durante dieciséis meses. Quienes la conocen ponen como ejemplo de su profesionalidad lo ocurrido durante ese procedimiento: su compañero sentimental fue sometido a una grave operación quirúrgica y falleció después de varios meses ingresado en la UVI del hospital, pero ni aún en esas circunstancias interrumpió la vista.

Milita en la conservadora asociación judicial Francisco de Vitoria (mejor dicho, paga las cuotas), se declara apolítica, y a su carrera judicial añade la de solfeo y piano, pero por el bien de la justicia conviene que no ponga tanta música a sus intervenciones.

Hasta el próximo miércoles.

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