El Gobierno tiene miedo de los ciudadanos

El Gobierno tiene miedo. No se entiende de otra manera el cúmulo de desatinos que ministros y altos cargos han proferido esta semana contra los manifestantes del 25S y la iniciativa “Rodear el Congreso”. La protesta ha roto los límites considerados asumibles al grito de “Que se vayan todos”, y ha cundido el pánico. Gobierno y PP han recurrido a mensajes tremendistas para desacreditar y criminalizar a quienes solo reclaman que la salida a la crisis no sea a costa de recortar derechos y exigir sacrificios sin fin a los más débiles. 

Han calificado las protestas de golpe de Estado, de contubernio para desestabilizar las instituciones democráticas, y de favorecer a opciones políticas populistas más propias de una dictadura que de una democracia. El miedo como estrategia: o nosotros, o el caos. Un juicio para que los ciudadanos asuman lo inasumible como única opción posible.

No todos los políticos son iguales, ni la política una actividad innecesaria. Las generalizaciones son siempre injustas porque equiparan lo que no es homogéneo. Hay buenos políticos y profesionales de la política, en el peor sentido de la palabra. Políticos que creen en lo que hacen, con acierto o no, y políticos que han hecho de su actividad una excusa para medrar y, en ocasiones, enriquecerse. Políticos que, como borregos, se limitan a obedecer las consignas de su partido para no caerse de las listas electorales y seguir contando con el favor de los jefes. 

Dicho lo anterior, hacen falta más 25S, como en su día hicieron falta más 15M, porque son la expresión de la democracia directa, por más que el Gobierno y el PP pretendan hacer de la excepción (los violentos) la norma. Otro ejemplo del miedo que tienen a un movimiento que defiende con convicción que otro mundo es posible. No son una anécdota que se pueda ignorar sin más.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, hace malo un departamento considerado de Estado. El 14 de agosto (¡un mes y diez días antes de la fecha convocada para la protesta!) sus servicios de información (lo más granado del Cuerpo) remitieron a la Audiencia Nacional un informe en el que alertaban de la peligrosidad de la convocatoria del 25S, que en realidad ocultaba una conspiración para invadir el Congreso de los Diputados y obligar al Gobierno a dimitir; es decir, un golpe de Estado. Si es lo que creía, ¿por qué permitió que Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, que autorizada la protesta?

La Policía estimaba que en la concentración iban a a participar hasta 600.000 personas (¿cómo harán para cuantificar el número de asistentes a un acto que aún no se ha celebrado?), y en previsión de males mayores se investigó a los promotores y a las personas que ingresaron 20 euros en la cuenta corriente abierta por los organizadores para recabar fondos con los que costear los desplazamientos a Madrid de muchos manifestantes. ¡Qué disparate!

Debería dimitir ante la evidencia de que semejante “análisis de inteligencia” era una memez peligrosa, pero no solo no lo ha hecho, sino que ha insistido en que fue la actuación de los antidisturbios la que impidió el asalto. Sus intervenciones públicas se cuentan por meteduras de pata, y son la demostración de que el cargo le viene grande. El Ministerio del Interior no puede tener un responsable tan irresponsable. 

Si  mirara más la calle se habría dado cuenta de que antes de que la Policía vallara la Carrera de San Jerónimo (una metáfora de la distancia que se ha abierto entre políticos y ciudadanos), hubo grupos de personas que se manifestaron frente al Congreso sin que nadie les acusara de atentado alguno, ni les obligara a abandonar la zona.

El juez Santiago Pedraz terminó por desmontar la teoría de la conspiración con un auto en el que desmiente todas y cada una de las catastróficas admoniciones de la Policía, aunque se le fue la mano al justificar la protesta por la “decadencia de la clase política”. Esa no es su labor, pero su exceso tampoco justifica la respuesta en bloque del PP, que por boca de Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, calificó al magistrado de “pijo ácrata”, cuando su atildado flequillo le da más bien un look Robert Redford.           

No hay peor ciego que el que no quiere ver, y el Gobierno, en lugar de mirar a la calle ha decidido cargar contra ella. Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado (los nombra el Ejecutivo de turno) se sumó a la cadena de despropósitos:  reiteró que los manifestantes pretendían “demoler el edificio constitucional” y advirtió del “gravísimo quebranto” que está produciendo la explotación del derecho de manifestación.  

Cristina Cifuentes no quiso ser menos y planteó la necesidad de modificar el derecho de manifestación. De “modularlo”, según sus palabras, recurriendo al eufemismo del político mediocre. ¿De qué modulación habla?, ¿pretende limitar el número de protestas?, ¿diez, cien, doscientas al año?, ¿va a elaborar un manual con las consignas que se pueden corear y prohibir otras como ‘Que se vayan todos’ por atentatorias contra las instituciones del Estado? 

Cuando el poder habla de regular o modular quiere decir recortar, y recortar un derecho equivale a ajustarlo a los intereses del Gobierno, que en esta ocasión ha visto amenazada su autoridad, entendida como poder omnímodo. Como penitencia deberían escribir cien veces en la pizarra “la libertad de expresión, manifestación y reunión son derechos fundamentales de las personas y están protegidos por la Constitución”. A ver si así se enteran.

Nota a pie de página: Hablando de desprestigio de los políticos, el PP debería mirar dentro de su partido. María Dolores de Cospedal, presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, aunque dedica más tiempo a la secretaria general de su partido, ha decidido que los parlamentarios de su comunidad no tengan un sueldo fijo y cobren por su asistencia a los plenos. Los políticos deben estar bien pagados, porque sólo así se le puede exigir dedicación exclusiva y pedir responsabilidades por su labor. Cobrar por trabajar no es una prebenda, es un derecho. 

Hasta el próximo fin de semana.