Tres crisis y un diagnóstico: contra la autodestrucción

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José Antonio Zarzalejos.-  17/12/2011

Cuando Mariano Rajoy enfile el lunes la tribuna del Congreso para pronunciar el discurso de su investidura como presidente del Gobierno, habrán convergido las tres crisis que padece España, desatadas en su máxima virulencia este annus horribilis: la crisis económica, la crisis del modelo de Estado (el sistema autonómico y las tensiones segregacionistas en Euskadi y Cataluña) y la crisis de la forma del Estado (la monarquía). No obstante, las crisis, por graves que se presenten, pueden también convertirse en inmejorables oportunidades. A condición de que se afronten desde un espíritu positivo y correctivo. De lo contrario, es decir, si se encaran como ocasiones para derribar el sistema constitucional, lo que se produce es un efecto indefectiblemente autodestructivo.

Las sociedades mal conducidas por sus clases dirigentes -las políticas, pero también las económicas e intelectuales- no son muy distintas en sus comportamientos a los humanos en los suyos. El suicidio es el resultado de una pulsión interior que opta por la autoliquidación en vez de por la superación de la adversidad. La autodestrucción del sistema -por actos conscientes o temerariamente inconscientes- se corresponde al suicidio, especialmente, si como ocurre ahora en España tras los intentos de derribo la alternativa es el caos disgregador.

Aunque este análisis pueda tacharse de catastrofista, pesimista e, incluso, funerario, los hechos resultan elocuentes: el maltrato político al sistema constitucional es de tal envergadura que la gran transformación que España necesita es de carácter cívico y moral. Por una razón esencial: porque la conflictividad de nuestra vida política y que golpea a la arquitectura constitucional se fundamenta en malversaciones de la realidad, en argumentos falsos y en irresponsabilidades colectivas.

El conflicto y el latrocinio

En el País Vasco el independentismo radical -secundado históricamente en los momentos decisivos por el que se intitula moderado- agita un falso “conflicto político” de carácter secular que justificaría, o al menos, explicaría, el fenómeno terrorista. La verdad es que no hay tal conflicto, sino la emergencia durante más de cuatro décadas de una criminalidad terrorista que invoca el patriotismo vasco y el socialismo y que ha mantenido un comportamiento mafioso. La verdad es que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Guernica otorgan a Euskadi el mayor autogobierno que quepa imaginar en un Estado unitario y autonómico, mucho más allá de un modelo federal, dejando en manos del Gobierno vasco desde la seguridad hasta las haciendas públicas.

Que pese a este colosal esfuerzo de empatía con las corrientes del nacionalismo vasco, el PNV siga prometiendo la Constitución “por imperativo legal”, mostrando ante el Rey su “preocupación” por las cuotas de poder que ha conseguido democráticamente el PP y reclamando componendas para alcanzar no se sabe qué pacto para un plácido final de ETA, constituye un abuso histórico sustentado en un terrible engaño, que golpea la legitimidad del sistema ante la sociedad  vasca, que está lejos de mostrarse homogénea y uniforme en su identidad y pertenencia nacionales.

En Cataluña, el irredentismo independentista -igualmente secundado tantas veces por el nacionalismo moderado, ora pragmático, ora fronterizo al radical- ha encontrado una nueva formulación: “España nos roba”. En el Parlamento catalán, pese a la sensatez de su presidenta, se ha llegado al acuerdo de que nadie reprobará al orador que se refiera a España como “ladrona”, ni tampoco nadie, al parecer, se siente concernido  por la agrupación de 157 ayuntamientos en la Asociación de Municipios por la Independencia, presidida por el alcalde de Vic, que pertenece al partido -Unión Democrática de Catalunya de Duran Lleida- que dice no desear planteamientos soberanistas.

 Es cierto que Cataluña registra un déficit fiscal con el resto de España, pero ¿se contabilizan los retornos y el mercado que supone para Cataluña? Con el desempleo actual, ¿es igual ahora el déficit fiscal que en tiempos de bonanza? En todo caso, ¿cómo es posible que un Parlamento ampare una expresión, además de falsa, ofensiva para el conjunto español? Por lo demás, ocurre en Cataluña como en Euskadi: que los nacionalistas no parecen asumir la propia pluralidad de sus comunidades, que es la que no permite fórmulas de autogobierno sustancialmente diferentes a las constitucionalmente implementadas. El Gobierno de CiU, que atraviesa por enorme problemas, incluso de tesorería para pagar íntegramente las nóminas de diciembre, ha de mirar a sus predecesores del Tripartito para localizar buena parte de las tropelías financieras que muestran ahora sus peores consecuencias.

Esta irreductible crisis del modelo de Estado -basada en la reiteración de argumentos tantas veces falaces- tendría una conformación auténticamente política si se expresase en términos de rigor y veracidad: la independencia del País Vasco y de Cataluña, no sólo no es inviable desde el punto de vista material, sino que, además y sobre todo, lo es desde el punto de vista social, de tal manera que la fórmula autonómica asimétrica -que es la que está en vigor- y progresiva en el perfeccionamiento de los mecanismos de financiación, resulta ser la mejor de las posibles y a la que hay que ajustarse con realismo y lealtad.

Asalto al Palacio de Invierno

En lo que a la crisis de la forma del Estado se refiere -la de la Monarquía a propósito del caso Urdangarín- parece claro que no tendrá solución si se plantea como el asalto al Palacio de Invierno de los Zares. Da la entera impresión que por parte de algunos -no demasiados pero con mucho poder mediático y de presión- más que propugnar la regeneración de pautas, comportamientos, usos y privilegios malgastados por miembros determinados de la Familia Real o la familia del Rey, lo que se pretende en derribar la Corona como tal institución pasando de la crítica al escarnio y de los hechos probados a las insidias de mentidero que afectan directamente al propio Rey.

La crisis de ejemplaridad de  algún/os miembros de la Familia Real responde a su torpeza ética, pero también a determinadas impasibilidades: ante una falsa democratización de la institución a cuyo entorno han accedido por vía matrimonial personas inidóneas sin que se haya advertido del peligro que ese paso comportaba; ante una estúpida complacencia hacia costumbres burguesas de altezas reales que por serlo no siempre pueden compatibilizar su situación privilegiada con la felicidad a la que puede aspirar cualquier ciudadano llano; y ante la de los poderes Ejecutivo y Legislativo que durante más de tres décadas se han abstenido de desarrollar el Título II de la Constitución dotando a la corona de un estatuto que pusiese a cada cual en su sitio y atribuyesen el correspondientes listados de derechos y de obligaciones.

Decirnos la verdad es la única manera de afrontar las tres crisis concatenadas, discerniendo entre aquellos que las aprovechan para destruir el sistema de los que pretenden remontarlas. Sin una actitud cívica de carácter ético que sea el fundamento de la recuperación, tampoco vamos a remontar en lo económico. Durante los años del socialismo gobernante, la sociedad española ha sido sometida a celadas, simulaciones, distracciones y mentiras. Hemos retrocedido a niveles de renta de 2002 y estamos ya a ocho puntos por debajo de la media de los países de la eurozona.

El reto es casi esencial: ser o no ser. Construir o destruir. Apostar por lo primero, es invitar y favorecer que el Gobierno gobierne con el instrumento -mayoría absoluta- que el pueblo español le ha conferido a través de las urnas. El peor escenario sería que el nuevo Ejecutivo -y  poner a Amaiur en su sitio en el Congreso de los Diputados es un buen inicio- se dedicase a bailar con lobos, es decir, a contemporizar con los piqueteros del sistema que inoculan en la sociedad el vértigo atractivo que produce el vacío. 

OPINIONES DE LOS LECTORES, 124 COMENTARIOS

124 .- El texto del número 123, corresponde a un trabajo de Andrés Ortega y José M. de Areilza y puede consultarse en Internet.

MOYA

18/12/2011, 19:55 h.

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123 .- Si se diese el caso de que el territorio escindido se constituyera en nuevo Estado, con el beneplácito del Estado de origen y de los demás Estados miembros que lo reconocen, lo que se plantea jurídicamente es una adhesión, al ser una modificación sustantiva de los Tratados. Para ello es necesario de nuevo el consentimiento del Estado de origen y de los demás Estados miembros y del Parlamento Europeo. En la hipotética negociación aparece un cúmulo de problemas institucionales y de acceso a políticas europeas del nuevo Estado candidato. También planea el riesgo de contagio en otros Estados miembros que temen escisiones en su territorio. Todo ello refuerza la tesis de que con las escisiones, todos pierden. El nuevo Estado miembro no obtendría beneficios y estaría haciendo un sacrificio de intereses objetivos en aras de una pasión.
En definitiva, la opción de escisión y permanencia no respeta las reglas del juego. La escisión y adhesión a la UE no es fácil de imaginar en una situación pacífica y no resiste un análisis racional coste-beneficio. Y si se formula esta opción como un ideal, por encima del cálculo de intereses, acaba desembocando en la ironía de que su cumplimiento es más

MOYA

18/12/2011, 19:51 h.

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122 .- #121 Mi hija me preguntaba en una ocasión, ¿mamá las sirenas hablan como las personas o como los peces? Yo le explicaba que las sirenas no existen y ella decía comprenderlo pero me seguía haciendo la misma pregunta pero si existiensen ...

Usted tiene el mismo planteamiento.

Fernan Gonzalez

18/12/2011, 18:53 h.

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121 .- #120

3º] Porque votan las personas, pero esas personas tienen propiedades. casas, campas, fincas, pabellones, caserios, tierras... Y si en Álava o en las Encartaciones, la mayoría decide quedarse en España o no ise con la nueva Vasconia, sus propiedades se quedan con elllos, por supuesto. Las fronteras del nuevo Estado serían las de aquellas áreas que, por mayoría suficiente, decidieran irse.
En ningún caso incluirían los territorios de aquellas zonas que, por mayoría suficiente, decidieran no irse.

De ninguna manera se prodría expulsar a las personas que no quisieran irse al nuevo Estado, pero confiscarles sus propiedades. Si los votantes de una provincia, por mayoría suficiente, deciden quedarse, eses ente territorial al completo, ese pedazo de tierra con sus casas, sus campas, sus pabellones, sus huertos y sus caserios, se queda en España-

Es pura democracia. Quien por mayoría decida irse se va con su tierra, quien por mayoria decida qudarse, se queda. Con su tierra.

Es de cajón.

Saludos.

herrador

18/12/2011, 16:45 h.

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120 .- #119

2º] Consultada la segregación de todos esos territorios de España, una de las condiciones para aceptar todo el proceso es que las zonas que quieran permanecer en España puedan hacerlo.

Si se otorga el derecho a decicir de una minoría dentro de España, es justo, lógico y proporcional que se otorgue el mismo derecho a las minorías discrepantes dentro de Vasconia.

Por ejemplo, la provincia de Álava. o la comarca de las Encartaciones.

El derecho a permanecer o irse de un Estado debe funcionar en ambas direcciones. Si lo exiges para tí, debes otorgarlo a los que reclaman respecto de tí.

Si no es así, no jugamos.

Y calro, supuesto que los votantes de Álava o las Encartaciones, mediante referendum, deciden quedarse en España, o n o irse al nuevo Estado, surje el asunto de las propiedades.

herrador

18/12/2011, 16:38 h.

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