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Los cajistas se cargan el BdE y el Estado autonómico

BIOGRAFÍA

José Antonio Zarzalejos es licenciado en derecho por la Universidad de Deusto y periodista. Ha desempeñado puestos de distinta responsabilidad tanto en el Grupo Correo, primero, como en Vocento, después. Fue director del diario ABC de 1999 a 2008. Su "cuaderno de notas" pretende ser una aproximación certera a la realidad política, económica y social española e internacional.

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José Antonio Zarzalejos.-  15/10/2011

Un buen banquero central es aquel que retira el ponche  cuando la fiesta se anima”, frase pronunciada por William McChesney, presidente de la Reserva Federal entre 1951 y 1970.

Un 17 de mayo de 2006, Juan Ramón Quintás, el aparentemente bonachón presidente de la CECA, era reelegido por unanimidad para seguir al frente de la patronal de las Cajas de Ahorros. Con tal ocasión, declaró que la tutela que ejercía el Banco de España sobre estas entidades “ya no es tan necesaria” porque no eran “entidades recién nacidas”. Quintás se refirió también a “roces” con la administración por un exceso de regulación del sector, a su juicio “el más fuertemente regulado de Europa”. El presidente de la CECA, con al aplauso de su pares, se desentendía así de las reiteradas advertencias del Banco de España que, desde inicios de la década, venía alertando sobre la gravísima exposición de las Cajas al ladrillo. Esto es: denunciaba que se estaba formando una peligrosa “burbuja” inmobiliaria.

Pese a la Ley de Autonomía del Banco de España de 1994, ni Jaime Caruana (con el PP) ni su sucesor, Miguel Ángel Fernández Ordoñez (con el PSOE), han sido capaces de zafarse de las presiones políticas y cumplir  con su obligación de supervisores de las Cajas.

El primero de ellos aludió a los peligros que acechaban a estas entidades nada menos que en su primer discurso ante las Cajas, el 18 de abril de 2001: pidió a las entidades financieras que no abusasen de las participaciones industriales; que redujeran la emisión de acciones preferentes; que controlasen la expansión del crédito y que profesionalizasen los consejos de administración.

Por supuesto, las Cajas no compartieron el diagnóstico del entonces gobernador y Caruana se achicó. No obstante, en 2003, volvió al ataque sosteniendo que “el aumento real del coste de la vivienda podría haber sobrepasado los niveles coherentes. Es necesario -decía- una reconducción y paulatina moderación de la financiación crediticia a las familias y sociedades directamente involucradas en el negocio inmobiliario, lo que impediría que el precio de la vivienda acabara alejándose  excesivamente de su valor de equilibrio y reduciría la probabilidad de que terminasen produciéndose ajustes más bruscos”.

Nadie, tampoco, le hizo caso, Rodrigo Rato incluido. Ni Pedro Solbes, quien en mayo de 2007 dijo: “Yo no veo afectado para nada el sector de la construcción, sólo una ligera desaceleración que permite ajustarse a la realidad, que, lógicamente, exigirá una demanda inferior a la actual. Por supuesto, es un tema que hay que seguir, pero yo no le daría mayor importancia.”

Oído cocina: MAFO se arrugó pese a que en su momento -y ahí está la hemeroteca-, en 2003, criticando la “herencia” que dejaba Rato, acusó al Gobierno de Aznar de “negar la evidencia” debido al “miedo de cualquier responsable de Economía que ve acercarse el final de un modelo de crecimiento basado en boom inmobiliario y en la explosión del endeudamiento de las familias”. El muy crítico Fernández Ordoñez, ya en la gobernaduría, se olvidó de su rigor y se plegó a las fuerzas concurrentes (intereses de los cajistas y políticos) hasta dejar que la situación llegase hasta donde ha llegado.

El Banco de España estaba -y está- obligado a desplegar la labor de supervisión de las Cajas de Ahorros, función esencial de la que ha abdicado antes y, especialmente, en los últimos años. Es decir, el BdE debe vigilar “la solvencia y la confianza” del funcionamiento de las Cajas (*) para que así no se perturbe “la estabilidad del sistema financiero”. Pero ¿qué debe vigilar? Según las leyes de aplicación, los recursos propios, los órganos de dirección, la organización administrativa de funcionamiento y contable; la gestión de riesgos; la transparencia e información al mercado; la política de retribuciones y, además, el cumplimiento de normativas sobre blanqueo de capitales y la protección de clientes. Para desempeñar todas estas funciones dispone de potestades amplísimas que van desde el requerimiento de documentación hasta el acceso a los locales por sus propios inspectores.

La “supervisión prudencial” de las autonomías

¿Sólo el Banco de España supervisa a las Cajas de Ahorro? En absoluto: en España la supervisión es “dual”. Según la Ley de Autonomía del Banco de España, la vigilancia se realiza “sin perjuicio de la función de supervisión prudencial llevada a cabo por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias y de la cooperación de éstas con el Banco en el ejercicio de tales competencias autonómicas de supervisión”.

El pillaje en muchas Cajas es directamente imputable a la neutralizada supervisión del Banco de España, pero también a la inexistente “supervisión prudencial” que les correspondía a las Comunidades Autónomas

Por lo tanto, el pillaje en muchas Cajas de Ahorros es directamente imputable a la neutralizada supervisión del Banco de España, pero también a la inexistente “supervisión prudencial” que les correspondía a las Comunidades Autónomas que, prácticamente sin excepciones, han dictado por sus respectivos parlamentos leyes reguladoras de Cajas (de Madrid a Canarias, pasando por Cataluña, Castilla-León, Galicia, País Vasco, Cantabria…). De tal modo que las Cajas “están sometidas a una dualidad de ordenamientos” (**).

Las autonomías están presentes en todos los órganos de dirección y gestión -por supuesto, en el Consejo de Administración- y de modo muy particular en las Comisiones de Control, que tiene por misión “cuidar de que la gestión del Consejo de Administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión, dentro de las línea de actuación señaladas por la Asamblea General y las directrices emanadas de la normativa financiera y el Director General”. Ciertamente, el actual -y que el Gobierno no ha reformado- es un régimen competencial “enrevesado” (***) hasta en las instancias que deben aprobar las fusiones de estas entidades, asunto sobre el que las Comunidades Autónomas tienen también algo (o mucho) que decir.

Los cajistas -y explicaré quienes son- que manejaban el 50% del sistema financiero español, y sólo con algunas honrosas excepciones, se han pasado por el arco del triunfo la supervisión “dual” -la dura y pura del Banco de España y la “prudencial” autonómica- en una rapiña que ha dado al traste con entidades como Caja Sur, Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Novacaixagalicia, CaixaCatalunya y Unim, entre otras.

Gestores perpetuos -algunos procedentes de la política- de estas entidades que han trabajado más para su pronta jubilación que por el futuro de la Caja que decían gestionar; sindicalistas que se han atornillado en sus órganos de gobierno y dirección asistiendo gregariamente a las propuestas de gasto más disparatadas; progresistas de izquierda que han ostentado -ostentan- cargos de representación altamente remunerados; empresarios de oportunidad que se beneficiaban de un sistema crediticio arbitrario; presidentes autonómicos y consejeros que han desplegado políticas populistas y realizado inversiones faraónicas que han quedado como monumentos al vacío; empleados de elite envueltos en el celofán de salarios abundantes, pagas, ventajas sociales y complementos salariales y, en fin, beneficiarios de sedicentes las obras sociales… todos estos son cajistas que, más allá de la indecencia y quizás más acá de la ley, han tenido la suficiente fuerza para desarbolar la supervisión del Banco de España, quebrando así el núcleo duro de su función, y dejando para el arrastre a una institución que en los años de la crisis ha llegado tarde, mal y sin decisión a la reforma financiera cuya necesidad se veía venir desde hace más de una década.

Pero los cajistas se han emboscado, sobre todo, en la “supervisión prudencial” de las Comunidades Autónomas. Cómo pudo suceder que el Estado dejase en manos de éstas -en buena parte- la supervisión de la mitad de nuestro sistema financiero, resulta un arcano de la política española. Porque, digámoslo claro, en el nivel autonómico es en el que los cajistas se lo han llevado crudo y a manos llenas. De ahí las pugnas históricas por el nombramiento de presidentes y consejeros, el mutismo cómplice de la oposición que competía por una ración de la tarta; la docilidad sindical, porque las Cajas eran una fuente adicional de colocación y de financiación; el distraído juicio de valor de los empresarios, que pasaban por ahí calentando alguna poltrona o, en fin, la mansedumbre de los Ayuntamientos, dependientes mudos de mecenazgos, patrocinios, subvenciones y ayudas de las Cajas.

Por supuesto, nadie está procesado por indecentes gestiones, obscenas retribuciones y bonus, inmorales plegamientos a torticeras decisiones políticas con alto coste económico; nadie, tampoco, por dejar de cumplir su obligación supervisora. No hay depuración de responsabilidades porque ni en la fase más aguda de la feroz rebatiña en las Cajas, el Banco de España y los Gobiernos autonómicos han sido capaces de acudir al Fiscal, al Juzgado de Guardia o a la denuncia pública para evitar la rapiña.

El efecto de acciones y omisiones es incontestable: el Banco de España ha dejado de servir en sus aspectos más imprescindibles -¡gracias MAFO!- y los gobiernos autonómicos se han cargado la confianza depositada en el Estado autonómico al mostrarse -¡bien por los autonomistas y nacionalistas¡- incompetentes y cómplices en el desmadre que las leyes les encomendaban evitar.

Política, política y política: los cajistas han resultado ser los grandes protagonistas de esta nueva versión del bandolerismo del siglo XXI con las complicidades por omisión, dolosas o temerarias, de unos y otros. ¿Tiene algo que decir el Fiscal General del Estado?, ¿algo que decir el Defensor del Pueblo?, ¿algo que decir el Tribunal de Cuentas?, ¿algo los defensores populares autonómicos llámense como se llamen?, ¿algo que decir los organismos reguladores?, ¿algo que decir -aunque sólo sea para disculparse- el Gobierno? Espeso silencio que esperemos rompan los Tribunales.

*Esta crónica se ha documentado en los siguientes textos: (*) “La supervisión pública sobre entidades bancarias” de Manuel Izquierdo Carrasco, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba; (**) “Competencias autonómicas sobre Cajas de Ahorros” de Enrique Moldes Teo, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago de Compostela y (***) “Fusiones de las Cajas de Ahorros y crisis financiera: los poderes de supervisión de los organismos reguladores” de José Manuel Sala Arquer, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos.

 

OPINIONES DE LOS LECTORES, 40 COMENTARIOS

40 .- Aqui la culpa es de todos ,me refiero a los politicos,todo lo que ha dicho y bien dicho Zarzalejos era conocido por el gobierno y tambien por la oposicion,es mas, la oposicionha ha participado tambien en el festin.Son pues todos culpables.Pero es que no solo los politicos son los responsables,la justicia tambien lo es, porque no ha actuado a traves de la fiscalia impidiendo y condenando estos delitos.Y lo peor de todo , es que esto no tiene remedio poque los que podian ponerlo, no les interesa ya que asi les va muy bien, al ser los beneficiarios de este saqueo.La solucion teorica seria una legislacion rigurosa y unos controles autenticos, cosa que no se ve muy probable en las circustancias actuales.POR ACCION U OMISION TODOS LOS POLITICOS SON CULPABLES.

tim

15/10/2011, 21:37 h.

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39 .- Excelente artículo 19/20.

Conocemos los más responsables y sus nombres. Apueste l oque quiera, que se llevarán premios, cruces, prebendas, pensiones vitalicias, puestos, millones y millones. Y coche oficial.

MtOlive

15/10/2011, 21:31 h.

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38 .- #34 No puedo estar mas de acuerdo con lo que dice ustéd.
Como decía anteriormente, Zarzalejos ha escrito el artículo a toro pasado y debería haber sido mas valiente y apuntar a las cajas que hoy día son un bomba de relojería para que no se ponga mas dinero y se busque un comprador que no sea una caja [nuestro dinero].

RenauxA

15/10/2011, 20:28 h.

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37 .- #23 pasmao con lo que no pasa.

No se puede promulgar una ley que sancione con efectos retroactivos: cierto.
Pero si fuese posible poner a trabajar a un grupo de robots - máquinas sin sentimientos, ajenas influencias humanas - para que averiguasen lo que pasó en las Cajas de Ahorros, seguro que encontrarían argumentos para encerrar varios años a muchos directivos, y colaboradores necesarios, aplicando la legislación actual, y/o la que había ya hace 10/15 años...
Lo que es que la cantidad y calidad de los pufos es tal que si hubiese condenas de cárcel, el personal empezaría a cantar, y ¿dónde se podría encerrar tanta gente?. Serio problema...
Todos estarán conformes en "dejar correr"... al fin y al cabo, su bolsillo no saldrá perjudicado, y antes salió muy beneficiado. sí saldrán perjudicados los bolsillos de otros, claro... ¿Y qué...?

taraza

15/10/2011, 19:33 h.

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36 .- El fraude estaba bien montado y podia repetirse indefinidamente.
Primero se compraba un suelo rustico a un pobre payes por cuatro duros. Despues se constituia una sociedad que pedia un prestamo hipotecario a una caja para comprar ese suelo por un paston. El que otorgaba el credito estaba compinchado con el señor que habia comprado por miseria y vendia por una millonada [millonada que ponia la caja]. Tambien habia un politico compinchado que daba expectativas sobre reclasificacion del suelo rustico.
La millonada se la repartian, la sociedad vehiculo se declara insolvente, el suelo vuelve a la caja como dacion del credito, y como la caja tiene a su vez que devolver el credito al banco extranjero de turno, lo tiene que poner el Estado con nuestro dinero.

Justicierofinanciero

15/10/2011, 17:38 h.

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