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José Antonio Zarzalejos.-  27/08/2011

 

En algún momento del fulminante proceso de reforma constitucional que, por sorpresa, planteó Zapatero el pasado martes, conoceremos el contenido de la carta que recibió Moncloa en julio pasado firmada por el presidente del BCE. Tras forzar sus estatutos, el Banco Central Europeo adquirió deuda soberana de Italia y de España por un importe de 22.000 millones de euros. Como el cartero siempre llama dos veces -la primera lo hizo en el mes de mayo de 2010-, Trichet pasó la cuenta: el Gobierno debía dar una vuelta de tuerca y atenerse a las indicaciones del directorio franco-alemán y garantizar al máximo nivel legal el pacto de estabilidad presupuestaria, es decir, constitucionalizar que todas las administraciones públicas se atendrán a unos gastos que se correspondan con sus ingresos, salvo en supuestos excepcionales como los contemplados en la Ley Fundamental alemana.

 

Dicho y hecho. Zapatero, culminando su franciscana docilidad a los "mercados", en pleno agosto, con la sociedad desmovilizada, aceptó por partida doble lo que le imponían Trichet, Sarkozy y Merkel y, aunque tardíamente, la reiterada petición del PP cuyo criterio al respecto ha sido avalado por las instituciones de la UE.

Desde un punto de vista jurídico, la operación de reforma constitucional por el procedimiento rápido y expeditivo no tiene tacha, salvo que un número suficiente de diputados y senadores logren que se tramite mediando un referéndum popular. Cabía una alternativa más coherente con el momento presente: elaborar una ley -incluso orgánica- que obviase la alteración de la Constitución y estableciese el equilibrio fiscal en todas las escalas de las administraciones en España. Al parecer, las exigencias a las que debe someterse Zapatero son tan humillantes que no le permiten esa lógica alternativa.

 

El presidente ha urdido un acuerdo que satisface al PP -es lógico, porque le evita afrontar este tema después del 20N y le da la razón a Rajoy que venía reclamando esta medida-, pero que encrespa a su partido porque políticamente no tiene un pase. La reforma no va a ser fruto de un gran debate nacional (partidos, sindicatos, empresarios, sociedad civil); no logrará la adhesión de los nacionalistas porque la limitación del déficit incide en su autogobierno y quiebra al PSOE que, como todo socialismo, quiere jugar con el margen del déficit para vestir sus tan traídas y llevadas "políticas sociales".

Esta es una política despótica que consiste en "todo para el pueblo pero sin el pueblo"; ésta es una política opaca y mentirosa porque no reconoce que se practica por imposición de los mercados y del directorio de la UE; ésta es una política descaradamente autocrática porque se aborda sin el más mínimo debate y por sorpresa; ésta es una política tardía porque, aunque el techo de gasto debió haberse establecido hace tiempo en la Constitución y/o en leyes ad hoc, se practica ahora para aplacar las fortísimas corrientes europeas de profunda desconfianza hacia la economía española que han mostrado su faz en agosto pero que volverán a hacerlo en septiembre y, en fin, esta política es propia de un hombre y de un Gobierno sin capacidad de previsión, sin criterio y sin convicciones.

La Constitución sólo se ha reformado una vez (en 1992 para otorgar el voto a los residentes comunitarios). Es un texto que responde a un consenso transversal del que sólo se apartaron el PNV y la Herri Batasuna de 1978. La reforma que se propone no es menor, sino estructural porque conformará un modo distinto de administrar los recursos públicos, pero que también limitará las posibilidades de prestaciones del Estado. En cierto modo -al afectar también a la capacidad de gasto de las comunidades autónomas- incide sobre la amplitud de su autogobierno. Por ello, esta reforma no debiera hacerse así sino de manera ampliamente consensuada, compartida y debatida. La Constitución requiere de otras reformas profundas que exigen referéndum. Esta no lo requiere estrictamente, pero establece un precedente muy negativo, agravado, además, por el hecho de ejecutarse de manera casi traicionera y, me atrevería a decir, casi clandestina.

 

Es, por lo demás, el definitivo naufragio del PSOE en su consideración de organización de izquierda, en su sensibilidad democrática y remite a Pérez Rubalcaba al peor de los fracasos electorales.

Aunque jurídicamente aceptable, el PP debiera tener en cuenta que su aquiescencia a la manera en que Zapatero le ha propuesto la reforma de la Constitución, supone una bofetada al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos políticos. Más aún cuando se trata de la norma de máximo rango legal. Los riesgos de acompañar a Zapatero y al PSOE en esta operación son muy altos. Podrían haberse evitado si Rajoy, aun aceptando la reforma, la hubiese remitido a enero de 2012 como un compromiso electoral indeclinable pero que se realizaría con la sensibilidad democrática que ahora se echa en falta. Es verdad que el PP ha querido la constitucionalización del equilibrio fiscal; es igualmente cierto que Rajoy lo ha manifestado dentro y fuera del Parlamento; es también cierto que el techo de gasto obligatorio ha sido vertebral en el planteamiento económico-financiero del Partido Popular. Pero siendo todo esto así, también lo es que esta última y descalabrada, dócil e improvisada medida que ha urdido Zapatero por imposición ajena, no merecía ni su apoyo ni su comprensión.

 

Si fuese posible, y quizás aún lo sea, ¡No lo hagan así! Porque de esta manera como actúa el PSOE y su Gobierno es la propia de los déspotas. Y son ya años -demasiados- de incompetencias, errores y decisiones torticeras. La democracia no está para vapulearla: consiste en procedimientos pautados de participación y referencias éticas que en estos años se han deteriorado hasta límites insospechados. Esta reforma constitucional fulminante, sorpresiva e impuesta es un colofón de la desgraciada trayectoria política del PSOE y de su máximo dirigente, Rodríguez Zapatero.

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