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@Julia Pérez

Miércoles, 21 de febrero de 2007

Conde-Pumpido (i) conversa con José Blanco.  

La Fiscalía Especial Anticorrupción ha frenado en seco la investigación sobre el caso Ciempozuelos (Madrid) que afecta a dos ex alcaldes socialistas por un escándalo urbanístico, según denuncian a este diario fuentes jurídicas solventes. Es más, las mismas fuentes sostienen que la fiscalía “tiene la instrucción de investigar el presunto delito de blanqueo de capital cometido por estos dirigentes, pero elude profundizar en la trama urbanística que originó el dinero fraudulento”, que podría ascender a 40 millones de euros.

Estas fuentes señalan al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, como el responsable de la paralización que salpica a una trama de corrupción surgida en los aledaños de los socialistas de Madrid. Esta ralentización del trabajo del fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, “está afectando a las investigaciones del juez que lleva el caso”, el titular del juzgado número 2 de Valdemoro, Agustín Carretero.

Desde la fiscalía niegan que haya tal paralización y aseguran que este tipo de denuncias son recurrentes. Así, en noviembre pasado Conde Pumpido sacó un comunicado en el que desmentía haber ordenado parar el caso. Fuentes internas aseguran que está declarado secreto “y se aprovecha esta situación para presionar en medio de la campaña electoral” para los comicios del próximo mayo. También confiesan que allí se reciben quejas desde sectores socialistas al considerar éstos que no se investiga lo suficiente el escándalo de Andratx (Mallorca), que afecta a un ex alcalde del PP, y que, ahora, “podría ser que sectores populares, o de las defensas, estén presionando con estas acusaciones”.

Sin embargo, este diario ha contrastado las denuncias de tales retrasos de la fiscalía entre diversas fuentes jurídicas. Además, se asegura que la investigación no se centra en el presunto cobro de comisiones ilegales por recalificaciones urbanísticas por parte de los dos últimos alcaldes de Ciempozuelos, Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, sino que la fiscalía “se centra sólo en el delito de blanqueo” de dinero supuestamente cometido por ambos en Andorra.

Fiscal bajo control

Otras fuentes sostienen, además, que Conde Pumpido habría forzado la situación para mantener el caso en la Fiscalía Especial Anticorrupción y evitar que cayera en manos de la fiscalía natural competente en este asunto, que es la de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid.

Esta decisión colisiona con las instrucciones que él mismo dio a los fiscales el pasado julio. En su instrucción 4/2006 sobre las atribuciones de la Fiscalía de Delitos Económicos relacionados con la corrupción, Conde Pumpido establece que los delitos relativos a la ordenación del territorio “imputados a funcionarios públicos municipales no incumbirá inicialmente a la Fiscalía Especial, sino a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía del lugar donde el hecho hubiera sido cometido, que actuará bajo la coordinación del Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo”. A renglón seguido establece la excepción: “Sin embargo, la Fiscalía Especial será competente en dicho asunto cuando en él concurra cualquier otro criterio que, conforme a la presente Instrucción, determine la existencia de especial trascendencia”.

Y es en esa “especial trascendencia” donde Conde Pumpido basa su decisión de mantener este caso en manos del Fiscal Anticorrupción, que, precisamente, goza de su confianza. Porque las instrucciones del fiscal general circunscriben esa especial trascendencia en los casos donde hay un gran volumen de operaciones a investigar, que las actividades delictivas afecten a más de una provincia, que estén implicadas entidades financieras o que afecten al régimen de transparencia fiscal internacional. "Ninguna de las excepciones se dan en el escándalo de Ciempozuelos”, sentencian fuentes judiciales.

Comisiones multimillonarias

El escándalo de Ciempozuelos es el de mayor cuantía económica de la reciente historia de la corrupción española. Saltó a la opinión pública en octubre pasado, al conocerse que una promotora (Esprode) habría pagado una comisión de 40 millones de euros por la recalificación de unos terrenos rústicos y el desbloqueo del Plan General de Urbanismo del municipio. La Fiscalía Anticorrupción abrió las diligencias después de recibir una denuncia del Banco de España que señalaba a Torrejón y Tejeiro como las dos personas que habrían blanqueado parte del dinero cobrado de las comisiones.

El juez Carretero ha imputado además al comisario jefe del Servicio Especial de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España, Miguel García. Está acusado de haber ordenado la paralización de la investigación a un subordinado, ya que la primera denuncia sobre lo que ocurría se recibió desde Andorra en mayo pasado. Se trató de la copia de un fax, remitido desde un banco andorrano, donde se adjuntaba un contrato -firmado supuestamente por Tejeiro y la inmobiliaria Esprode- por el que se pactaba el pago de una comisión de 40 millones a cambio de unas recalificaciones. El fax había sido enviado inicialmente a la entidad bancaria por el propio Tejeiro.

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