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@El Confidencial

Miércoles, 06 de diciembre de 2006

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El Gobierno de Hugo Chávez desautorizó ayer el acuerdo entre abogados por el que este país iba a conceder la nacionalidad venezolana a cuatro terroristas de ETA e indemnizar con más de 325.000 euros a otros dos miembros de la banda por haber sido extraditados a España en 2002. Tal pacto se realizó “sin su conocimiento” y no se favorecerá a estos seis etarras, según aseguraron ayer sus autoridades al Gobierno español.

Tras 22 horas de intensas gestiones diplomáticas por parte de España, en medio de una lluvia de críticas, el ministerio de Asuntos Exteriores logró esta respuesta de Caracas, que considera satisfactoria y con la que da por zanjada la polémica. Su titular, Miguel Ángel Moratinos, fue el que llevó las negociaciones desde Dakar.

Las “absolutas garantías” las aportó a última hora de la tarde el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, en una entrevista con el embajador español, Raúl Morodo, en la que desautorizó además el acuerdo con los miembros de ETA. Según el pacto inicial, Venezuela se habría comprometido con los etarras Lorenzo Ayestarán, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa a facilitar los trámites para la obtención de la nacionalidad, lo que les permitiría evitar su extradición a España, según una información difundida por la agencia Vasco Press, y confirmada por el colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna.

Además, otros dos miembros de ETA, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, serían indemnizados con más de 325.000 euros por haber sido entregados a la justicia española en 2002. Se trató de un pacto amistoso a la vista de la demanda judicial presentada por estos miembros de ETA al considerar su extradición contraria a la legislación venezolana. Fue un acuerdo adoptado en junio, refrendado en octubre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se iba a publicar en próximos días en la Gaceta Oficial (el BOE venezolano), informa Europa Press.

A la vista de la crisis, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, optó por esperar la confirmación de esta información por parte de Venezuela antes de adoptar medidas diplomáticas. Patada de balón hacia delante que fue propiciada desde Dakar y que provocó que el PP calificara la respuesta gubernamental de “tenue, descafeinada y ridícula”, según su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, quien no entendía cómo una noticia que cuesta “minutos” en confirmar a un Gobierno le costaba tanto hacerlo al Ejecutivo socialista.

En este tiempo de espera, los populares consideraron que el Ejecutivo debía de actuar de forma contundente ante Chávez, con la llamada a consultas del embajador de España, medida diplomática drástica que supone retirarlo del país de forma temporal a la espera de subsanar la “argucia bananera”, en palabras de Zaplana. El acuerdo era, para el PP, un “insulto a la democracia española por mucho que Zapatero sea su amigo”.

Este partido barajó ayer toda una batería de medidas parlamentarias de control al Gobierno, entre las que se encuentran solicitar la comparecencia en el Congreso de los ministros de Exteriores y de Justicia, y presentar ante el Pleno una declaración institucional de condena.

Desaire a Zapatero

El acuerdo implicó un desaire a Zapatero, ya que se conoció al día siguiente de que el presidente llamara por teléfono al líder venezolano para felicitarle por su reciente triunfo electoral. Chávez no le dijo nada sobre el pacto que se había llegado con los etarras. Ahora, su ministro de Exteriores sostiene que desconocían sus términos.

Mientras pasaban las horas a la espera de la respuesta de Venezuela, el equipo de Moncloa actuaba a toda máquina. Junto a Moratinos, el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, realizó gestiones con su homólogo venezolano y dio la orden a la Fiscalía General del Estado para que estudie todos los casos judiciales pendientes contra los seis terroristas. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pilotó la crisis diplomática desde su despacho.

Desde Bruselas, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, había centrado la opinión del Gobierno: si la noticia se confirmaba, el acuerdo sería “inaceptable” para España.

Más de 40 personas asesinadas

Los seis terroristas suman juntos más de 40 asesinatos. Etxaniz, uno de los que iba a cobrar una indemnización, está considerado el responsable de la muerte de 17 personas en cuatro años (entre 1981 y 1985) entre policías, guardias civiles, militares y civiles, aunque sólo fue juzgado por tres asesinatos.

Ayestarán está acusado de al menos 10 asesinatos cometidos en la década de los años 80, a pesar de haberse beneficiado de la amnistía de 1977. Aldana está considerado como el autor de cuatro asesinatos, mientras que a Urteaga se le responsabiliza de acabar con la vida de otras tres personas.