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Sábado, 9 de enero de 2010

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no puede demorarse. Si lo hiciera, las presiones sobre el alto tribunal podrían resultar ya irresistibles. En el TC se ha generalizado la opinión de que las consultas independentistas del pasado fin de semana en 167 municipios de Cataluña no sólo eran una afirmación soberanista, sino también una forma de presión al Tribunal. Ofrecer más margen de tiempo para que se organicen otras medidas que pretendan condicionar a los magistrados, se considera en el TC una auténtica temeridad.

Por eso, todas las miradas están puestas en Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, designado magistrado del TC a propuesta del Gobierno en junio de 2004. Aragón, considerado un progresista, es también un riguroso jurista. Está alineado con los magistrados críticos con  aspectos esenciales del Estatuto catalán, aunque entre ellos median matices de alguna importancia. El único magistrado que puede liderar la sentencia –y no favorable al Estatuto— es Manuel Aragón porque ni la presidenta del TC, María Emilia Casas, ni la ponente de la resolución, Elisa Pérez Vera, disponen de autoridad moral sobre el resto de magistrados. Aragón la tiene. Porque añade, a su magisterio en derecho constitucional, una ideología más cercana a las tesis de un socialismo moderado –más bien, socialdemócrata— que fueron las que aconsejaron al Gobierno a proponerle para el TC.

Manuel Aragón expresó en una Tercera del diario ABC del 17 de diciembre de 2003 (ver PDF) –es decir, hace poco más de seis años— cuál era su criterio sobre los elementos fundamentales que se discuten en el Estatuto catalán, si bien lo hizo en referencia al plan de Ibarretxe, en el que se proponía una reforma del Estatuto vasco que articularía una “comunidad libre asociada” de Euskadi con el resto de España. Aragón escribió en ABC que el tal plan no suponía una reforma estatutaria sino “el ejercicio de un poder constituyente propio, en abierta oposición a los artículos 1 y 2 de la Constitución que atribuyen el poder constituyente sólo al pueblo español y que proclama la indisoluble unidad de la nación española (…)”.

Pero Manuel Aragón iba más lejos: “Y que no se diga que con la impugnación se sustrae a la representación popular, esto es, al Parlamento Vasco, la discusión de un asunto, que se invade el campo de lo político, que es por esencia el campo del debate parlamentario. Esta perspectiva no la comparto. Claro que no puede sustraerse nada al debate parlamentario, pero siempre que se cumplan las reglas exigidas por el ordenamiento.”

Y añadía: “Lo que ha ocurrido es que a través de una simulada reforma del Estatuto de Autonomía, que realmente no es una reforma  estatutaria sino el ejercicio de un poder constituyente propio del que se carece, se pretende reformar la Constitución fuera de los cauces previstos para ello. El fraude no puede ser mayor.”

A lo largo de este artículo Manuel Aragón reivindicaba, sin exención alguna, el papel del Tribunal Constitucional para contrastar la constitucionalidad de todas las leyes, incluidos los Estatutos y, como se deduce literalmente de los párrafos que he transcrito creía en la unicidad de la nación española y en que la soberanía reside en el pueblo español  en su conjunto. Sobre todos estos aspectos está montado el debate en torno a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.

De tal manera que el sexto hombre del TC –que sobre diez magistrados daría la mayoría a los que estiman que el texto estatutario vulnera la Constitución— se ha manifestado hace mucho tiempo sobre los puntos cruciales que están en discusión. Sólo un giro copernicano en sus criterios –altamente improbable dada su solidez jurídica—invertiría la actual correlación de fuerzas en el TC.

La imposible “nación de naciones”

Hace diez años –como publicó el pasado 29 de noviembre el diario El País-, Manuel Aragón también se pronunció sobre estas cuestiones en un trabajo titulado “El modelo territorial del Estado en España y sus problemas actuales”, en el que descartaba que el concepto de “nación de naciones” encajase en la Constitución. Entendía entonces, y en 2003, que el español es un Estado unitario y autonómico.

También se refería en ese trabajo al concepto cultural de nación que para él se correspondería con el de nacionalidad. Aragón consideraba entonces que introducir el término nación, reservada sólo a España, en un texto legal implicaba un germen “de disolución” del “texto constitucional” e incluso “del propio Estado”.

Está claro que entre la Tercera de ABC de 17 de diciembre de 2003 y del trabajo reseñado, escrito hace una década, Manuel Aragón, el hombre decisivo entre los diez magistrados del Tribunal Constitucional, ha dictado por anticipado su criterio sentenciador. Y no se ve razón alguna para que ese criterio sea cambiado.  Es, pues, el sexto hombre. Porque un empate a cinco –los magistrados, insisto, son diez— lo quebraría (aunque no quiere hacerlo) el voto de calidad de la presidenta María Emilia Casas que recordaría el triste episodio de Manuel García Pelayo, primer presidente del alto tribunal, que lo utilizó para salva al Gobierno de González en el asunto Rumasa.

Las cosas, pues, en términos jurídicos están bastante claras. Hace falta que la política, y el civismo, ambos, respeten las reglas de juego, según las cuales, el Estatuto de Cataluña, lamentablemente para todos, padece de graves infracciones constitucionales. Y si lo que se quiere es cambiar la Constitución, dígase alto y claro que en este país nadie se asusta ya de ninguna propuesta que, además, sería legítima y, en algunos aspectos, también – lo ha dicho el Consejo de Estado— necesaria.

392.  cparis»23/12/2009, 07:29 h.

#388 Los sentimientos no son objeto de las leyes. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español no en parte de sus ciudadnos que pueden sentirse como mejor les plazca, sus sentimientos son irrelevantes.
Si me siento a jugar al parchís, tengo unas reglas predeterminadas que rige el juego. ¿Me explico?

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391.  ESPON»20/12/2009, 22:24 h.

El estatuto de Cataluña es una secuela el proceso de negociación política de Zapatero con ETA, que declaró la tregua de 2006, qué casualidad, justamente el día siguiente a su aprobación por el Congreso. Esa es la verdad que nadie se atreve a decir y lo que es peor, nadie parece darse cuenta de la consecuencia que arrastra, que es el hecho de que detrás de la nación catalana viene la vasca. ¿O no?

Los hechos están muy recientes, el proceso de paz con ETA y el estatuto de Cataluña eran dos empeños de Zapatero que llevó en paralelo, porque obedecían al mismo plan, satisfacer conjuntamente a los nacionalismos catalán y vasco mediante estatutos soberanistas que permitieran al PSOE gobernar eternamente en una España confederal de facto con una apariencia legal de unidad.

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390.  piofoncillas»20/12/2009, 21:11 h.

#389

La ciencia jurídica, tiene dos vertientes, perfectamente diferenciadas y, las mas de las veces, incompatibles.

De una, el estudio y aplicación de la Ley; y desde ese punto, La Ley de Principios del Movimiento Nacional era, por su esencial INDEROGABLE, pero se derogó, porque existe un aspecto sociológico que impide la aplicación de la Ley, cuando de efectuarse, se obtendrían consecuencias indeseadas por el legislador, y se pone en riesgo el propio sistema.

No digo, que una sentencia contraria a los tres meses de la proclamación del Estatuto, no hubiera sido posible, e incluso admisible, pero el tiempo crea callo, establece conductas y genera derechos [hasta la propiedad puede adquirirse por usucapión]; hoy, el Estatuto es una realidad, se aplica y se goza, en sentirse distintos, y mejores por ello, del resto.

Eso, mi querido contertulio, no tiene vuelta atrás.

Y, además, me parece un error histórico, porque ejercer un derecho no es sinónimo de acierto, pero no hay vuelta atrás.

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389.  Aldous»20/12/2009, 20:59 h.

#388, todo un preclaro ejemplo de desmoronamiento del Estado de Derecho, las leyes [no]aplicadas a la carta en función de la supuestísima [¿que tipo de mayoría es un 30%?, "¿¿se respira??", pero ¿que tipo de rigor tienen sus estimaciones?] voluntad contraria de una de las partes afectadas [habría que dar voz al resto de los ciudadanos del Estado como marca la Constitución, dado que la Soberanía sigue siendo individible/ indisoluble] vs. la Ley que deben respetar todos los ciudadanos, y sobre todo las Instituciones y sus Reponsables políticos.
Si eso no es así, no lo será para nada y para nadie; lamentablemente a las alturas de este desastre no sería de extrañar que una vez más la Ley pase a ser papel mojado en función del interés del Inane Mayor del Reino, principal responsable de este desaguisado. Y este sí que es un Clown, lo penoso es que sus payasadas han dejado de causar gracia alguna.

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388.  piofoncillas»20/12/2009, 20:41 h.

En mi humilde opinión, la solución del problema no viene de la mano del prestigioso jurista, Don Manuel Aragón, ni del propio Tribunal.
Es cuestión más profunda, que incide en la sociología jurídica y en la imposibilidad, mil veces demostrada, de legislar -por vía parlamentaria o judicial- contra la forma de sentir y vivir de un pueblo.

El Estatuto, se quiera, o no, y guste, o no, que eso si es indiferente, no tiene vuelta atrás, por muchas sentencias que se dicten, o leyes que se den.

No soy catalán, sino sufridor de la Condesa, pero baste ir por Cataluña, y respirar el ambiente, para darse cuenta.

Y el TC lo sabe, y Don Manuel, que es hombre tan inteligente, como mesurado, no puede ser el ariete de un problema mayor; pues una sentencia a favor del PP, supondría una auténtica involución, contra la voluntad demostrada de un pueblo que fue nación, y quiere volver a serlo.

Una cosa es reírse con Federico, por las mañanas [quién lo encuentre en el dial], que ha pasado de ser un crítico, a ser un Clown, y otra muy distinta jugarte tu prestigio al votar una sentencia del TC.

Bien harán, por ahora, en dejar reposar la cuestión, pues tan mala sería una sentencia, como la contraria.

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