La lenta agonía del sistema: del Constitucional al Supremo
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José Antonio Zarzalejos.- 10/03/2010
Cuando ayer leía (diario El País) las declaraciones del ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, según las cuales “la extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo”, llegué a la desoladora conclusión de que el sistema político ha entrado en una fase agónica. Porque si tales apreciaciones –y otras más graves—se publican en un periódico de referencia y se pronuncian por un personaje que ha sido alto funcionario del Estado ¿qué nivel de exigencia en contención, responsabilidad y civismo se puede exigir a cualquiera de los españoles que carecen de su cualificación?No entraré en el motivo de la pugna entre unos y otros –la suerte judicial del magistrado Baltasar Garzón—pero sí en la perversidad de esta batalla de gestos, manifestaciones, descalificaciones y comportamientos arbitrarios que sólo tienen un objetivo: tratar de doblar la voluntad del máximo órgano jurisdiccional, en este caso, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No es fácil que, por bregados que estén los magistrados de dicha instancia, la presión ambiental deje de afectarles.
La concurrencia de unos y de otros tratando de incidir en el juicio de los juzgadores lleva a la paralización de su acción jurisdiccional, a la aspersión de la sospecha social sobre sus propósitos y, a la postre, a la inoculación en los circuitos sociales de la desconfianza generalizada en las instituciones que, como es sabido, representa el cáncer de los sistemas democráticos.
El Tribunal Constitucional como instancia de garantías constitucionales –dicte ya la sentencia que dicte sobre el Estatuto de Cataluña — está sumido en una crisis de credibilidad prácticamente irreversible. La demora escandalosa en la emisión de la sentencia sobre la norma autonómica no se debe a causas técnicas, sino estrictamente políticas. Las posiciones de los magistrados están claras y son irreductibles de tal manera que la presidenta tiene la obligación de someter el asunto a votación sin más dilación o demora.
Al no hacerlo está atendiendo a cálculos ajenos a la naturaleza de su obligación: no quiere romper un posible empate con su voto de calidad; trata de que la sentencia obtenga un respaldo mayoritario y, en último término, procura que las tesis de la resolución no lesionen al Gobierno. Así, el órgano que garantiza la constitucionalidad de las leyes atiende más a criterios contingentes, de coyuntura, que a aquellos que le impone su propia función. El sistema, por consiguiente, queda resentido.
La raíz del problema
Con el Tribunal Supremo está ocurriendo algo parecido. Se le está ahogando en una polémica, mermando su autonomía, constriñendo el espacio de serenidad en el que debe desarrollar su función jurisdiccional. Así, el sistema –esta vez por la cúspide de la Administración de la Justicia—vuelve a resentirse. Hasta el momento, la pugna entre el Supremo y el Constitucional –sorda, técnica, pero muy dura—planteaba graves disfunciones. Pero el acometimiento de un asunto tan sensible como el examen penal de algunas conductas del magistrado Baltasar Garzón, ha roto las hostilidades hasta la exasperación verbal. Y lo ha hecho de manera recíproca: por parte de aquellos que quieren verle en el banquillo y luego condenado, y por la de los que le quieren librar de ese trance, siendo en esta ocasión estos segundos mucho más hirientes, insistentes y desinhibidos que los primeros.
La raíz del problema –creo que ya insuperable—reside en el modo en el que se reclutan los magistrados de uno y otro Tribunal: por designación del Consejo General del Poder Judicial y por el Parlamento, replicando, en unos casos, la representatividad de las asociaciones judiciales y, en otros, la correlación de fuerzas en el Congreso y en el Senado. Así unos magistrados progresistas deben ser perfectamente previsibles en su progresismo jurídico y judicial e, igualmente, los conservadores deben demostrar que lo son. El Gobierno, los partidos, las asociaciones e incluso los medios de comunicación, toman a estos magistrados nombrados de tal manera por terminales de sus propios intereses, filias y fobias. Y de ahí, este lamentable y agónico espectáculo en el que el respeto a la independencia judicial ha saltado con estruendo por los aires, ante la impotencia del gobierno de los jueces: el CGPJ, cuya forma de constituirse es igualmente banderiza.
Como esta suerte de enfermedad sectaria ha infectado también a otros organismos del sistema jurídico-constitucional, el entramado institucional pierde credibilidad a borbotones y se crea una opinión pública justificadamente escéptica y despegada que observa –entre atónita e indiferente—como un ministro de Exteriores de un régimen autoritario –Venezuela—insulta a un juez con el denuesto público (“mafioso”) y no pasa nada. Y a fuerza de no pasar nunca nada, está pasando de todo y el sistema agoniza y se nos va de entre los dedos de las manos. Como agua en cesta de mimbre.
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OPINIONES DE LOS LECTORES, 
56 COMENTARIOS
56 .- #46 ¿ Qué le pasa Mr. Flaubert ? La CONSTITUCIÓN ¡¡¡NO DEBE MODIFICARSE!!! En todo caso, propongo volver al "franquismo" puro y duro, pero ¡Contundente!
¿Qué ha cambiado de la "dictadura" de Franco, con la "dictadura" de partidos que tenemos hoy en día?
El español, era prisionero de una "idea política", con Franco, ahora somos prisioneros de "varias ideas políticas" que se han UNIDO para someternos a sus ¡caprichos y necesidades económicas", o sea que tenemos "más dueños a quien dar gusto" resultando más CARO.
NO MR. FLABERT, mientras no haya "sangre a raudales" por las calles, los españoles seguirán diendo lo que han sido durante siglos: ESCLAVOS DE SEGUNDA CLASE A MERCED DE UNA CASTA QUE SE BURLA A CARCAJADAS DE SUS "MENSOS" SERVIDORES QUE LOS VOTAN.
FLAUBERT, le recomiendo la poesía y el divertimento alternante en un Café elegante del Madrid castizo. TAXCO
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55 .- #32 Estimado Arias muy bien #49.
El CGPJ es un organo constitucional Art 122 CE. Art 59 LOTC.
Como organo colegiado el propio articulo 122 se refiere a su composicion con 21 miembros nombrados por el Rey. 12 entre miembros de la carrera judicial.
El desarrollo de este precepto constitucional se llevo a cabo por la ley del poder judicial de 1.980 que atribuia la eleccion a la carrera, y posteriormente por ley de 1.985 que se lo dio a las Cortes, posteriormente se modifico por pacto PP-PSOE en donde el PSOE insistio en mantener su eleccion por politicos.
Personalmente me parece un error y una forma de politizacion, pero es una ley aprobada en cortes y lo respeto a pesar de que no lo comparta. Eso es ser democratico.
Ud parece que me desacredita el organo porque no tiene una mayoria de un grupo, eso entiendo yo que es una actitud anti-democratica.
¿No gusta el sistema? Pues cambiemoslo
¿Pero realmente la izquierda quiere cambiarlo o solo quieren que siempren manden los suyos, rompiendo las reglas del juego democratico y del estado de derecho?
Es una actitud sectaria y antidemocratica: un juez para ser juez no solo tiene que serlo, sino ser "de los mios".
Un Saludo
54 .- #47 Dice Ud. " Desde cuando los jueces son aforados? Tendrán sus normas de procesamiento pero no UN FUERO ESPECIAL. Eres realmente despreciable, ignorante, atrevido y decididamente corto."
Ud. no es solamente un ignorante en grado supino, sino que además se permite insultar a una persona que le ha puesto de manifiesto con argumentos que Ud. se equivocaba.
Por supuesto que los jueces son aforados. Se denominan personas aforadas las que han de ser enjuiciadas por un órgano jurisdiccional penal distinto [normalemtne superior] del establecido para los mismos delitos con carácter general.
Cuando un juez comete un delito en el ejercicio de su cargo pasa a ser una persona aforada y el órgano competente será el Tribunal Superior de Justícia o el TS [depende del órgano donde este sirviendo el juez]
Conocen de las personas aforadas en causas penales:
A] La Sala 2ª del TS
B] Una Sala especial: formada por el Pte. del TS, los Ptes. de Sala y el Magistrado más antiguo y más moderno de cada Sala.
C] El Tribunal Superior de Justícia , por medio de su sala penal.
53 .- #52 [2] En el #39 me dice que desconozco que el TS conoce de delitos y faltas cometidos por Jueces, y me demuestra que ademas de ignorar que efectivamente no conocen asuntos de Jueces, si es que se ha leido el art 57 LOPJ #41. Como ya intuyo que su ignorancia es extensa, le advierto que la Carrera Judicial se divide en Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo.
Garzon es Juez-Magistrado que recibe el tratamiento de Magistrado. Intuyo que tambien lo ignora.
En #43 repite lo que yo ya le he dicho anteriormente, y ademas me acredita que no sabe distinguir entre "conocer/enjuiciar" e "instruir".
Y ya en #47 me confirma que confunde aforado con un aforado parlamentario, que confunde la especie con el genero :-]]
Y llegado a este punto, todo esto, unido a su estilo barriobajero y falton ¿no le da un poco de verguenza?
A mi desde luego me da verguenza ajena.
Un Saludo
52 .- #50 Sabijondo claro que lo deja,
en otro caso haria ud solito el Guines de los disparates Juridicos.
Recapitulando sus perlas
#15 Calumnia a Magistrados sin aportar nada sobre ello mas que su imaginacion, e ignorancia juridica ya que eso de que el Supremo le llama a ud :-]] ¿en concepto de que? ¿en que proceso?
¿Que el Supremo le va a enviar la Guardia Civil?
Vamos a ver, el supremo solo puede mandar la Guardia Civil cuando instruye, y eso solo sucede en el caso de los aforados [art 57 LOPJ] ¿esta ud implicado en un proceso con imputados/procesados aforados en el Supremo? Claro no, a lo sumo una fantasia de mentes calenturientas:-]]
En el #28 ud escribe que yo he escrito que el Supremo se limita a conocer casos de aforados. No se invente lo que escribo, a mi mensaje me remito #18, Yo he escrito que mandar un oficio a la Guardia Civil es una diligencia propia de la instruccion, y el S.Penal del TS solo instruye en caso de aforados; en otro caso conoce de la Revision y la Casacion, amen del especial de Queja.
Ahi demuestra desconocer la materia.
En el #39 me dice que desconozco que el TS conoce de delitos y faltas cometidos por Jueces, y
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