ElConfidencial.com

El Tribunal Supremo israelí ordenó hoy la puesta en libertad de la activista española Ariadna Jové Martí, detenida ayer en la ciudad cisjordana de Ramala, aunque la obliga a permanecer en Israel hasta que concluya su juicio.

Además, la catalana y la otra activista arrestada, la australiana Bridgette Chappel, tendrán que depositar cada una 3.000 shekels (590 euros o 802 dólares) de fianza, según han decretado los jueces en la vista celebrada esta mañana en la sede del Tribunal Supremo en Jerusalén.

Jové Martí está acusada de no tener el visado israelí en regla, de no haber pedido permiso al Ejército israelí para entrar en la ciudad palestina de Ramala y de "actividades ilegales" sin concretar, explicó su abogado, Omer Shatz, quien cree que el motivo real del arresto es el activismo pro palestino de sus clientas.

La liberación podría efectuarse hoy o mañana, precisó Shatz al concluir la vista, momento en que la arrestada española recibió la visita de personal de la Embajada en Tel Aviv y el Consulado en Jerusalén para preocuparse por su integridad física y asegurarse de que recibe la asistencia legal adecuada, explicaron fuentes diplomáticas españolas. Las fuentes señalaron que las chicas están "bien, animadas", conformes con pagar la fianza y tienen a su disposición alojamiento en Tel Aviv.

El abogado defensor calculó que la corte tomará una decisión dentro de unos cinco días en torno a los dos temas a debate: si el arresto ha sido legal y si hace falta un visado israelí en vigor para vivir en zona A, es decir, los núcleos urbanos palestinos, que están bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), en virtud de los Acuerdos de Oslo, alcanzados en 1993.

Omer Shatz calificó la decisión de "éxito" por considerar que "implica un reconocimiento de que la detención no ha sido correcta, lo que abre un interrogante sobre las posibilidades del Ejército y el Ministerio de Interior de actuar en territorio palestino".

Legitimidad del Ejército para hacer detenciones

Ayer, la portavoz del Ministerio israelí de Interior, Sabin Hadad, aseguró que su país deportaría "en los próximos días" a la activista catalana, que forma parte del pro palestino Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM, en sus siglas en inglés) y escribe artículos para el portal de información alternativa Rebelión.

En la vista, que comenzó hoy a las 10:30 hora local (07:30 GMT) y duró alrededor de hora y media, la Fiscalía pedía que cada una de las acusadas depositara una fianza de 25.000 shekels (4.900 euros o 6.670 dólares) y que el asunto se trasladara a un tribunal de distrito. También solicitaba que Jové Martí, que se mostró tranquila durante el juicio, y Chappel firmasen un documento en el que se comprometieran a no entrar en zona A y a no participar en manifestaciones.

La Defensa reclamaba, en cambio, la liberación inmediata sin condiciones de sus clientes y que se les permita regresar a Ramala para "continuar con su actividad pacifista" en defensa de los derechos de los palestinos, sin necesidad de que se las exija visado israelí porque no están en territorio israelí, sino palestino.

El debate en la vista giró en torno a la legitimidad del Ejército israelí para hacer detenciones en zona A por motivos no vinculados a la seguridad, como es la expiración de un visado, labor que correspondería a la Policía.