Hugo Chávez intensifica las expropiaciones arbitrarias sin indemnización

En nombre del socialismo, el presidente Hugo Chávez asfixia a la propiedad privada y castra a los emprendedores en Venezuela. Siguiendo los dictados de Lenin en El Estado y la Revolución -“el control del Estado debe empezar con la expropiación de los capitalistas”-, se ha dotado de una normativa para nacionalizar, expropiar, estatalizar y hasta confiscar empresas, industrias y tierras sin que haya conseguido aumentar la productividad. Venezuela es, junto al devastado Haití, el único país de Latinoamérica cuya economía no crecerá este año. Además, encabeza la inflación más alta del continente con una previsión para 2010 de casi el 30%. La muerte del agricultor Franklin Brito tras una huelga de hambre en la que reclamaba el terruño que le fue arrebatado ha levantado ampollas, pero el listado de víctimas de esta política chavista es interminable.

En enero de 2007, el mandatario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) impulsó un plan de nacionalización de sectores clave de la economía: petrolero, eléctrico, siderúrgico, telecomunicaciones, alimentario y cementero, principalmente. Entre los afectados hay al menos 220 españoles residentes en el país cuyas fincas rurales e industriales fueron expropiadas; el Grupo Santander tuvo que aceptar la compra de su filial, el Banco de Venezuela, por 1.050 millones de dólares. Compañías de todo el mundo han sufrido nacionalizaciones, intervenciones, ocupaciones y, en el mejor de los casos, han sido adquiridas por el Gobierno de la República. Pequeños agricultores como Brito se vieron afectados por la expropiación en 2009 de 10.000 hectáreas de supuestos latifundios para fomentar la producción de alimentos, basándose en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Las expropiaciones a pequeñas propiedades “crecen como hongos, ocurren todos los días, en todas partes” y al menos 970 empresas registradas formalmente han sido estatalizadas, refiere a El Confidencial el profesor del venezolano Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA) Miguel Ángel Santos. Aunque las protestas se suceden, nada frena a Chávez. Además, aunque al principio del proceso se abonó “al cien por cien” la compra de empresas transnacionales, “de un tiempo para acá los pagos son irrisorios en contraste con el valor de la propiedad expropiada y los propietarios no han obtenido la compensación previa que exige la ley, que ha sido sustituida por el concepto de ‘compensación oportuna’”, señala el economista.

Aunque está vía sólo se justifica por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago de una justa indemnización, el Gobierno “no está pagando a nadie el valor de los activos expropiados”, advierte Santos; “en cualquier caso, la negociación es unilateral y de claro chantaje: Te ofrezco un precio, acéptalo porque si no me lo voy a quedar de todas maneras”. Según alardea Chávez, la propiedad pasa a manos de “la clase obrera y las comunidades”, pero son muchos más los beneficiados cercanos a su régimen.

Según datos del Observatorio de Derechos de Propiedad, entre enero y agosto de este año el 72% de las expropiaciones correspondieron a industrias y comercios, y el 12 al sector inmobiliario; el agroalimentario, que cuando empezó el proceso representaba el 70%, ahora es sólo del 16%.

Una política que destruye el aparato productivo

Esta política “ha ido destruyendo el aparato productivo del país, lo que explica las fuertes caídas en el PIB registradas hasta ahora” y “todos los activos que el Gobierno ha expropiado han perdido aceleradamente capacidad de producción; el caso más peligroso es el del petróleo, pero también se ha dado en electricidad, agua, aluminio”, apunta. No es el único que lo denuncia: la patronal Conindustria acusa al presidente de la progresiva destrucción del parque industrial venezolano y, según el Banco Central de Venezuela, en el segundo semestre del año la minería ha retrocedido un 19,6%, el comercio un 6 y la construcción un 6,4%.

Las nuevas restricciones al mercado cambiario y al acceso a las divisas autorizado de los empresarios crean problemas productivos a las empresas. El resultado es que Venezuela importa la mayoría de los productos y bienes que consume. Asimismo, la nación sufrió su mayor crisis eléctrica entre 2009 y mediados de 2010, con cortes de suministro y fuertes racionamientos a la industria, previa compra por el Gobierno de dos compañías eléctricas extranjeras.

El objetivo de estas políticas es “hacer la revolución socialista de manera gradual y el fracaso posterior de las empresas es un daño colateral”, manifiesta a este diario el profesor del IESA y consultor independiente Ricardo Villasmil. La revolución bolivariana emprendida por el autoerigido como defensor del socialismo del siglo XXI no aspira a un ideal de sociedad “de gran actividad empresarial, inversión, crecimiento económico y ascenso social, sino más bien el de una sociedad cuasi polpotiana, rural, simple, pobre pero ‘virtuosa’, sumisa y dependiente del Estado”. Para lograrlo es necesario primero destruir el sistema económico actual y “eso es lo que busca con estatalizaciones, expropiaciones y regulaciones que asfixian al empresariado”.

Según Villasmil, los empresarios que toleran o ‘apoyan’ este proceso “como los banqueros Víctor Vargas o Juan Carlos Escotet, obtienen favores oficiales, expanden sus negocios a expensas de los afectados y toman posiciones de liderazgo en el mercado apostando a un futuro sin Chávez y sin un proyecto socialista; es una apuesta y, en el peor de los casos, ‘ganan tiempo’ y obtienen grandes ganancias”.

El panorama, según su colega Santos, es desolador: “Pasamos de tener un sector privado que sólo invertía en depreciación, lo que explica la baja tasa de crecimiento del país entre 1979 y 1998, a tener un Gobierno que expropió esos activos sin pagar, y los explota y destruye por falta de experticia y porque, como no le han costado nada, no reinvierte”. Así las cosas, Venezuela sumará en 2010 dos años de decrecimiento económico y se prevé que la tendencia continúe el próximo; el país ocupa el antepenúltimo puesto de 140 países analizados en cuanto a libertad económica se refiere -que mide, entre otros factores, las regulaciones del Estado que afectan a los inversores- y el número 170 de entre 180 países en cuanto a competitividad, publica El Universal de Caracas. Sólo sube en el ránking en materia de corrupción, donde se equipara a Burundi, Guinea o Irán, y de falta de transparencia política, jurídica y económica.