La Justicia italiana, colapsada por la superpoblación de abogados: ¡Ya son más de 230.000!

En nueve años y medio da tiempo para muchas cosas. Se puede fundar, hacer triunfar y hundir una empresa, estudiar una carrera y sacarse unas oposiciones de las difíciles o criar a un hijo, entre otras infinitas posibilidades. También uno se puede pasar esos 114 meses esperando a que la Justicia apure sus infinitos recorridos y acabe dictaminando un veredicto final sobre un proceso que tal vez nos condiciona la vida.

Es lo que les ocurre a los italianos. Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Justicia, la duración media de las causas civiles que pasan por la Corte de Casación (el Supremo transalpino) es de nueve años y medio. Si el implicado es afortunado y no precisa recurrir al más alto Tribunal, la duración media se queda en seis años y tres meses. Franz Kafka encontraría inspiración de sobra en Italia si tuviera que escribir hoy “El proceso”.

¿Quién tiene la culpa de esta situación? ¿La falta de jueces y de medios? ¿El irrefrenable impulso de los italianos por pleitear? Es evidente que la escasez de magistrados y de juzgados contribuye a alargar los tiempos de los procesos, al igual que ocurre con la inclinación de los ciudadanos a recurrir a la Justicia por los motivos más nimios. Y es que la habitual frase “ti faccio causa” (te llevo a juicio) no es sólo una amenaza: en demasiados casos acaba convirtiéndose en una pesada e interminable realidad.

Existe otro elemento que explica los tiempos infinitos de la Justicia. Italia es el país europeo con mayor número de abogados, 230.000, una cifra que aumenta con las 15.000 nuevas incorporaciones que se producen cada año. Este ejército de letrados tiene que ganarse la vida de alguna manera. Poco importa el dinero y tiempo que pierden los implicados y el Estado: lo importante es impulsar nuevos procesos y dilatarlos al máximo. Echar la culpa a los abogados por la lentitud de la Justicia es algo recurrente entre los italianos. Incluso entre los que saben del tema. El último en hacerlo ha sido el magistrado Piercamillo Davigo, ex fiscal del caso Manos Limpias y hoy consejero de la Corte de Casación.

Cerca de 250 millones en indemnizaciones

Los letrados, por supuesto, rechazan esta tesis, aunque admiten que su número es excesivo. El mes pasado el Corriere della Sera denunciaba que sólo en la ciudad de Milán hay 20.000 abogados, la mitad que en toda Francia. La superpoblación de estos profesionales afecta también a nuestro país, donde hay más de 150.000 entre ejercientes y no ejercientes. Alemania, con el doble de población que España, tiene 8.000 menos. El primado europeo en número de letrados por cada diez mil habitantes lo ostenta Liechtenstein con 39. Ya se sabe que en los paraísos fiscales a los juristas no les hace falta pasarse por las oficinas de empleo público.

Para intentar resarcir a las víctimas de la lentitud de su Justicia y, de paso, ofrecer algo más trabajo a su legión de abogados, Italia cuenta con una ley desde 2001 que contempla indemnizaciones para los ciudadanos que ven cómo sus procesos se alargan más de lo previsto. Si una causa excede los tres años en el tribunal de primera instancia, el afectado tendrá derecho a recibir una cantidad como compensación por cada año extra que pase.

En menos de una década que la normativa lleva en vigor, el Ministerio de Justicia ha tenido que pagar 250 millones de euros en resarcimientos. Esta ley, en principio positiva, ha tenido un efecto indeseable para el Estado: en un desquiciante rizado del rizo son muchos los que tienen que abrir un proceso y pedir una nueva indemnización porque tarda demasiado en llegar la compensación que les corresponde por una causa anterior.