El Gobierno, incapaz de defender los intereses españoles amenazados por Chávez

El Gobierno Zapatero reconoce y acepta su incapacidad para defender adecuadamente los intereses de los españoles residentes en Venezuela, cada día más amenazados por el régimen de Hugo Chávez. En un telegrama reservado de abril de este año, dirigido por el embajador de España en Caracas, Dámaso de Lario, al ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que obra en poder de este diario, se asegura que “la única manera de proceder es la antes descrita: aguantar y negociar lo mejor que se pueda”, y ello con el objetivo de “mantener abierto el procedimiento en espera de una decisión de alto nivel político del presidente o de un cambio de la ecuación en Venezuela”, eufemismo que parece aludir a un eventual derrocamiento de Chávez.

La situación de los residentes españoles en Venezuela y sus propiedades es descrita por el embajador Lario Ramírez con tanto dramatismo como resignación: “Tan solo funciona [a la hora de reclamar o protestar] la intervención directa de los altos responsables políticos que acompañan al Presidente. Es preciso llegar a ese núcleo de poder para resolver cualquier problema de ocupación de tierras, requisa de edificios, centros comerciales o empresas. Lógicamente, el acceso a ese círculo cerrado es complicado, de ahí que los resultados en materia de protección consular hayan sido sumamente limitados”.      

En su telegrama del 12 de abril pasado dirigido al gabinete del ministro, con copia a otras embajadas y organismos centrales, De Lario describe el perfil de los intereses amenazados: “Lo más habitual son propiedades e intereses de españoles que llegaron a Venezuela hace décadas y que tras años de esfuerzo, trabajo y éxito han acumulado un patrimonio más o menos importante: sociedades mercantiles, constructoras, fincas agrarias, urbanas, negocios, empresas, comercios, etc. En estos momentos, hay unos 200.000 españoles inscritos en el PERE -Padrón de Españoles Residentes- y muchos de ellos están en este segmento social. Con ellos solo cabe la protección consular”.

“Al tratarse de bienes radicados en Venezuela y construidos con recursos obtenidos en este país, todo conflicto debe someterse a la legislación venezolana y a los Tribunales del país. Al ser sumamente precario el Estado de Derecho, las gestiones de la Embajada o del Consulado rara vez dan resultado. No suele haber respuesta ni a cartas, ni a llamadas telefónicas, ni a gestiones personajes, cuando se consiguen audiencias con responsables venezolanos”, asegura De Lario, que el pasado 1 de septiembre cesó como embajador en Venezuela para ser nombrado director de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ejercerá como portavoz del ministro Moratinos.

En la base de datos del Consulado general de España en Caracas había en abril pasado unos 150 expedientes abiertos: “El acta de 29 de julio de 2009 firmada por el Sr. Ministro y el canciller Maduro en Caracas, creó una Mesa de Trabajo que revisó 93 casos de fincas agrarias ocupadas. A pesar de que en enero de 2010 la impresión era algo menos pesimista, los dos últimos meses han traído un parón total, y de la decena de dossiers en vías de solución no se ha resuelto prácticamente ninguno. Indemnizaciones no se han pagado, a pesar de los esfuerzos constantes del Gobierno español, del embajador Elorza, que visitó tres veces Caracas y, naturalmente, los de esta Embajada y Consulado en Venezuela”.

Hugo Chávez le toma el pelo al ministro Moratinos

Los acuerdos que Moratinos firmó en su visita a Caracas de julio de 2009 -visita que el caudillo venezolano calificó de “muy importante, muy oportuna, refrescante y fortalecedora”- son, pues, papel mojado. De Lario asegura que “de los aproximadamente 50 expedientes de fincas urbanas y empresas industriales, a pesar del compromiso de la cancillería venezolana no se llegó a constituir una Comisión Mixta, aunque fuera con un mandato modesto, como en el de la Mesa de Tierras. Con ello y con lo señalado anteriormente, resulta sumamente difícil ayudar a los españoles en dificultades, propietarios de comercios, almacenes, edificios, etc...”.

“Tanto el Cónsul General como los abogados del despacho de D. Mario Villarroel están aconsejando a la gente resistir por todos los medios legales”, reconoce el entonces embajador, “intentar negociar y si falla la vía pacífica, en caso de conflicto recurrir a las vías administrativas y jurisdiccionales para mantener abierto el procedimiento en espera de una decisión de alto nivel político del Presidente o de su entorno, o de un cambio de la ecuación (sic) en Venezuela”.

Y ello a pesar de que el propio embajador reconoce que “el número de españoles afectados es por desgracia mucho mayor que el de aquellos que han recurrido a esta Representación. Puede dar una idea que de unas 8.000 Fincas Agrarias en Venezuela, 2.000 serían de origen español, 200 estarían ya ocupadas (muchas de las otras amenazadas) y sólo 93 fueron examinadas en la mesa de Trabajo del INTI. El número de empresas, comercios, negocios, y propiedades de españoles amenazadas es enorme. Incluso muchos Centros Españoles, canarios o gallegos, viven en un estado de permanente zozobra”.

El embajador, en fin, reconoce su impotencia, que es la impotencia del Gobierno de España y de su ministro de Asuntos Exteriores para defender los intereses avasallados de los ciudadanos españoles: “Todos coincidimos en que la única manera de proceder es la antes descrita, es decir, aguantar y negociar lo mejor que se pueda, ya que piensan muchos que si se produjera una tensión en la relación hispano-venezolana, podría desencadenarse ya una acción directa contra nacionales e intereses españoles, lo que empeoraría aún más la situación”. Impotencia, pues, y lo que es peor: miedo a Hugo Chávez.