Los expertos niegan que Francia tenga derecho a expulsar de forma automática ni masiva

Ayer martes se reunía en Bruselas una representación del Gobierno francés encabezada por el ministro de Inmigración francés, Eric Besson, con los comisarios europeos de Interior, Justicia y Asuntos Sociales para examinar su polémica política de expulsión de gitanos rumanos y búlgaros. El pasado mes de julio, Nicolas Sarkozy ordenó desmantelar la mitad de los campamentos ilegales de gitanos y la deportación de sus habitantes, lo que suma, a día de hoy, la expulsión de 977 personas de esta etnia.

La Comisión Europea (CE) expresó a El Confidencial que a partir de la reunión con la delegación francesa se estudiará la situación de los gitanos en el país galo, pero que de momento no expresará su posición públicamente, según palabras del portavoz de Justicia, Matthew Newman. Aunque el asunto tiene varias dimensiones, y cuentan con estudiar cuestiones como la integración de los gitanos en Europa, el punto sangrante es resolver si las expulsiones que llevan a cabo las autoridades galas operan en concordancia con la normativa europea y si se están respetando los derechos fundamentales de la comunidad romaní.

Por sorprendente que parezca, en un principio, Francia cuenta con los instrumentos legales para expulsar a los ciudadanos búlgaros y rumanos, pero el marco legal en el que debe desarrollarse dicha acción también estipula una serie de circunstancias nada despreciables. Es decir, la legislación europea ha instaurado como uno de sus grandes pilares fundamentales la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos europeos en el territorio de la UE, que se materializa actualmente a través de la directiva 2004/38/CE. Sin embargo, algunos Estados miembros cuentan con acuerdos de transición, como es el caso de Francia, que dispone de una restricción para los ciudadanos búlgaros y rumanos hasta 2014 por la que se exige que deben tener un permiso de trabajo para residir en el país galo, sin el cual pueden ser teóricamente retornados a su país.

“El problema es que Francia está procediendo a la expulsión automática de búlgaros y rumanos. Si se tratara efectivamente de retorno voluntario, como afirma el Gobierno, no deberían ser consideradas como expulsiones ilegales”, afirma la portavoz de ENAR (Red Europea contra el Racismo, por sus siglas en inglés) Georgina Siklossy. En cambio, el retorno forzado o expulsión debe llevarse a cabo de forma individual, según la situación de cada individuo y “ser proporcional con la amenaza al orden público o el peso sobre la seguridad social que éste representa”.

En calidad de presidente del Comité de libertades civiles del Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista Juan Fernado López Aguilar, declaró a este pediódico que en el seno del grupo socialista están convencidos de que la situación de las expulsiones en Francia “es contraria al derecho europeo” y argumentó, entre otros motivos, que además de tratarse de ciudadanos europeos, “se están expulsando a personas porque son sospechosas”.

Desde ENAR se señala otra particularidad de la legislación gala que no se aplica correctamente. Así, en ciudades cuya población excede los 5.000 habitantes se debe prever lugares de recepción adecuados para los gitanos y viajeros. Además, el derecho internacional establece que incluso en campamentos ilegales, las expulsiones sólo pueden llevarse a cabo una vez examinadas otras alternativas. Mientras, se debe ofrecer un alojamiento alternativo adecuado.

Precedente e impunidad

En estos últimos días la actuación gala ha sido objeto de una lluvia de críticas in crescendo, dado que el Ejecutivo francés se ha mostrado persistente, respondiendo con nuevas medidas, como la enmienda para expulsiones de extranjeros que “amenacen el orden público en actos reiterados de robo o mendicidad agresiva”. Para más inri, el ministro de Inmigración, declaró ayer en Bruselas que la libre circulación no puede ser “incondicional”.

La comunidad gitana es la minoría étnica más presente en los países de la Unión. Los expertos consideran que Bruselas debe pronunciarse lo antes posible, que mientras permanezca neutral respecto a este asunto, tan sólo se alentará un mal precedente. Así, la impunidad temporal de la goza Francia contribuye a “crear un clima de estereotipos negativos hacia los gitanos y a la estigmatización de esta comunidad en otros países”, apunta Siklossy. Asimismo considera que la falta de reacción del Ejecutivo comunitario responde más bien a una “vacilación crónica con tal de no criticar las políticas de los Estados miembros”.

Se teme que el caso galo sirva de ejemplo a otros países comunitarios. De hecho, en la práctica, Dinamarca, Suecia o Alemania ya han puesto en marcha expulsiones de gitanos hacia otros países de la UE. En el caso italiano no se expulsa, pero se desmantelan los asentamientos de gitanos sin proveer un alojamiento alternativo.

Discriminación étnica

La CE también analizará tras la reunión de ayer con la delegación gala otras cuestiones que inciden en este conflicto, como son los problemas de integración de la comunidad romaní en la sociedad. En este sentido Bruselas anunció en abril un ambicioso programa para fomentar políticas de inclusión de la minoría étnica más numerosa de la UE. La CE pedía entonces a los Estados miembros que utilizaran los fondos estructurales europeos para asegurar el acceso de estas comunidades al trabajo y a la educación no segregada, a la vivienda y a los servicios sanitarios.”

Legalmente, la discriminación sobre una base étnica es contraria a la normativa europea y se extiende a todo el territorio de la Unión desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Carta europea de derechos fundamentales. Por ello, la CE ha publicado recientemente al respecto que la integración de la población gitana, estimada en unos 10 a 12 millones de personas (tan grande como la población de Bélgica o Grecia), es una responsabilidad conjunta de los Estados miembros y de las instituciones de la UE.