La democracia latinoamericana se feminiza pese a las trabas legales y el machismo

Dilma Rousseff será la tercera presidenta de América Latina. En la región el porcentaje de mujeres parlamentarias es del 22%, situándose por delante del 18% de Europa. Los sistemas de cuotas han facilitado estos avances, pero aún quedan muchas barreras legales y mentales que superar. Su presencia en los poderes judicial y local es mínima, las élites políticas masculinas se resisten a perder parcelas de autoridad y a la sociedad le cuesta desprenderse del machismo imperante desde hace décadas. Tras la histórica IV Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, las mujeres latinoamericanas han conseguido conquistas, pero el acceso igualitario al poder sigue siendo un anhelo.

Tras la reciente experiencia de Chile, donde Michelle Bachelet ha dejado huella en uno de los países más conservadores de la región, la llegada de Dilma Rousseff a la presidencia de Brasil se suma a Cristina Fernández en Argentina y Laura Chinchilla en Costa Rica para demostrar que algunos de los países más influyentes de la región han optado por mujeres en un continente donde la igualdad entre sexos aún tiene mucho camino por recorrer. Abrieron el camino la argentina Isabel Perón, Violeta Chamorro en Nicaragua o Mireya Moscoso en Panamá. Con distintas ideologías y trayectorias políticas diferentes, ejercieron y ejercen el poder con aciertos y errores, igual que sus pares.

“Es posible pensar en una presidenta en todos los países latinoamericanos”, asegura a El Confidencial Sonia Montaño, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Los estudios de este organismo, dependiente de la ONU, demuestran que las mujeres son más eficientes en sus campañas electorales porque gastan menos, cada vez participan más en política y aún demandan mayor presencia “y, si no lo hacen, es por los obstáculos que encuentran”.

Las cuotas de género -instauradas en doce países de la región con obligación de representación femenina de entre el 20 y el 50%, según cada Estado- han demostrado ser un instrumento eficaz. Según un informe de la Unión Interparlamentaria, los países que las implementaron tienen una representación promedio de mujeres en el legislativo del 19,3% frente al 14,7% del resto. Pero son muchos quienes atacan este sistema y los partidos recurren a estratagemas para eludirlo.

En México se conoce como Juanitas a las diputadas que son obligadas por sus partidos a renunciar a sus escaños en favor de sus substitutos masculinos. En Bolivia y Ecuador son los candidatos travestis, hombres que se inscriben con nombres femeninos sin que ello les depare ni sanciones ni la renuncia a su cargo. La CEPAL promueve las cuotas como “medida de acción positiva y de igualar el punto de partida”. Dejar la representación femenina a la voluntad de los partidos políticos no da buenos resultados.

Renunciar al sueño de formar una familia

Otra traba que enfrentan las mujeres latinoamericanas es la atribución mayoritaria del papel de cuidadora del hogar y los hijos, por lo que deben iniciar su carrera política cuando dan por cumplida esta tarea -más tarde que los hombres- o renunciando a un proyecto familiar. También se les exige un nivel de formación más alto, sobre todo en el poder local: “Deben demostrar tener más méritos que sus pares” y se les dificulta el acceso a los recursos económicos, denuncia Montaño. Ese problema, lamentablemente, no es exclusivo de la región. La situación se complica aún más cuando se trata de mujeres afrodescendientes o indígenas, que acumulan otra discriminación más.

La creciente incorporación de la mujer al mercado laboral contribuye a romper mitos en la mentalidad colectiva en favor de la igualdad; también ayuda al acceso al poder de las mujeres la mayor calidad de las democracias en países que ya han superado sus épocas dictatoriales. “Antes llegaban al poder como esposas o viudas de presidentes, sin pasar por las urnas, ahora lo hacen con ropa propia”, destaca la experta.

Pese a los logros, en la última reunión de expertos en participación política de la mujer en Latinoamérica, celebrada en abril y auspiciada por distintos órganos internacionales, se puso de manifiesto que existe una cultura política “complicada y discriminatoria”, “racismo y sexismo” y que el financiamiento público de los partidos políticos debería tener en cuenta criterios de género porque hay dificultades para trasladar la vitalidad de la participación ciudadana al ámbito del poder. La “tensión entre las leyes y las mentalidades” son, según Montaño, el reto a superar.

La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi define la revolución de las mujeres como “una de las no fracasadas” en el siglo XX por cambiar “la convivencia, las relaciones sociales, políticas y familiares”. En Latinoamérica las luchas feministas se remontan a las guerras de independencia, pero si la presencia femenina en el ámbito judicial apenas supera el 12% y en los gabinetes de gobierno es del 20%, centrada en ministerios más sociales que de peso político, es que aún queda mucho por alcanzar.