Calderón logra 'fundir' al poderoso sindicato eléctrico

Cayetano Cabrera ha perdido unos 18 kilos desde que sólo ingiere agua y miel. El 25 de abril, junto a otros 90 ex trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) comenzó una huelga de hambre y se mudó al campamento instalado en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, pero hoy apenas le secundan una quincena de compañeros. Son los más debilitados en el pulso que el otrora todopoderoso Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) planteó al Gobierno del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) tras el decreto presidencial por el que se extinguió la compañía paraestatal que dejó en la calle a sus 44.500 trabajadores el 11 de octubre de 2009.

Con buena parte de la opinión pública y mediática en contra y con un Ejecutivo que no ha cedido un ápice en su postura inicial, la protesta que algunos están dispuestos a continuar hasta la muerte le ha valido múltiples críticas al controvertido líder del SME, Martín Esparza, quien ejerce como Secretario General aunque su reelección fue anulada el pasado diciembre por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). La única vía real que les queda es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a su favor y declare inconstitucional el decreto de extinción de LyFC, pero mientras esa resolución llega, algunos ex trabajadores están dispuestos al martirio.

Cabrera es uno de ellos y advierte al presidente Felipe Calderón y al ministro del Trabajo, Javier Lozano, de que “si esperan que haya un muerto para rectificar, ya no tardará”. Asegura a El Confidencial que mantiene intactos sus ánimos y sus convicciones desde que empezó la huelga de hambre, aunque su salud se deteriora día a día, según los médicos que le atienden, y sufre dolores “abdominales y en los costados”. Ha visto cómo la mayoría de sus compañeros han sido trasladados a centros hospitalarios y han abandonado la medida de presión, pero él se niega a ir a una clínica. “Continuaré en la lucha hasta las últimas consecuencias”, asevera con voz cansada.

Los dos informes estatales sobre la extinción de la compañía han sido calificados como reservados por razones de “seguridad nacional” y no podrán hacerse públicos hasta 2021. Pero el Gobierno federal ha justificado su decisión en que LyFC era una de las empresas públicas “con mayores pérdidas” y una operación “ineficiente”. Su subsidio crecía cada año, y en 2009 fue de 2.677 millones de euros, el doble del presupuesto del Programa Oportunidades de lucha contra la pobreza. También ha alegado que el contrato colectivo firmado con el SME “impedía la operación eficaz” del organismo y que las decisiones importantes se tomaban “en función de las preocupaciones e intereses del sindicato”. Por ello trasladó la prestación del servicio a 26 millones de clientes de la zona centro del país al monopolio Comisión Federal de Electricidad (CFE). El costo total de la liquidación de LyFC será de 1.346 millones de euros entre 2009 y 2010.

Sólo 369 contratados

El 61% de los ex trabajadores de LyFC aceptó la liquidación ofrecida por el Ejecutivo -el equivalente a cerca de dos años y medio de sus salarios- y acudió al proceso de contratación en la CFE, pero de esos 14.239 ex trabajadores sólo 369 fueron empleados. Otros 1.500 siguen cursos de capacitación, pero Lozano ya ha aclarado que no hay garantías de trabajo para todos; 1.262 han optado por crear 42 empresas, ocho de las cuales han firmado contratos con la CFE.

Para los ex trabajadores de la compañía agrupados en la Coalición de Miembros del SME, estos datos son positivos, pero también insuficientes. Detractores de la huelga de hambre y de Martín Esparza, recomiendan a sus compañeros capacitarse más y abandonar “algunos vicios” que tenían en Luz y Fuerza, como “abusar” de las cláusulas del contrato colectivo para “no presentarse a trabajar”.

El SME, un sindicato con importantes victorias en favor de los trabajadores desde su creación en 1914, considera que el cierre de Luz y Fuerza esconde el interés del Gobierno por ceder el negocio eléctrico -que según la Constitución mexicana debe ser público- a empresas privadas nacionales y extranjeras, algo que el Ejecutivo niega. También está el futuro negocio de la fibra óptica para el acceso a las telecomunicaciones, en la que, según el sindicato, la compañía paraestatal era un estorbo para los intereses económicos del Ejecutivo. Pero el SME tiene otros intereses en juego como su propia liquidez, ya que tiene las cuentas congeladas.

La Comisión Federal de Electricidad tampoco permanece inmaculada. Varios de sus ex dirigentes y actuales responsables están siendo investigados en Estados Unidos y México por aceptar supuestamente sobornos de una empresa texana a cambio de un contrato otorgado en 1997 y renovado en 2003. Además, de enero a mayo la facturación por el consumo de energía eléctrica aumentó por encima del 30%, pero también las quejas de los consumidores por cobros indebidos: la CFE ha recaudado cerca de 300.000 euros más que LyFC, pero es la misma cantidad que le reclaman sus usuarios por supuestos errores en los recibos a favor de la compañía. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, en los cinco primeros meses del año recibieron 3.547 quejas frente a las 2.475 del mismo periodo de 2009. En ese mismo tiempo acumuló 22 multas por infracciones a la Ley por más de 25.000 euros.

Cayetano Cabrera sostiene, al igual que sus compañeros, que la CFE presta un “pésimo servicio”, con “constantes y prolongados cortes de energía”; desde el poder se ha acusado a los ex trabajadores de sabotear las líneas eléctricas, lo que niegan tajantemente alegando que sería imposible cortar conductores de alta tensión sin morir en el intento.

Mientras los trapos sucios se airean por ambas partes, los trabajadores en huelga de hambre apuran sus últimas fuerzas con el apoyo de compañeros en las carpas desplegadas en la plaza más grande de Latinoamérica. Bajo el plástico soportan el calor y los diluvios de la temporada de lluvias; quienes los visitan deben cubrirse la boca con máscaras y limpiarse las manos con gel antibacteriano para evitar infecciones por sus bajas defensas. Ya apenas se levantan de sus catres, pero insisten en que no permitirán que el Gobierno les “robe” sus empleos ni elimine el contrato colectivo con un sindicato que “no escatimaba” recursos en su formación. En caso de que la Suprema Corte de Justicia no les ampare, piensan en medidas más drásticas, pero quizás entonces ya se trate de una lucha perdida. Quizás ya lo sea ahora.