Perú dinamita (literalmente) la mina de áridos de un empresario murciano

"Hemos sido atacados, hemos recibido un atentado criminal por parte de funcionarios públicos. Me han dejado en situación de quiebra en un solo día. Y lo peor no es esto, sino que 200 familias de trabajadores se han quedado sin alimento por la corrupción estatal y sistémica que sufre el Perú".

Con estas palabras responde al teléfono desde Lima Iván Michilot (Benavente, 1975), un ingeniero de caminos español que regenta una mina de áridos en el país, a pocos kilómetros de la capital. Michilot, zamorano criado en Murcia, donde tiene casa y vive toda su familia, llegó a Perú en 2012 como gerente de la región para el Grupo Tello, dedicado a la extracción y fabricación de derivados para obras públicas. Un año después la empresa quebró y Michilot, con la ayuda de inversores locales, se adjudicó mediante subasta la concesión y explotación de la mina de la Comunidad Campesina las Viñas de Media Luna Jicamarca. Durante los últimos años el murciano y su equipo se han dedicado a los trabajos previos a la extracción de materiales, como la creación de caminos para el tráfico pesado, la nivelación del terrano o la elaboración de productos industriales para la construcción, una fase de inversión que antecede al negocio real, que no es otro que la obtención de hormigón.

Todos sus planes se fueron al traste la mañana del 23 de mayo. Lo cuenta Michilot: "Sobre las 10 de la mañana me avisaron desde la oficina de que se había presentado el fiscal provincial. No me extrañé, porque es habitual que vengan a pedir la documentación, levanten un acta y se marchen. Pero esta vez fue distinto. Me dijeron los trabajadores: 'Doctor, venga corriendo, que han venido con el fiscal al menos 130 policías". El ingeniero asegura que procedió a entregar todos los papeles, pero su veredicto estaba escrito de antemano: "Venían con la intención de actuar pasase lo que pasase, era obvio. Se reunieron el fiscal, el jefe de la policía y el ingeniero del estado a deliberar y a la vuelta escenificaron un teatro".

Los funcionarios acusaron a Michilot y su empresa, Inversiones Mvara, de estar ejerciendo ilegalmente la minería. "Yo les expliqué que es un proyecto insdutrial, no minero, pero no me hicieron caso. La última palabra la tuvo el ingeniero del estado, que está para tomar decisiones técnicas, no para decir qué es legal y qué no", dice Michilot. Y, sin más prolegómenos, los policías comenzaron a introducir cartuchos de dinamita en los motores de la maquinaria pesada.

Los funcionarios reventaron seis excavadoras tipo Caterpillar, tres cargadores de marca Volvo y tres plantas de procesamiento de áridos, una de ellas con un precio de mercado de un millón de dólares. Entre todos las máquinas, estima Michilot, se ha esfumado una inversión de más de 10 millones de dólares. El resto de maquinaria la incautaron. "Aquella noche lloré mucho. Llamé a mi madre, que también se puso a llorar, porque fue muy injusto. Estuve a punto de volverme a España, pero decidí luchar", lamenta el ingeniero.

"Lo que no puedo entender es la corrupción de estado. Había muchas formas de proceder: multar, precintar, incautar... las cosas que uno espera de un estado, vamos. No comprendo que unos funcionarios lleguen y coloquen barrenos en maquinaria carísima, me parece una práctica propia de la mafia", relata el español. De hecho esta es la teoría que manejan en su empresa: "Estamos seguros de que la policía ha actuado pagada por nuestros competidores. En el negocio de los áridos en Perú hay básicamente dos grandes empresas controladas por familias influyentes del país que están haciendo mucho dinero con la construcción, porque en Perú está todo por hacer y es el país que más crece de toda Latinoamérica. Hace dos meses recibí la oferta de uno de ellos para quedarse con la mina y la rechacé. Desde entonces no he vuelto a saber de ellos, pero me resulta una forma muy eficiente para que ellos se lleven la explotación a bajo precio", denuncia Michilot.

El español lamenta que la corrupción en Perú sea "sistémica, de arriba a abajo" y que no le permite desarrollarse profesionalmente: "En España nos quejamos, pero no tiene nada que ver con esto. Allí -en España- hay corrupción al más alto nivel, son empresarios, banqueros y políticos ricos, pero en Perú está en todos los sitios. Si necesitas un permiso administrativo tienes que pagar una propina, si te para la policía también... es una constante. La forma en la que han entrado en nuestra propiedad es también clásica de estos mafiosos: sin avisar y golpeando fuerte, con todo lo que tienen", dice el ingeniero.

¿Minería o producción industrial?

La clave de la polémica radica en el tipo de explotación de la mina. Desde el ministerio de Energía y Minas de Perú sostienen haber recibido denuncias por parte de la comunidad rural cercana a la mina de que en ese terreno se estaban realizando extracciones ilegales con las que presuntamente se estaría lucrando el español. Michilot, por su parte, sostiene que aún no ha llegado a la fase de explotación de la mina, y que solo está nivelando el terreno y aprovechando los materiales sobrantes para generar productos industriales. "Esos materiales de los que habla la fiscalía no son producto de la extracción minera, sino deshechos de construcción", dice Michilot.

Perú va a tener que pagar los desperfectos de estos funcionarios corruptos, cuando ese dinero debería ir para construir carreteras y servicios sociales

En cualquier caso parece claro que los funcionarios no revisaron la documentación debidamente. El espacio televisivo Punto Final, de la televisión peruana, demostró en uno de sus programas que Michilot entregó al fiscal la documentación necesaria para evitar las medidas contra su negocio, pero ésta no fue tenida en cuenta. "No se hizo caso de los permisos porque no eran realmente importantes, lo importante es que dejásemos de trabajar allí. Tenían dos opciones: o reventar las máquinas o matarnos a todos", explica. Este periódico se ha puesto en contacto con la Fiscalía Especializada en Materia Medioambiental, pero al cierrre de estas líneas no había obtenido respuesta.

Michilot ha conseguido reponerse del golpe alquilando la maquinaria y aferrándose a dos grandes clientes que aún le son fieles. Le han dicho que seguirán apoyándole hasta el final porque no existen muchos otros proveedores de material para construcción con todos los permisos en regla. El español también ha interpuesto una demanda contra Diana Vargas y Paul Cristian Alarcón, los dos fiscales provinciales implicados en el caso. Se muestra confiado en que se haga justicia: "Mi abogado dice que es un caso fácil, que en seis meses tendremos una resolución favorable, pero a mí me duele que Perú tenga que pagar los desperfectos ocasionados por unos funcionarios corruptos, que actúan siguiendo intereses personales, cuando con ese dinero tendrían que estar construyendo carreteras y servicios sociales".