Maduro ha detenido a 123 militares por traición, deserción o robo en solo tres meses

El Gobierno de Venezuela ha detenido a al menos 123 miembros de las Fuerzas Armadas por cargos que van desde traición y deserción hasta robo desde que comenzaron en abril las protestas contra Nicolás Maduro, según publica la agencia Reuters. La lista de detenidos incluye oficiales y militares de bajo rango del Ejército, la Naval, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Bolivariana, según documentos a los que Reuters ha tenido acceso, y representa "la imagen más clara hasta la fecha de la insatisfacción y la disidencia dentro de las filas militares de Venezuela".

Desde abril, cuando comenzaron las protestas que han dejado ya más de 90 muertos, casi 30 miembros de las Fuerzas Armadas han sido detenidos por desertar o abandonar su puesto y cerca de 40 por rebelión, traición o insubordinación. La mayoría de los prisioneros militares restantes ha sido acusada de robo. Los líderes de la oposición venezolana han reiterado en los últimos meses que la disidencia entre soldados que padecen dificultades económicas se ha extendido.

El pasado seis de junio, Reuters publicaba que al menos 14 militares habían sido detenidos acusados de traición y rebelión. Según documentos a los que tuvo acceso este medio, distintos mandos, incluyendo coroneles y capitanes, están recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde desde su arresto a principios de abril, cuando se iniciaron las protestas opositoras. Todo en medio de rumores que hablan de una depuración de las Fuerzas Armadas, integrada por aproximadamente 150.000 hombres, para callar las posibles voces disidentes. Y para poner precauciones ante un posible golpe.

En enero de este año se procesó a 4 civiles y 4 militares por su presunta participación en el “golpe azul”, una presunta intentona golpista que fue denunciada por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en febrero de 2015.

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El asalto al Parlamento dispara la tensión

Grupos adeptos al chavismo irrumpieron ayer, por segunda vez en ocho meses, en la Asamblea Nacional de Venezuela y agredieron a diputados, periodistas y trabajadores el mismo día que la Cámara aprobó convocar para el próximo 16 un plebiscito contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El Parlamento, dominado por la oposición, estuvo asediado más de siete horas por decenas de simpatizantes de la llamada revolución bolivariana, quienes lanzaron piedras, fuegos artificiales y objetos contundentes durante un ataque que se saldó con cerca de 20 heridos, entre ellos siete diputados.

El vicepresidente había asistido al lugar para encabezar, junto a ministros y al Alto Mando militar, la ceremonia que cada año en esta fecha realiza el Ejecutivo en el Parlamento para conmemorar la independencia de Venezuela, que el 5 de julio de 1811 dejó de pertenecer a España. Los diputados realizaron una breve sesión solemne que apenas había terminado cuando se produjo la irrupción chavista. Decenas de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana expulsaron a los agresores, aunque su actuación ha sido recriminada por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que les acusa de "pasividad" y de haber permitido la entrada de los violentos.

El Presidente del Parlamento, Julio Borges, repudió los hechos y explicó que hay siete diputados heridos, de los cuales cinco debieron ser hospitalizados, mientras que otras personas que trabajan en el lugar sufrieron lesiones de variada índole. Varios de los diputados heridos responsabilizaron al Gobierno de sus lesiones y aseguraron, algunos mientras recibían atención médica, que los hechos ocurridos no les intimidarán.

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Pese al ataque, la Cámara aprobó la convocatoria a un referendo para consultar a los venezolanos su rechazo o apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), impulsada por el Gobierno para redactar una nueva Constitución y que será elegida el 30 de julio. "No pudieron impedir el objetivo, los diputados defendimos el Palacio, logramos que sacaran a estos delincuentes y logramos mantener la sesión (...) oficialmente el pueblo de Venezuela está convocado al plebiscito nacional para el 16 de julio", dijo a los medios el primer vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara.

El presidente Maduro, por su parte, condenó los hechos y ordenó abrir una investigación para que "se haga justicia". Posterior a ello, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación, mientras que desde la Defensoría del Pueblo se instó a las autoridades a aclarar estos hechos. Asimismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz repudiaron esta "barbarie" e hicieron llamadas a la paz.

El ataque al Parlamento fue también criticado por los gobiernos de Colombia, Argentina, Estados Unidos, Chile, Perú, Panamá, México y España, así como por el Mercosur, del que es miembro Venezuela, y que ponderó el hecho como un "avasallamiento del Ejecutivo" sobre el Legislativo.

El diputado oficialista venezolano Diosdado Cabello culpó hoy a la oposición del ataque que sufrió la Asamblea Nacional (Parlamento), por parte de personas afines al Gobierno de Maduro. "Ahí lo que hubo fue un pueblo que tuvo que defenderse de la violencia de la derecha. Ellos (opositores) iniciaron la violencia, y creen que van a venir al centro de Caracas a echarle vaina (fastidiar) al pueblo", dijo Cabello, considerado el número dos del chavismo, durante su programa semanal de televisión. El legislador calificó además como "hipócritas" a los gobiernos del mundo y al Mercosur por sus críticas al Ejecutivo ante los hechos en la Cámara.

Dijo que la semana pasada cuando el policía venezolano Óscar Pérez atacó desde un helicóptero con granadas y disparos las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del ministerio de Interior estos gobiernos y entes "no dijeron nada". "Será que en sus Asambleas nunca ha habido un encontronazo. Hay violencia buena y mala según ellos. La buena es la que ejecutan los señores de la derecha, la mala la que nos acreditan a nosotros sin ser nosotros", agregó.

Venezuela vive una oleada de protestas desde hace tres meses, lo que ha elevado la crispación social y política y provocado hechos violentos que se han saldado hasta ahora con 91 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, según datos de la Fiscalía.

La mayoría opositora en el Parlamento acusa al Gobierno de querer convertir Venezuela en una dictadura, y ha dejado de reconocer por ello a Maduro y sus ministros, que a su vez acusan a sus adversarios de "golpismo". La oposición venezolana ganó con 112 escaños por 55 del chavismo las elecciones legislativas de diciembre de 2015, los últimos comicios celebrados en el país.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró en un comunicado que el Gobierno de Maduro, utiliza "el terror" para "permanecer en el poder" tras el asedio con heridos al Parlamento. Añadió que el Gobierno de Maduro "pretende instaurar la violencia institucional del Estado, en una guerra sucia contra el pueblo incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad". "Esa supuesta nueva normalidad no debe ser aceptada por nadie", concluyó.