Caza al hombre en Venezuela mientras cinco jóvenes mueren en otro día de protestas

El Gobierno venezolano sigue "a la caza" de Óscar Pérez. Fuerzas Especiales del Ejército continúan tras la pista del agente de la policía científica (CICPC) que presuntamente lideró el ataque con granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia, un episodio que la oposición considera "un engaño" diseñado por el Ejecutivo para justificar la represión. Una represión que sumó ayer en su cuenta 5 muertos durante las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro producidas en las últimas 24 horas. La cifra total de muertos en 90 días de violentas manifestaciones asciende ya a 80 personas.

Por ahora no hay señales del hombre más buscado por las fuerzas de seguridad venezolanas. Pérez -un “psicópata” para el Gobierno y a quien se busca dentro del territorio nacional- y el resto del grupo que perpetró el ataque siguen en paradero desconocido, aunque ayer se encontró el helicóptero en Higuerote, en la costa caribeña, según una fuente policial citada por la agencia 'Reuters'. Entretanto, el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, aseguró que el aparato fue hallada en una localidad del estado de Vargas, próximo a Caracas.

“Pedimos el máximo apoyo para encontrar a este fanático, a este terrorista extremista”, declaró ayer El Aissami. El ataque, que se saldó sin víctimas ni heridos, ha exacerbado la grave crisis política que padece Venezuela y desatado la conspiranoia. Hoy, el diario opositor 'El Nacional' asegura que el Palacio de Miraflores activó dos operativos de seguridad en Caracas antes del ataque del helicóptero. El rotativo cita informes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y asegura que ambos operativos tenían como objetivo resguardar la integridad del presidente Nicolás Maduro.

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“Terrorismo de Estado”

Las muertes registradas durante las últimas protestas elevan a 79 el recuento oficial de fallecidos. Isael Macadan, de 18 años, es la víctima mortal más joven. Recibió dos disparos (uno en la cabeza y otro en el brazo derecho) durante una manifestación celebrada la madrugada del miércoles en Anzoátegui, en la región nororiental del país. Casi en el otro extremo de Venezuela, en Maracaibo, murió Luigin Paz, de 20 años, quien “estaba en una barricada de la vía cuando fue arrollado por un camión cisterna”, según indicó el Ministerio Público (Fiscalía) en su cuenta en Twitter. Mientras, dirigentes opositores denunciaron la muerte de Roberto Durán, de 26 años, quien sufrió una herida en el pecho causada, al parecer, por un disparo durante una manifestación en la ciudad de Barquisimeto, en el estado de Lara (centro oeste), un caso que todavía no ha sido reseñado por la Fiscalía.

La represión llevó ayer a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a denunciar que existe un “terrorismo de Estado” en el país, “donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”. Ortega, afín a Hugo Chávez y la primera e importante fisura dentro del chavismo, crítica feroz de Nicolás Maduro, ha denunciado en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos cometidas en tres meses de protestas.

Ortega afirmó ayer que se están dando "allanamientos sin orden judicial", que no hay "un debido proceso" en las detenciones y acusaciones y que el derecho a elegir y a participar son "caminos que están cerrados". "Esto es terrorismo de Estado", reiteró. Antes, la Fiscal General se había rebelado contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que congeló este miércoles sus cuentas bancarias, le prohibió salir del país y acordó enjuiciarla a partir del 4 de julio.

En declaraciones a los medios, Ortega subrayó que desconocerá dos sentencias del Supremo emitidas por "unos ilegítimos magistrados", pidió que esos fallos sean anulados y juró que defenderá la vigencia de la actual Constitución "hasta con la vida". Dichas decisiones otorgan facultades del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo y dan un nuevo aval a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de julio, un proceso que impulsa actualmente Maduro para modificar la actual Carta Magna y que la oposición considera fraudulento.

"Se han producido sentencias del TSJ que además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos", dijo la Fiscal General.