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Donald Trump definirá la justicia de las próximas décadas
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NOMBRARÁ A LA MITAD DE LOS JUECES FEDERALES

Donald Trump definirá la justicia de las próximas décadas

Trump tiene el deber de rellenar 124 puestos vacantes en las cortes federales. Podría nombrar entre un tercio y la mitad de los magistrados, la mayor proporción en cuatro décadas

Foto: John Roberts, Anthony Kennedy, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan esperan la llegada de Trump al Congreso, en Washington. (Reuters)
John Roberts, Anthony Kennedy, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan esperan la llegada de Trump al Congreso, en Washington. (Reuters)

Si la historia de Estados Unidos fuese un río, el Tribunal Supremo sería el sistema de canales, diques y encauzamientos que modifica suavemente su curso. El órgano que decide hacia dónde va la corriente de fondo: si permite o no la segregación racial en las escuelas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, cómo se financian los partidos, o, incluso, quién será presidente del país si el recuento electoral se pone en cuestión.

Los nueve jueces que lo componen, con cargo vitalicio, han sido nominados por el presidente y confirmados por el Senado. El último en entrar a este selecto club es el juez conservador Neil Gorsuch, nominado por Donald Trump y cuya confirmación sólo fue posible cambiando in extremis las propias reglas del proceso.

Aunque el Tribunal Supremo ha ocupado las portadas en los últimos meses, ya que Gorsuch vuelve a inclinar el foro hacia el lado conservador, la influencia que tiene el presidente Donald Trump en inclinar la balanza judicial del país va mucho más allá. El presidente también tiene potestad de llenar una red semivacía de cortes federales.

Dada la avanzada edad de muchos jueces, es posible que en los próximos cuatro años se abran entre 70 y 90 vacantes más

El sistema federal de justicia, que se ocupa de la Constitución y de la ley federal, es una pirámide con tres escalones. Arriba está el Tribunal Supremo, un consejo de sabios que recibe en torno a 7.000 peticiones de casos cada año, de las que sólo acepta unas 80: los casos más importantes.

El escalón del medio, por debajo del Supremo, lo forman las 13 cortes del circuito de apelaciones, que tramitan unos 50.000 casos anuales. Y en la base, con 94 tribunales y una carga de 350.000 casos al año, están las cortes de distrito: la primera casilla judicial, el lugar donde se deciden el 85% de los procesos federales en EEUU.

Ahora mismo el presidente Trump tiene el deber de rellenar 124 puestos vacantes en las cortes federales, que fueron mantenidos así, vacíos, por el Senado republicano. Y dada la avanzada edad de muchos jueces, es posible que en los próximos cuatro años se abran entre 70 y 90 vacantes más. En resumen, Donald Trump podría nombrar entre un tercio y la mitad de los magistrados federales. La mayor proporción en cuatro décadas.

“No hay duda de que el presidente Trump va a tener un profundo impacto en el sistema de cortes federales de Estados Unidos”, dice a El Confidencial el juez Kevin Burke, antiguo presidente de la Asociación Americana de Jueces. “Es difícil predecir exactamente cómo será la gente que nombre, pero, si miramos a su gabinete, es posible concluir que la gente que nombrará no será tan diversa como la del presidente Obama”.

Una manera de predecir quiénes pueden engrosar las cortes de apelaciones, el escalón del medio, es viendo la lista que presentó Donald Trump en campaña con potenciales nominados al Tribunal Supremo. Muchos de ellos ligados a políticos y grupos de presión conservadores que tendrían el pedigrí ideológico requerido por el presidente.

“El presidente Trump tiene la posibilidad de rehacer significativamente la judicatura federal través de los nombramientos”, declara por correo electrónico Erwin Chemerinsky, decano y profesor de la Irvine School of Law de la Universidad de California. “Hasta ahora parece que los grupos conservadores Heritage Foundation y Federalist Society están implicados en la sugerencia de nominados”.

Según 'The New York Times', la búsqueda de jueces para rellenar las vacantes está siendo liderada por Leonard A. Leo, un antiguo miembro de Federalist Society, una asociación legal de principios conservadores y libertarios. Leo estaría reuniendo candidatos con un perfil parecido al de Neil Gorsuch: “originalistas”, jueces ligados a organizaciones católicas, o partidarios del “construccionismo estricto”.

Los congresistas demócratas dicen que el Partido Republicano lleva planeando estos movimientos desde antes de las elecciones presidenciales. “La derecha, de una manera muy metódica y determinada, ha construido un establo de nominados que encajan con su perfil ideológico, y ha sido un movimiento nacional, bien organizado y estratégico”, declaró el demócrata Richard Blumenthal, senador de Connecticut.

“Un número importante de vacantes se debe a que el Senado republicano no confirmó a los nombramientos de Obama”, explica el juez Burke. “Por ejemplo en Texas: donde había un gran número de magistraturas abiertas por un periodo de tiempo inaceptable”. Como consecuencia, asegura, la justicia se ha ralentizado en algunos estados, y predice que los nuevos jueces serán jóvenes para garantizar un cambio duradero.

La tarea de componer un tercio de la justicia federal, donde los senadores jugarán un papel relevante en sus respectivos distritos, no distrae al presidente del futuro del Tribunal Supremo. Algunos de sus jueces son octogenarios o, según los rumores, piensan en dejar la toga, como sería el caso del juez Anthony Kennedy, de 80 años.

El portal Politico dice que el gabinete de Trump está “obsesionado” con la próxima vacante del Alto Tribunal, y estaría “explorando cualquier línea de comunicación imaginable” con Kennedy, incluida la familia, para invitarle a una cómoda jubilación. Otra batalla de la Administración: importante, duradera y entre bambalinas.

Si la historia de Estados Unidos fuese un río, el Tribunal Supremo sería el sistema de canales, diques y encauzamientos que modifica suavemente su curso. El órgano que decide hacia dónde va la corriente de fondo: si permite o no la segregación racial en las escuelas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, cómo se financian los partidos, o, incluso, quién será presidente del país si el recuento electoral se pone en cuestión.

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