Los indígenas de Ecuador que votarán a la derecha

“Si alguna compañía quiere venir aquí y explotar la minería, lo hará cuando haya exterminado a todos los Shuar. No vamos a vivir como esclavos. Preferimos no existir”. Claro, directo y conciso. En los ojos negros de Luis Ayui no se detecta atisbo alguno de duda. Está dispuesto a morir para evitar la explotación minera de suelo indígena en Ecuador.

Su tímida voz se magnifica entre los árboles de la Amazonía cuando habla de defender el territorio ancestral de su pueblo, los Shuar: “No nos vamos a retirar por más fuerzas armadas que vengan. No tenemos armamento, pero sí lanzas y palos. Con eso nos hemos de defender como sea. Lucharemos hasta las últimas consecuencias”, señala el líder indígena, presidente de la asociación Arutam de los Shuar.

La conversación tiene lugar en El Tink, un poblado de unos 500 habitantes situado en la región amazónica de Morona Santiago, al Sudeste de Ecuador. La provincia ha sido un punto caliente en los últimos meses debido a las violentas protestas contra el establecimiento de la minera Explorcobres, de capital chino, en lo que los indígenas consideran “territorio ancestral”.

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Los Shuar acusan al Gobierno de Rafael Correa de haberse posicionado a favor de la minera. Apoyan oficialmente la candidatura del candidato liberal a la presidencia, Guillermo Lasso. Votarán por él en las elecciones de este domingo.

No van de farol. La única forma de entrar a El Tink es a través de un puente colgante sobre el Río Zamora, después de una hora de viaje en todoterreno desde Gualaquiza, el municipio más cercano, al sur de Morona Santiago. Los Shuar cortaron el paso a los militares durante semanas mientras drones y helicópteros sobrevolaban la zona. La pequeña aldea es ahora el nuevo hogar de las familias que han llegado desplazadas desde Nankints, a varias horas de camino cruzando la cordillera del Cóndor. Allí opera Explorcobres. Es el epicentro de las protestas.

La tensión entre la minera y los indígenas explotó el pasado 14 de diciembre. Los habitantes de la zona organizaron una protesta contra Explorcobres. Se tornó violenta por tercera vez en menos de un año. De repente, un disparo heló la sangre de los presentes. José Mejía, un policía de 29 años, resultó muerto. Su compañero, el subteniente Fernando Villarreal, de 24 años, fue herido de gravedad. Rafael Correa acusó inmediatamente a un “grupo minúsculo de extremistas de la nacionalidad Shuar” de haber perpetrado el ataque.

"Fue una bala de fusil"

Los indígenas se defienden: “De la muerte nosotros no podemos decir. Fue una bala de fusil. Aquí pueden hacer miles de investigaciones pero no encontrarán ningún arma como ese fusil. Sí hemos tenido escopetas, por tradición para la caza. Nos las requisaron. Tal vez lo que sucedió fue entre ellos por un nerviosismo que tuvieron. Quizás se mataron entre ellos y ahora dicen que fueron los Shuar”, señala Ayui.

El asesinato, hasta la fecha, no ha sido resuelto. César Navas, ministro coordinador de Seguridad, confirmó que las balas fueron disparadas por fusiles de largo alcance. Investiga si son armas ecuatorianas o fueron importadas de la vecina Perú.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Rafael Correa declaró el estado de Excepción en toda la provincia de Morona Santiago. Envió a un millar de policías y militares a la zona. Además, la inviolabilidad del hogar fue suspendida: varios líderes indígenas fueron detenidos, entre ellos Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial Shuar. El objetivo: buscar al grupo armado que habría acabado con la vida de los policías. Se llegó a ofrecer una recompensa de 50.000 dólares por cualquier pista que llevase a la detención de los homicidas.

Un grupo de indígenas reaccionó a las detenciones. Secuestraron a dos militares durante una semana. “Nuestra gente no tiene mucho conocimiento de lo que son las leyes. Actúan a su manera. Fueron retenidos para hacer canjes, pero no fue cosa de gravedad. No fueron maltratados”. El Ministro de Defensa, Ricardo Patiño, reconoció la colaboración de las comunidades Shuar en la entrega de los militares.

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La explosión de violencia en Nankints llevaba gestándose medio año. En concreto, desde el 11 de agosto de 2016. El ejército hizo presencia ese día en la pequeña aldea, donde habitaban 32 familias, para desalojar a quienes vivían sobre la zona concedida a Explorcobres para las actividades mineras.

“Mi casa fue destruida con una excavadora. Salimos sin nuestras cosas. Todo quedó enterrado”, rememora Mónica Ambama, habitante de Nankints y refugiada ahora en El Tink junto a sus dos hijos. “Le pregunté al policía que por qué hacían eso y me dijo que por orden gubernamental”.

Niños psicológicamente acabados

La familia vive ahora en un cuarto que les presta uno de los habitantes de la aldea, propietario de una humilde casa de madera. “Hicimos lo posible por atender a todos los desplazados. Ubicamos a cada familia con otra de las de nuestra localidad. Personas con corazón solidario nos otorgaron alimentos y comida. Todo lo que ellos necesitaban, porque al salir de noche lo habían dejado todo abandonado. Fue una triste realidad”, rememora Héctor Jumpikit, líder comunal de El Tink. “Los niños estaban psicológicamente acabados”, añade Ayui.

Quienes tuvieron que desplazarse se resisten a borrar el 11 de agosto de su cabeza. Alfonso Chinkiun, oriundo de Nankints, recuerda ese día como si fuese ayer: “Empezaron a tirar las casas. Arrancaron las yucas y los platanales. Se comieron a los animales”, explica. “Ya no tenemos casa ni producimos nada. No hay fuente de trabajo para nosotros”. Una de sus nietas murió hace unas semanas. Desconocen la causa. Él lo achaca al desplazamiento.

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“Ellos tienen que comenzar a revivir ahora, pero no tienen medios”, apunta el líder Ayui. Critica al Gobierno por no haber realizado consulta previa a la comunidad sobre el establecimiento de la minera, como reglamenta la Constitución ecuatoriana y también los tratados de la ONU sobre pueblos indígenas.

“El Gobierno se justifica diciendo que ha habido consultas. Pero si las ha habido ha sido con gente que no está viviendo la realidad de esta zona. Son gente resentida que no quiere cumplir con las normas establecidas dentro de nuestras organizaciones. Migran de las comunidades y viven en pueblos. Han comprado sus conciencias. No supondrán ni el 2%”, critica el presidente de Arutam.

Los Shuar dicen habitar el territorio en disputa desde la época precolombina: “Ahí vivieron tres abuelos míos”, señala Chinkiun. Lamentan no haber podido luchar por su reconocimiento oficial argumentando una debilidad negociadora frente a los gobiernos de Quito.

Contratos 'fraudulentos'

Correa, en cambio, niega rotundamente que el lugar sea territorio ancestral. Asegura que la zona no es selva virgen, que estaba destinada a uso agropecuario desde hace décadas y que ha sido comprada y vendida en múltiples ocasiones.

“Ellos son derrotados en todas las elecciones y a la brava quieren con violencia, muerte y asesinatos impedir el desarrollo minero. Y ni siquiera lo dicen frontalmente y argumentan que se han tomado tierras ancestrales. Esto es una inmensa mentira. En 2010 se crea la comunidad Nankints. Es artificial, no está reconocida”, señaló el presidente poco después de la revuelta violenta de diciembre.

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Los Shuar sí admiten que se han movido contratos de propiedad en sus tierras. Creen que fueron elaborados bajo fraude: “Los colonos negociaban tierras. A mis abuelos les dijeron bueno, yo te voy a comprar un traguito, toma una radio, toma pólvora… para que se las dieran”, dice Chinkiun. Por su parte, Explorcobres asegura haber comprado los terrenos hace 17 años a personas que habían vivido en la zona durante más de tres décadas.

El primer intento de excavación de la empresa fue frustrado en 2007 por la acción de los Shuar. Quemaron el campamento, en un contexto de grandes protestas contra la minería en todo Ecuador. Las revueltas fueron espoleadas por movimientos campesinos, indígenas y también ONG como Acción Ecológica, que este año ha sobrevivido a un intento de cierre promovido por el Ministerio del Interior ecuatoriano.

Explorcobres inició un proceso penal con el objetivo de ver reconocidos sus derechos de operación en la zona, tras ver frustrados varios intentos de negociar con los shuar. Ganó el pleito, propiciando el desalojo del pasado agosto.

¿Minería 'responsable'?

“La minería es un perjuicio. No es responsable como ellos dicen”, apunta Ayui. “Esto es un paraíso natural. No necesitamos para nada esa industria. No podríamos ni bañarnos en el río”.

Correa ha defendido, por su parte, lo que él considera como minería responsable. “Lo más importante de la naturaleza sigue siendo el ser humano y el principal deber ético y moral es vencer la pobreza”, dijo el presidente, definiendo su postura.

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Un sector de la población critica fuertemente las políticas ‘extractivistas’ de la Revolución Ciudadana. No sólo en lo referente a las minas, sino también a los pozos de petróleo construidos en el Parque Nacional Yasuní, al noreste del país.

A los Shuar, según sus líderes, no les ha quedado más remedio que apoyar al candidato opositor Guillermo Lasso, tras haber votado por Correa hace 10 años. NY no es habitual que los pueblos indígenas apoyen a candidatos cercanos a la derecha, ni en Ecuador, ni en el resto de América Latina.

Lasso ha prometido respetar el concepto de consulta previa a las comunidades. Aynui dice no fiarse por completo de su palabra, pero no tener otra opción de voto: “Dese cuenta a qué extremo hemos llegado. La desesperación, la inquietud y la molestia con este Gobierno y su autoritarismo hacen que nos veamos obligados a votar a Lasso para ver si tal vez por ahí puede haber una salida. Estamos jugando a suertes ahora”, sentencia Ayui.