LA PRIORIDAD ES REDUCIR LA INMIGRACIÓN

Discurso de May: sin hoja de ruta para el Brexit y con muchas preguntas abiertas

May recalca que la prioridad es reducir la inmigración, pero no especifica cómo. También quiere salir del mercado único, pero a la vez pretende evitar aranceles con Europa

Foto: La primera ministra británica, Theresa May, durante su discurso en Lancaster House, Londres. (Reuters)
La primera ministra británica, Theresa May, durante su discurso en Lancaster House, Londres. (Reuters)

La 'premier' Theresa May ha venido a confirmar este martes explícitamente lo que llevaba anunciando los últimos seis meses de una manera más velada: Reino Unido abandonará el mercado común, donde van a parar, a día de hoy, el 49% de sus exportaciones. No podía ser de otra manera si, como llevaba diciendo desde julio, Londres quiere tener el control absoluto de quién entra y sale de sus fronteras. Finalmente, habrá 'Brexit duro', o “Brexit limpio”, como lo ha querido denominar la líder 'tory'.

Sin embargo, más allá de confirmar lo que ya se sabía, el discurso de este martes no es ni mucho menos una hoja de ruta. May ha recalcado (una vez más) que la prioridad es reducir la inmigración, pero no ha especificado cómo quiere conseguirlo. Ha dicho que quiere salir del mercado único, pero a la vez quiere evitar aranceles con Europa. Ha anunciado un periodo de transición, pero no lo ha delimitado en el tiempo.

En definitiva, siguen quedando grandes incógnitas. ¿Qué pagos presupuestarios exigirá la UE para el acceso al mercado único? ¿Tendrán los trabajadores comunitarios alguna libertad para trabajar en el Reino Unido? ¿Permitirá la UE la adhesión parcial del Reino Unido a la unión aduanera? ¿Se impondrá ahora un sistema de puntos para cerciorarse de que solo entran los más cualificados?

Discurso de May: sin hoja de ruta para el Brexit y con muchas preguntas abiertas

Con el discurso de este martes, May solo quería dos cosas. La primera, cumplir su promesa de “dar más detalles” antes de marzo, cuando solicitará formalmente el divorcio con Bruselas. La segunda, tranquilizar de alguna manera a los mercados.

Pero más allá de eso, la 'premier', ya de por sí cautelosa, no ha querido poner todas las cartas sobre la mesa. Entre otras cosas, para guardar sus ases en la manga —como ocurre en todas las negociaciones— y porque dentro del Gobierno aún existen discrepancias entre los ministros. Está claro, sin embargo, que los euroescépticos van ganando batallas y, precisamente porque May votó a favor de la permanencia, no quiere ser acusada de incumplir la voluntad del pueblo.

El discurso ha tenido efecto inmediato en los mercados. La Bolsa de Valores de Londres bajaba un 0,62%, 45,31 puntos hasta los 7.281,82. Sin embargo, la libra, que desde el referéndum ha perdido un 20% de su valor, subía un 2,37% frente al dólar, hasta 1,233 dólares, y un 1,46% frente al euro, hasta 1,152 euros.

En la City calaba con fuerza el mensaje de que se someterá a votación parlamentaria el acuerdo final que se alcance con Bruselas. Pero, sinceramente, la promesa no es nada nuevo. May la ha venido reiterando en los últimos meses. Lo realmente importante es saber si habrá debate parlamentario para dar al Gobierno la potestad de solicitar de manera formal la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, para comenzar formalmente con las negociaciones.

En los próximos días, el Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial del país, dictará sentencia sobre esta cuestión. El Tribunal Superior ya dio la razón a los ciudadanos anónimos que lo demandaban, pero el Ejecutivo apeló la decisión.

Según Kathleen Brooks, directora de investigación de la firma City Index, también se ha valorado el anuncio de que, aunque se prevé abandonar la unión aduanera, el Reino Unido "intentará negociar acuerdos tarifarios concretos" para sectores específicos, como pueden ser la automoción o el financiero. Otro gran guiño de May a la City ha sido su compromiso de implementar un proceso de transición al acabar las negociaciones con la Unión Europea para dar a las “empresas tiempo suficiente para planificar y prepararse ante las nuevas normativas”.

Turistas caminan cerca de la Torre de Londres, el 15 de enero de 2017. (Reuters)
Turistas caminan cerca de la Torre de Londres, el 15 de enero de 2017. (Reuters)

En su discurso ha dicho: “Todo esto trata sobre nuestros controles migratorios, sistemas aduaneros o la forma en la que cooperamos en materia de justicia penal, aunque en un futuro podría tratarse de un marco legal y regulatorio de los servicios financieros”.

A día de hoy, sin embargo, no se sabe cómo las empresas deberán demostrar por qué contratan a un comunitario y no a un británico para determinados puestos. El pasado mes de octubre, la ministra del Interior, Amber Rudd, sugirió que, con el fin de limitar el número de extranjeros, se podría obligar a las compañías a revelar el número de trabajadores tanto comunitarios como extracomunitarios como medida de presión para que se contrate a nacionales. En definitiva, “trabajos británicos para ciudadanos británicos”, pero fue un titular del que rápidamente se distanció luego Downing Street.

El Número 10 también dijo que las palabras del secretario de Estado de Inmigración, Robert Goodwill, habían sido malinterpretadas, cuando la semana pasada planteó la imposición de una tasa a las empresas que recluten trabajadores comunitarios una vez Reino Unido abandone definitivamente el bloque. En cualquier caso, con el objetivo de reducir la inmigración, a partir del próximo mes de abril, las empresas ya tendrán que pagar 1.000 libras (1.152 euros) por cada empleado extracomunitario contratado.

En definitiva, (de nuevo) bombo y platillo para anunciar la intervención, pero (de nuevo) un discurso más bien vacío. Habrá que seguir esperando, por tanto, para saber cómo será la nueva relación pos-Brexit de Londres con Bruselas.

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