La justicia de la UE falla contra la draconiana ley de vigilancia del Reino Unido

El Tribunal Europeo de Justicia ha dictaminado que la nueva y polémica ley de vigilancia del Reino Unido, la 'Investigatory Powers Act' ['Ley de Poderes de Investigación'], va en contra de la legislación europea. La normativa -calificada por sus detractores como “una de las más extremas jamás en una democracia” y aprobada sin publicidad hace menos de un mes, como ya relató El Confidencial- había sido ya calificada de ilegal por los propios tribunales británicos, por lo que el propio Gobierno británico había recurrido a la misma Corte Europea que ahora ha fallado en su contra.

Básicamente, la normativa da cobertura legal a algunas prácticas ya vigentes pero cuestionadas a veces en los juicios, y amplía los poderes de la legislación anterior, permitiendo, por ejemplo, el espionaje a periodistas, hasta ahora protegidos por el sistema de justicia británico. También otorga poderes sin precedentes a las autoridades para 'hackear' los teléfonos y ordenadores de cualquier persona y tener acceso a la información sobre datos bancarios o médicos o información sobre sus viajes, incluso aunque ésta no sea sospechosa de nada. Además, exige que las compañías de telecomunicaciones almacenen todos los datos de búsquedas y transacciones de sus usuarios durante doce meses, incluyendo los de redes sociales como WhatsApp, Facebook o Instagram.

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Celia Maza. Londres

Pero el TEJ ha determinado que “una retención general e indiscriminada” de datos va contra la legislación de la UE, y solo es admisible bajo ciertas condiciones y “únicamente con el propósito de combatir crímenes graves”. El Gobierno británico ha calificado la sentencia de “decepcionante”.

"Investigaciones más precisas"

“Dada la importancia de los datos de comunicaciones en la prevención y detección del crimen, aseguraremos la puesta en práctica de planes para que la policía y otras autoridades públicas puedan continuar adquiriendo esos datos de una forma consistente con la legislación de la UE y nuestra obligación de proteger al público”, ha declarado el Ejecutivo británico en un comunicado, asegurando que existen “argumentos robustos” para llevar la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones.

Otra de las alegaciones del Gobierno de Theresa May es que al hablar de “datos de comunicaciones” se refieren únicamente a la hora y la fecha en que se envió un email o se realizó una llamada telefónica, pero no al contenido de éstos. Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa a los críticos es que la nueva ley contempla la implementación de un programa de cruzamiento de esos datos que permita establecer patrones. Mientras las autoridades afirman que esta búsqueda permitirá investigaciones más precisas y por lo tanto habrá menos riesgo o necesidad de 'espiar' a individuos inocentes, muchos expertos aseguran que se trata de un salto cualitativo en la gestión de la información y en la invasión de la privacidad de los ciudadanos.

“El fallo de hoy afianza los derechos de los británicos de a pie a que sus vidas personales no sean espiadas sin una buena razón o una orden judicial independiente”, ha declarado Liberty, un grupo que hace campaña contra esta legislación, en un comunicado. “El Gobierno debe adoptar ahora cambios urgentes a la Ley de Poderes de Investigación para cumplir con ello”, señala.

Esta decisión judicial supone un problema serio para el Ejecutivo británico, puesto que la legislación actual, la llamada DRIPA ('Data Retention and Investigatory Powers Act 2014') expira el 31 de diciembre de este mes. En todo caso, el revés será solo temporal, si el Reino Unido, como parece, decide seguir adelante con el Brexit.