Río de Janeiro, al borde el estallido: "Ya no hay dinero para pagar a la policía"

“Si nos dejan sin sueldo, puede producirse una situación dramática. No queremos comenzar una huelga, pero tenemos que sobrevivir, pagar las cuentas y poder alimentar a nuestras familias”. Nilton da Silva Pereira es teniente primero de la Policía Militar y está participando activamente en las movilizaciones de los agentes de seguridad del Estado de Río de Janeiro, que en dos semanas han protagonizado varias manifestaciones. El 8 de noviembre, cuatrocientos agentes llegaron a invadir el edificio de la Asamblea Legislativa, el Parlamento local de Río, causando graves destrozos en su interior.

Ahora los policías civiles y militares y los agentes penitenciarios amenazan con entrar en huelga en Nochevieja, el período de máxima afluencia de turistas en la Cidade Maravilhosa, junto al Carnaval, si no reciben los últimos dos sueldos de 2016 y la paga extra de Navidad. “No sé hasta qué punto vamos a poder controlar a la tropa de policías sin salarios. No somos enemigos de la población y no queremos llegar a este punto, pero el Gobierno está provocando una calamidad pública”, advierte da Silva a El Confidencial, en referencia a la posibilidad de la huelga.

Río de Janeiro es considerada una de las ciudades con más criminalidad del mundo en un país como Brasil que, entre 2011 y 2015, registró más muertes violentas que Siria, un país oficialmente en guerra. En Brasil hubo 278.839 fallecidos, según datos del Forum Brasileño de Seguridad Pública, frente a las 256.124 muertes violentas de Siria, según el Observatorio de Derechos Humanos de este país.

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La crisis financiera, la resaca de los Juegos Olímpicos y los numerosos escándalos de corrupción han vaciado los cofres públicos. En el último trimestre del año ya no queda dinero para pagar los sueldos de los funcionarios del Estado de Río. Este mes las cuentas públicas han sido embargadas dos veces por una deuda con la Unión Federal, lo que llevó el gobernador Luiz Fernando Pezão a declarar que Río de Janeiro está “ingobernable”. El resultado es que policías, médicos, profesores y cuadros administrativos están cobrando con hasta dos meses de retraso y, en el caso del 38% de los funcionarios, el salario está siendo prorrateado en siete veces.

El sueldo de octubre de policías y agentes penitenciarios fue abonado el pasado 14 de noviembre tras una negociación a la desesperada de última hora. Fue el resultado de una movilización sin precedentes de 12.000 agentes de seguridad del Estado de Río de Janeiro, que por primera vez desde las protestas masivas de 2013 han pasado a interpretar el papel de reprimidos en vez de represores. “Es cuando menos curioso que estemos en la calle respirando el gas pimienta junto a los otros manifestantes. La postura de los policías militares ha cambiado mucho desde que la crisis nos toca de cerca”, reconoce da Silva.

Sin dinero para ir al trabajo

En la manifestación del 16 de noviembre, otra imagen inédita en el centro de Río de Janeiro chocó a la opinión pública. En el medio de una escena de guerrilla urbana, con bombas de gas lacrimógeno y manifestantes lanzando objetos, dos antidisturbios dejaron las barricadas y se unieron a las protestas de los funcionarios, entre los aplausos generales. Un internauta colgó el vídeo de este inesperado momento en su Facebook.

“Estoy muy feliz de este cambio. Creo que es un paso fundamental para la democratización de la Policía”, asegura Hildebrando Saraiva, inspector de la Policía Civil. “Hay que dejar de ver a los agentes como a la autoridad y pasar a considerarlos como trabajadores y funcionarios públicos. Estas manifestaciones son pedagógicas para que los policías entiendan que son responsables de defender sus propios derechos y de garantizar los derechos de los ciudadanos”, añade.

Detrás de la imagen de policías invadiendo el Parlamento de Río hay una situación de penuria y de precariedad. “Cuando el Estado no paga nuestro sueldo, nos obliga a vivir una situación extrema, que en muchos casos equivale a pasar hambre”, asegura a El Confidencial Mesac Eflain, presidente de la Asociación de Bomberos y uno de los coordinadores del Movimiento Unificado de Funcionarios Públicos. “Lo que hay detrás de estas imágenes son personas desesperadas, que ven sus derechos mermados. No saben cuándo van a cobrar, ni si podrán hacer la compra o incluso pagar un medicamento necesario. Hay bomberos y policías que no tienen dinero para ir al trabajo. Es un momento muy complicado de calamidad pública financiera”, agrega.

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La situación es tan dramática que en algunas comisarías, como la del barrio de Catete, en el centro de Río de Janeiro, ni siquiera hay papel para poder hacer las denuncias. Por eso, desde el pasado mes de abril una asociación de vecinos de este barrio está donando todo tipo de material de oficina y de limpieza, incluido el papel higiénico.

“En la Policía ya no tienen recursos para comprar este material. En este momento solo nos puede salvar la solidaridad. Yo necesito a la Policía para poder salir segura a la calle. No quiero vivir encerrada en casa. Ellos nos tienen que defender, pero ¿cómo pueden hacerlo si ni siquiera tienen papel para que los ciudadanos hagan las denuncias? Ha llegado nuestro momento como vecinos de ayudarles. Hemos adoptado literalmente la Comisaría de Catete”, cuenta a El Confidencial Maria Thereza Sombra, que a sus 82 años lidera con la energía de una jabata la Asociación de Condominios del Morro de la Viuda.

Maria Thereza explica que la jefa de esta comisaría pidió ayuda a los vecinos de este barrio de alto poder adquisitivo durante una de una de las reuniones mensuales que se celebran de forma rutinaria. “La delegada reconoció que estaban desesperados. Mandó la relación inicial de lo que necesitaban y ochos comunidades de vecinos decidimos apoyarles. Incluso uno de mis asesores les ha donado 12 cámaras y las ha instalado gratuitamente. Para que os hagáis una idea, la Comisaría llegó a ser asaltada por un grupo de ladrones”, revela Maria Thereza desde el edificio en el que vive, con vistas privilegiadas al Pan de Azúcar.

No hay patrullas por falta de gasolina

“En las comisarías de Río de Janeiro se vive una situación de escasez absoluta”, reconoce el inspector Saraiva. “No es una casualidad que algunas asociaciones de vecinos estén ayudando a estas instituciones con productos básicos. Iniciativas como esta son bienvenidas, pero por supuesto no pueden ser la solución”, añade. La Policía tampoco tiene dinero para la gasolina de los coches. El resultado es que hay cada vez menos agentes patrullando en las calles. “No hay policías suficientes para cubrir toda la ciudad de Río. Algunos se jubilan o están de baja, y no hay dinero para hacer horas extra o para reponer a los agentes”, cuenta da Silva.

El 19 de noviembre, un helicóptero de la Policía Militar cayó sobre la favela Cidade de Deus, famosa en todo el mundo por la película dirigida por Fernando Meirelles. El saldo fue de cuatro agentes muertos. En un primer momento se especuló con un ataque de los narcos, pero las primeras investigaciones apuntan a un fallo técnico. No hay rastros de balas en el helicóptero ni en los cuerpos de los agentes. “La Policía no tiene dinero. No me extraña que dejen volar un helicóptero sin revisión y que se estrelle sin más”, declara un agente off the record.

La situación puede empeorar si el Parlamento local aprueba un paquete de recortes, rebautizado por los manifestantes “paquete de la maldad”, que está siendo actualmente discutido en la Asamblea Legislativa. “Hemos salido a la calle para pedir que este paquete de austeridad no sea aprobado”, explica Mesac Eflain. “Nuestra propuesta es que se suspendan las exenciones fiscales que el Estado de Río de Janeiro concedió a varias empresas privadas. Son más de 150.000 millones de reales [42.000 millones de euros] en impuestos que el Estado ha dejado de recaudar. Ahora quiere que los funcionarios paguen esta cuenta. No es justo. Exigimos que el Gobierno de marcha atrás en el tema de las exenciones fiscales”, agrega este bombero.

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“Lo más triste es que no hay dinero para pagar nuestros sueldos porque nuestros políticos lo han robado todo. Acaban de arrestar a dos ex gobernadores del Estado de Río de Janeiro por corrupción. El dinero existe, pero no llega a los funcionarios”, señala el teniente da Silva. Se refiere a la detención de Anthony Garotinho, acusado de compra de votos en las últimas elecciones municipales, y de Sérgio Cabral, acusado de haberse enriquecido ilícitamente en la reforma multimillonaria del estadio del Maracaná.

“Hemos llegado a este punto porque los gobernantes anteriores han quebrado el Estado de Río de Janeiro, que es la postal turística de Brasil. Han robado todo el dinero y nos han dejado en esta situación lamentable”, destaca Maria Thereza Sombra. “Hoy en Río de Janeiro vivimos una situación de emergencia. Esta crisis es fruto de una gestión irresponsable de los presupuestos públicos y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas. Esto se puede subsanar en el futuro, pero en el corto plazo la situación es dramática”, subraya el inspector Saraiva.

"Al borde de una guerra civil"

Para el teniente da Silva, Río de Janeiro está al borde de una “verdadera guerra civil”, y no solo por la falta de recursos públicos. “Los policías están siendo cazados de forma sistemática. Solo en lo que va de año, más de 115 agentes fueron asesinados por el simple hecho de ser policías. La mayoría de ellos estaban en su día de descanso y fueron fríamente ejecutados por narcos o delincuentes comunes, después de descubrir que eran agentes”, cuenta este teniente de la Policía Militar. “Nuestra realidad es que un policía en su día libre debe escoger el camino que va a hacer para no ser asesinado. Si es abordado por bandidos y reconocido, corre serios riesgos. Hay una pena de muerte que se ejecuta contra policías solo por el hecho de llevar su cartera profesional encima. Esto no se puede admitir en un Estado democrático de derecho”, agrega.

“Los policías viven una situación muy grave. Los altos índices de violencia de Brasil se ceban no solo con la población, sino también con los agentes”, recalca Saraiva. Recientemente, el sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, que desde 1998 realiza el Mapa de la Violencia, el estudio más completo de Brasil, declaró públicamente que “esta crisis es muy preocupante para la Seguridad”.

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El Estado de Alagoas pasó por una situación parecida a la de Río de Janeiro a mediados de la década pasada. “Hubo una huelga prolongada de la Policía. Los policías prácticamente desaparecieron de las calles y hubo aumento de todo tipo de violencia. Alagoas, que no era un lugar tranquilo, pero ocupaba un lugar medio-bajo en el ranking nacional, subió vertiginosamente en el Mapa de la Violencia. Los atracos explotaron. Los bandidos tomaron las calles porque prácticamente no había actividad de represión. Mi temor es que [en Río de Janeiro] pase algo parecido”, asegura Waiselfisz.

Incluso el presidente de Brasil, Michel Temer, ha declarado recientemente que la situación de Río de Janeiro es “muy seria” y que el ministro de Defensa, Raul Jungmann, está “preocupadísimo” con el tema de la seguridad en este Estado. “El escenario Río es crítico. Si nosotros, los policías, estamos siendo cazados, imagina el ciudadano común”, concluye da Silva.

En un intento de desbloquear la situación financiera de los Estados federados, el 22 de noviembre Temer anunció que va a desbloquear fondos extraordinarios para hacer frente a los gastos de la administración pública. A cambio, exige que los Estados que componen Brasil aprueben paquetes de recortes draconianos, como el que está siendo discutido en Río de Janeiro. La paradoja es que con este acuerdo de última hora, los policías podrán cobrar sus sueldos y su paga extra, pero es posible que entren en huelga contra las medidas de austeridad que a la larga afectarían a sus bolsillos mucho más que el retraso en el pago de los salarios.