La presión obliga a Turquía a retirar la ley de amnistía para violadores de menores

Forzados por la presión en las calles y las críticas de organismos internacionales como UNICEF y ONU Mujeres, el Gobierno de Turquía ha tenido que ceder: retira la normativa que debía aprobar hoy el Parlamento turco y que iba a permitir a los violadores de menores salir de la cárcel eximiendo de sus penas a aquellos condenados si aceptaban casarse con sus víctimas. El PM Binali Yildirim ha anunciado a primera hora de hoy que será retirada y que se discutirá en un subcomité. Además ha señalado que “si llega una propuesta [de la oposición] se desarrollará” y que si esto no lo arregla consultarán a “ONGs, ciudadanos, expertos y académicos” para aprobarla con un amplio consenso.

Ese, ha explicado Yildirim, es el deseo que el presidente Recep Tayyip Erdogan le ha manifestado en una llamada telefónica. Una nueva muestra del control que el mandatario turco ejerce sobre el Ejecutivo y sus decisiones. “Encontraremos una solución, no podemos ignorar este asunto”, ha asegurado Yildirim en declaraciones recogidas por la Agencia turca Anadolu. El jueves, el Parlamento turco había aprobado a última hora el texto de la ley (el partido de Erdogan tiene 317 de 550 escaños), pero no pudo aprobar la norma en sí, que forma parte de un paquete de medidas más amplio que tiene 49 artículos y estaba previsto que se debatiera y aprobara hoy.

El primer ministro ha subrayado que el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), la formación gobernante a la que pertenece, ve como un crimen los matrimonios infantiles, cuenten o no con el beneplácito de la familia o los contrayentes. Algo que contrasta con la defensa a ultranza de la medida en los últimos días por parte de los diputados del AKP que la presentaron, el titular de Justicia y el propio primer ministro. Todos han argumentado que busca legitimar dichas uniones no legales de adultos con menores. Una práctica muy extendida en Turquía, donde al menos el 15% de los enlaces son antes de los 18 años, según datos de UNICEF. La ley establece el mínimo legal en 17, aunque el Artículo 124 del Código Civil permite que con 16 un juez pueda autorizar el enlace si hay consentimiento y es muy frecuente que las niñas aún menores sean casadas con ceremonias religiosas sin validez legal.

"Un castigo doble para la víctima"

Ayer mismo el viceprimer ministro Numan Kurtulmus defendía que se trataba de regular una situación que ocurría “de facto”. Los políticos del AKP ponían como ejemplo que cuando se producen embarazos y los médicos denuncian la situación a la fiscalía, el padre acaba en la cárcel y la madre y en niño quedan en una terrible situación económica. Además, han rechazado las críticas subrayando que sólo se produciría la amnistía en los casos en los que “no hubiera mediado fuerza o amenaza”. Algo imposible de determinar y que facilitaría abusos y violaciones, según las organizaciones locales e internacionales que han criticado la propuesta de ley. El matrimonio sería un castigo doble para la víctima, forzada a permanecer con su abusador de por vida. “Estas formas abyectas de la violencia contra los niños son delitos que deben ser castigados como tales, y en todos los casos debe prevalecer el interés superior del niño", denunció Christophe Boulierac, portavoz del Fondo para la Infancia de la ONU.

No es la primera vez que Turquía hace saltar la polémica con medidas similares. El Tribunal Constitucional se pronunció en julio a favor de la retirada de una disposición penal que caracterizaba cualquier acto sexual con menores de 15 años como “abuso sexual”. En casos de abusos en los que la víctima es menor de 12 años, las penas de cárcel son de un mínimo de 10 años. Si el menor ha sido violado la pena aumenta hasta los 18 años. Los abusadores de niños entre 12 y 18 se enfrentan a entre 8 y 15 años de cárcel, cifra que también aumenta si se establece que ha habido violación a 16 años.