Los alcaldes de las 'ciudades santuario' se rebelan contra Trump

Los alcaldes y otras autoridades de muchas ciudades estadounidenses (Chicago, Filadelfia, San Francisco, Nueva York, Portland, Seattle, Los Ángeles) han ido compareciendo en público tras la victoria electoral de Donald Trump para insistir que, al igual que durante la Administración Obama, seguirán manteniendo sus ciudades "como santuarios" para aquellos indocumentados que sean detenidos por sus fuerzas del orden. Esto quiere decir que se reservan el derecho a decidir si cumplir o no con una petición por parte del Departamento de Seguridad Nacional de entregarlos para ser deportados.

Cuando la identidad y la huellas dactilares de cualquier persona detenida por la policía pasan a una base de datos nacional, el ICE (el departamento que se ocupa dentro de Seguridad Nacionalde poner en marcha las órdenes de deportación) tiene acceso a dichos datos y puede comprobar inmediatamente el estatus migratorio del arrestado. Si el detenido resulta haber entrado en el país sin sus papeles en regla (aunque fuera hace décadas), puede solicitar al departamento de policía correspondiente que lo retenga por 48 horas hasta que sus agentes acudan a arrestarlo y ponerlo en vías de deportación. Estas órdenes se conocen con el nombre de 'detainers'.

Pero muchos departamentos de policía de todo EEUU se niegan a cumplir estas órdenes, a no ser que el detenido en cuestión lo haya sido por un delito grave, violento, o tenga antecedentes de similar índole. Como muestra: en la primera mitad de 2014, el departamento de policía de Los Ángeles, que realiza unos 100.000 arrestos al año, recibió 700 'detainers': solo se cumplieron algo más de 300.

Como Los Ángeles, unas 37 ciudades han ido adoptando políticas similares a lo largo de los últimos años. Aunque la mayoría de estos alcaldes (De Blasio en Nueva York, Emanuel en Chicago, Murray en Seattle, Elorza en Providence, Lee en San Francisco, Garcetti en Los Ángeles) son demócratas, ya mantenían estas políticas durante el mandato de Barak Obama. De hecho, el todavía presidente aprobó el año pasado una normativa para permitir a las autoridades locales priorizar a la hora de retener o entregar personas al ICE a aquellos delincuentes indocumentados más peligrosos, dándoles 'de facto' la potestad de tener la última palabra sobre quién era deportado.

TE PUEDE INTERESAR

¿'Impeachment' a Trump? Cómo su propio partido podría acabar echando al presidente

Eva Catalán. Los Ángeles

La mayoría de ciudades santuario se resisten también a exigir a la gente sus papeles migratorios cuando los paran por faltas menores o a compartir sus datos sobre el estatus migratorio de los presos. "Es muy distinto que, siendo un inmigrante indocumentado, te detengan por ir con una luz del coche rota si estás en Los Ángeles o si estás, por ejemplo, en Houston", explica Patricia Ortiz, directora del centro de ayuda legal a inmigrantes de Los Ángeles Proyecto Esperanza. "En las ciudades que no son santuario, si el ICE pide que te retengan en comisaría hasta que vengan a por ti, puedes acabar siendo deportado".

Además de motivos éticos o humanitarios, las autoridades de las ciudades santuario aluden a la necesaria "cooperación" y confianza que debe existir entre las fuerzas del orden y las comunidades que protegen: en una ciudad como Los Ángeles, con unos 750.000 habitantes indocumentados, que una cantidad tan grande de residentes desconfíede la policía y no acudaa ella como víctimas o testigos no ayuda a su trabajo. "Si tienes miedo de que la policía te pida los papeles y acabe entregándote al Departamento de Seguridad Nacional, no te vas a acercar a ellos, ni siquiera cuando seas víctima de un crimen", argumenta Ortiz.

El mismo argumento planteaban recientemente desde otros puntos de la costa oeste: "No queremos que la gente nos tenga miedo", ha afirmado el 'sheriff' del condado de King (que incluye Seattle), en el estado de Washington. "Lo último que quiero es que nuestras comunidades se vuelvan contra sí mismas", dijo el alcalde de Seattle a los medios el lunes, mientras el alcalde de San Francisco tuiteaba: "Ser una ciudad santuario está en nuestro ADN".

"Pero esto no quiere decir que en una ciudad santuario no corras riesgos", matiza Ortiz. "Hemos visto muchos casos en que los propios funcionarios del ICE están esperando a la puerta de la comisaría o de la cárcel para llevarse a individuos que ya han localizado en la base de datos. Una cosa es que la policía local no quiera obedecer la orden de retención, y otra que el ICE tenga sus propios medios para ejecutar esas órdenes si lo considera preciso".

¿Puede Trump doblegar a estas ciudades?

"El término 'ciudad santuario'viene en realidad del siglo XIX, cuando algunas ciudades se negaron a devolver a antiguos esclavos a los estados esclavistas", explica Lena Graber, experta de la Asociación de Libertades Civiles Americana (ACLU), que ha seguido este movimiento desde sus orígenes. "Empezó a usarse para referirse a jurisdicciones (estatales, municipales o de condados) que no obedecían las peticiones del Departamento de Inmigración Federal de realizar 'detainers'. Los 'detainers'se empezaron a usar en 2009, y sobre todo a partir de 2012 y 2013 se han convertido en el principal mecanismo de aplicación de las leyes migratorias".

Y así, algunos estados, como California, permiten a inmigrantes indocumentados sacarse el carné de conducir. Muchas otras ciudades ofrecen servicios sociales municipales independientemente de la situación legal de cada persona. "Es un término que no tiene una definición legal concreta, y cada ciudad lo hace de distintas maneras", explica Kemi Bello, de la rama del sur de California de la ACLU. Hasta el momento, esta organización ha calculado que cinco estados, 365 condados y 37 ciudades de todo el país se han negado parcialmente a cumplir con las exigencias del ICE. "Pero otras políticas de santuario existen por lo menos en la mitad de los estados y en la mayoría de las zonas más pobladas del país", precisa Bello. En su mapa, puede verse que toda la costa oeste, el norte de la costa este, Florida y el medio oeste (las Dakotas, Wyoming y Colorado) se niegan en parte o totalmente a seguir las órdenes del ICE.

*Mapa de ILRC

Durante la campaña, Trump adoptó la causa de las víctimas de delitos violentos a manos de inmigrantes indocumentados, usando sus ejemplos como prueba de que los inmigrantes no legales plantean un problema de seguridad pública. Elcaso más reciente fue el de Kate Steinly, una joven muerta de un disparo en San Francisco a manos de un inmigrante indocumentado con antecedentes, para el que el ICE aseguró había pedido a la policía de San Francisco una orden de retención que la policía se había negado a cumplir.

Durante el cierre de la convención republicana en la que Trump salió proclamado candidato, tres madres hablaron sobre sus hijos o hijas víctimas (por accidente o violentamente) de un inmigrante indocumentado: esos son los 'bad hombres'a los que Trump hizo referencia en el segundo debate televisivo. En total, cinco casos con nombres y apellidos que la web Politifact se ocupó de investigar a fondo: dos fueron ataques con pistola y tres accidentes de tráfico en los que una persona indocumentada y borracha estaba al volante. De los cinco culpables, dos fueron detenidos: uno ha sido deportado y el otro, responsable de asesinato por un tiro en la cabeza, ha sido condenado a muerte en California.

"La media de deportaciones durante los últimos cuatro años ha sido de alrededor de 400.000 personas anuales. La Administración Obama se ha centrado en los indocumentados condenados por delitos"

"Son casos trágicos, y muy poderosos, pero no hay números que indiquen en absoluto que los inmigrantes indocumentados cometen más delitos, o ni siquiera la misma cantidad de delitos que los ciudadanos estadounidenses", asegura a El Confidencial Laura Hill, experta demógrafadel Instituto de Política Pública de California. Lo que no impide que políticos conservadores y algunos medios, como 'Breitbar', mantengan que en las ciudades santuario aumenta la criminalidad. En Texas hay en marcha una iniciativa de un senador republicano para prohibir las ciudades santuario en el estado.

¿Puede Trump obligar a estas ciudades a pasar por el aro, y a permitir que el ICE recupere el control total sobre las deportaciones? Puede amenazarlas con la retirada de determinados fondos federales, algo que les haríabastante daño. A principios de este año, el Departamento de Justicia advertía de que algunas de las ciudades santuario estaban incumpliendo una ley federal que prohíbe a las autoridades locales restringir el acceso a la información sobre el estatus migratorio de una persona. El Departamento de Justicia tendría motivos, entonces, para retirar millones de dólares en ayudas a estas jurisdicciones.

La mayoría de los expertos insisten en que "esos criminales" que están en el país ilegalmente ya han sido deportados por Obama. "La media de deportaciones durante los últimos cuatro años ha sido de alrededor de 400.000 personas al año, aunque en los últimos años ha ido disminuyendo un poco", explica Laura Hill. La Administración Obama se ha centrado, a la hora de realizar deportaciones, en los indocumentados condenados por delitos: de un 31% en 2008, esta proporción ha subido al 59% en 2015. El otro 41% lo forman personas que no han cometido otro delito que el de entrar ilegalmente en el país. "Si con Obama ha habido casos de personas que llevan 20 o 30 años viviendo en el país y por un desliz pequeño han acabado con una orden de deportación; con las promesas que ha hecho Trump, y con los republicanos con mayoría en las dos Cámaras, nos tememos que pueda ser peor", concluye la abogada Patricia Ortiz.

"Trump habla de deportar a "2 millones de criminales indocumentados": lo cierto es que no hay tantos, al menos condenados, en todo el país. "El departamento de Seguridad Nacional calcula en 2 millones las personas condenadas que no son ciudadanas estadounidenses. Pero en este grupo hay muchísimos que, aun sin ser ciudadanos, tienen un estatus legal[con permisos temporales o "green cards"]. La cifra de los indocumentados que han sido condenados por delitos o faltas graves está más bien entorno a los 820.000", explica Hill, citando un estudio del Instituto de Políticas Migratorias, unthink tankde Washington.

Para cumplir con las cifras que ha prometido, la administración de Trump necesitaría o bien acelerar el actual ritmo de deportaciones de inmigrantes ilegales que no han cometido delitos (aquellos con órdenes judiciales de expulsión o que acaban de cruzar la frontera), o bien empezar a deportar a los residentes legales que sí lo han hecho. Pero las ciudades santuario quieren seguir siendo las "guardianas" de sus ciudadanos y decidir cuáles, y por qué motivos, son expulsados de EEUU.