Llega la 'Nica Act': cómo Estados Unidos y la OEA quieren tumbar a Daniel Ortega

Hace casi cuatro décadas que Daniel Ortega dejó las armas, pero en este tiempo el ex guerrillero sandinista no ha sido ajeno a los enfrentamientos políticos. En las próximas semanas, el presidente de Nicaragua, de vuelta en el poder desde 2007, deberá enfrentarse a un enemigo que se cuenta entre los más poderosos con los que se haya topado nunca: la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El órgano legislativo norteamericano aprobó a finales de septiembre una resolución, la llamada 'Nica Act', para impedir que las instituciones financieras multilaterales realicen préstamos a Nicaragua hasta que Ortega garantice unos comicios “libres, justos y transparentes”.

Pero según sus detractores, las elecciones presidenciales que van a tener lugar este domingo en el pequeño país centroamericano, de seis millones de habitantes, no van a ser ni libres, ni justas, ni transparentes. Ortega es el máximo favorito, tras haberse excluido legalmente de las urnas al principal grupo opositor. Quienes son contrarios al oficialismo denuncian que la mano del ex guerrillero sandinista está detrás de una decisión judicial fallada el pasado junio que les acabó dejando sin representación política en el poder legislativo -28 diputados fueron expulsados de sus asientos en la Asamblea Nacional- y sin opción a participar en unas elecciones que serán celebradas sin observadores por mandato de Ortega.

“La democracia ha sido liquidada en Nicaragua”, denuncia a El Confidencial el abogado Héctor Mairena. “Las autoridades electas en los comicios anteriores, diputados y alcaldes, que no comulgan con el régimen, han sido destituidas. Los mandos de la policía y del ejército han sido cooptados para el proyecto dictatorial de Ortega. Las protestas y manifestaciones públicas, si no reprimidas por las claques orteguistas, sufren asedio y acoso”, critica el analista.

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La decisión tomada en Washington es todo un órdago, no sólo por el contenido, sino por las formas. Se trata de una iniciativa bipartidista, es decir, impulsada por congresistas republicanos y demócratas. Fue, además, aprobada de forma exprés y obtuvo la unanimidad en la cámara, algo extraordinario en la política norteamericana. El hecho resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta el actual enfrentamiento entre los dos partidos hegemónicos de EEUU debido a las elecciones norteamericanasdel 8 de noviembre.

¿Qué denuncia exactamente la 'Nica Act' con respecto a la política de Ortega? El texto, promovido por la congresista republicana de origen cubano Ileana Ros-Lethinen y el demócrata Albio Sires, también de origen cubano, critica la reelección de Ortega en 2011. Un fallo judicial permitió que el ex guerrillero volviese a presentarse a las elecciones, a pesar de que la Constitución nicaragüense prohíbe la reelección de presidentes.

También repasa los reportes de fraude electoral presentados por las misiones de observación en los comicios de 2011, la destitución de los diputados opositores de la Asamblea, la falta de transparencia en la gestión de fondos públicos, la expulsión de funcionarios del gobierno norteamericano, obstáculos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y el control de los poderes del Estado, especialmente de la Corte Suprema de Justicia, entre otros puntos. “A partir del 2007 Ortega empezó un proceso de concentración de poder, de desmontaje y desnaturalización de las instituciones del Estado, que ha llevado a que la división de poderes sea sólo una ficción”, subraya el analista Mairena.

"Injerencia estadounidense"

Para los líderes sandinistas, la aprobación en el Congreso de EEUU del Nica Act es una "verdadera infamia". Rosana Murillo, primera dama y candidata a la vicepresidencia, calificó la medida como “violatoria al derecho internacional”. Situó el texto como “parte habitual de la política injerencista” norteamericana.

Una reacción similar tuvo Bayardo Arce, asesor económico de Ortega y ex comandante de la Revolución Sandinista: “Es una medida agresiva, injerencista y violatoria de los derechos humanos que en esta época salen a relucir. Nicaragua y Cuba ya han perdido la cuenta de la cantidad de medidas de ese tipo que hemos recibido”, explicó.

Arce, sin embargo, fue más allá. No cree que el Nica Act vaya a ser aprobado de manera definitiva. La ley debe ser aún aprobada en el Senado norteamericano, lo que podría dilatarse unas semanas o varios meses. Tardará más si los senadores deciden enmendarla. El precandidato presidencial republicano Ted Cruz, también de origen cubano, se está encargando de promover la rúbrica del texto en dicha cámara.

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El texto pasa entonces a consideración del Presidente de EEUU. Hillary Clinton o Donald Trump tendrán que decidir si quieren refrendarlo o, por el contrario, vetarlo: “No voy a hablar de nada hipotético, cuando termine todo este proceso y veamos lo que implica, valoremos, y como dice el Chapulín Colorado: ‘que no panda el cúnico’, no voy a pronunciarme sobre lo que podría pasar”, reivindicó Arce.

La congelación de los préstamos de las instituciones financieras multilaterales supondría pérdidas anuales de entre 250 y 300 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM). El texto de Washington deja fuera de la prohibición prestataria aquellas sumas dedicadas a atender a necesidades humanas básicas y a la promoción de la democracia. No supondrá un problema drástico, según algunos cargos oficialistas.

Otros analistas, sin embargo, ven con preocupación la llegada de una gran tormenta para la segunda economía más pobre de América, sólo superada por la haitiana. Según datos del Banco Central de Nicaragua, 50 de cada 100 dólares que Nicaragua recibe en cooperación externa, o lo que es lo mismo, préstamos y donaciones, fueron precisamente desembolsados por el BID y el BM: “En los últimos diez años ese financiamiento ha significado el 25% del programa de inversión pública”, subraya Mairena.

Adiós a la ayuda venezolana

El desafío de Washington es, desde ese punto de vista, drástico. Los expertos temen una reducción de la inversión nacional. También un descenso de la inversión extranjera que afecte a la construcción de obras públicas, a los programas sociales del gobierno financiados con cooperación externa, al empleo y al dinero en circulación disponible para el comercio.

El régimen de Ortega había conseguido un crecimiento económico sostenido en los últimos años en torno al 5%. Ese es uno de los motivos –junto a la seguridad del país, excelsa en comparación a la de sus vecinos del norte- de la gran popularidad del ex guerrillero en varios sectores de la población.

Los ingresos provenientes de la cooperación petrolera venezolana ayudaron a ese crecimiento. Nicaragua captó, según los expertos, algo más de 4.000 millones de dólares en dicho concepto en los últimos ocho años, un dinero administrado de manera discrecional por la familia gobernante, según la oposición, extremo desmentido por el sandinismo.

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Esos créditos concesionales, recibidos a 25 años de plazo, con dos años de gracia y un interés del 2% anual, parecen haberse reducido drásticamente en los últimos meses debido a la crisis en el país amigo. “La disminución de la cooperación venezolana ha llevado a una sensible disminución de los programas sociales del gobierno y el anuncio del aumento de impuestos, eufemísticamente planteado como reducción de las exenciones fiscales”, señala Mairena. Los efectos combinados de la 'Nica Act' con esa reducción de la cooperación venezolana podrían suponer un duro golpe para la economía nicaragüense.

A ello se le debe añadir la posición escéptica de otros países –la mayoría europeos- que también han retirado su cooperación. “Al llegar al poder Ortega encontró 22 países en la comunidad cooperante. Pero ya sólo quedan tres o cuatro”, comenta el analista Norman Caldera, ex canciller liberal de la República. Ese déficit se cubrió con dinero de Venezuela, que ya no llega.

La OEA entra en escena

No sólo Washington pone en tela de juicio las garantías democráticas de Nicaragua. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha anunciado también su preocupación y sus propias acciones. Su Secretario General, Luis Almagro, remitió al gobierno nicaragüense un informe sobre la actualidad política nicaragüense y el actual proceso electoral. “Estoy seguro de que el informe sobre el proceso electoral deja en evidencia su inconsistencia por la carencia de las garantías y la exclusión de las fuerzas opositoras. En caso contrario, el gobierno ya lo hubiese hecho público”, comenta el analista Mairena.

El informe ha servido para que Ortega acepte sentarse a hablar con el organismo regional. Se reunirán dos veces al mes y Almagro visitará Nicaragua el próximo uno de diciembre. Uno de los objetivos, según los analistas, es pactar un texto común que consiga algunos resultados en las políticas en el país. Podría resultar un documento más favorable. Todo lo contrario podría ocurrir, sin embargo, en caso de que el gobierno se negase a colaborar.

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La oposición pretendía que se pospusiese la fecha de las elecciones hasta que hubiese garantías democráticas, algo que parecía difícil y no se ha dado. “La OEA puede ayudar pero los nicaragüenses tendrán que organizar su propia primavera para sacar la dictadura del poder”, explica Caldera.

Es más, para algunos críticos de ortega, como la congresista norteamericana Ros- Lethinen, el envío a última hora de una misión de la OEA a Nicaragua durante el fin de semana de los comicios podría suponer una ventaja estratégica para Ortega, a pesar de que el organismo supranacional ha subrayado que no es un grupo de observación electoral, algo que legitimaría los comicios.

“Me horroriza que la OEA haya caído en la trampa de Ortega, lo que permite al dictador aprovechar esta oportunidad para reclamar la legitimidad de una elección que no será ni libre ni justa y para continuar su represión del pueblo nicaragüense”, criticó la política norteamericana en un pronunciamiento público. Parece dispuesta a seguir promocionando la 'Nica Act' cueste lo que cueste. La decisión sobre su aprobación definitiva la tendrá probablemente el próximo presidente de los Estados Unidos.