Theresa May necesitará la aprobación del Parlamento para activar el Brexit

La decisión de romper con la Unión Europea deberá ser aprobada por el Parlamento británico. Así lo ha decretado hoy el Tribunal Superior de Reino Unido, que obliga a la premier Theresa May -cuya intención era activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al periodo de dos años de negociaciones, antes de abril de 2017-, a someter el Brexit a una votación parlamentaria.

Lord Justice Thomas ha afirmado en el fallo que los derechos otorgados por el Parlamento en el Acta de Comunidades Europeas de 1972 no pueden ser revocados por el Gobierno, solo por el propio Parlamento. "En nuestro fallo, la clara y necesaria implicación de estas previsiones, tomadas por separado y en conjunto, es que el Parlamento intentaba que los derechos de la UE tuviesen efecto en la legislación doméstica, y que este efecto no pudiese ser deshecho o conculcado por una acción tomada por la Corona en el ejercicio de sus poderes prerrogativos", ha indicado.

Lo que implica la decisión de la justicia británica es que el Parlamento podría llegar a rechazar o modificar el acuerdo para el Brexit si está en desacuerdo con algunos elementos clave, como las cuestiones comerciales, las de inmigración u otras. A pesar de los argumentos del Abogado General Jeremy Wright de que una decisión así sería "un intento de invalidar la voluntad pública" de abandonar el Reino Unido, el fallo judicial no ha sido inesperado. El tribunal ha permitido que el Gobierno apele la decisión, por lo que habrá otra serie de sesiones entre el 5 y el 8 de diciembre. El Secretario Internacional de Comercio del Reino Unido, Liam Fox, ha dicho que el Gobierno estaba "decepcionado", pero "determinado a que se respete el resultado del referéndum".

"Se puede cambiar de postura"

Precisamente, uno de los arquitectos del artículo 50, John Kerr, antiguo embajador de Reino Unido ante la UE, declaró ayer a la BBC que dado que el referéndum no es vinculante, el país podría cambiar su postura respecto al Brexit, incluso después de hacer invocado dicho artículo. "Puedes cambiar de opinión mientras el proceso está en marcha", dijo Kerr.

"Durante ese período, si un país decidiera que en realidad no quiere irse después de todo, todo el mundo estaría enojado por la pérdida de tiempo", añadió. "Podrían tratar de sacarle un rédito político, pero legalmente no podrían insistir en que te fueras". Kerr es partidario de que, o bien el Parlamento o bien la ciudadanía, a través de unas elecciones o un segundo referéndum, revaliden la decisión de abandonar la UE en un plazo de entre un año y 18 meses, de acuerdo con la BBC.