Bloqueo político y protestas en Venezuela: ¿qué pasará tras el asalto a la Asamblea?

Los sucesos de los últimos días han llevado a la política venezolana a un juego arriesgado, con cartas en la manga sacadas en el último momento, jugadas que son trampas para unos, legalidad para otros, e incluso golpes sobre la mesa que dan a entender que la partida está atascada. Los próximos días parecen decisivos para Venezuela, con marchas chavistas y opositoras convocadas para martes y miércoles, y en un momento en que el presidente, Nicolás Maduro, se encuentra ausente, de gira por los países de Oriente Medio para, dicen sus acólitos, defender el precio del petróleo.

Este domingo se realizaba una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para discutir, entre otras medidas, si se hacía un juicio político a Nicolás Maduro. En plena reunión, decenas de personas vinculadas al chavismo irrumpieron de forma violenta en el hemiciclo. Agresiones, robos a mano armada y destrozos en el mobiliario eran el saldo de este grupo, que a los pocos minutos fue sacado del Parlamento por la Guardia Nacional —la misma que no impidió que entrara—, con la mediación de Jorge Rodríguez, alcalde (PSUV) del municipio Libertador de Caracas, donde se encuentra la sede de la Asamblea.

Nada tan complicado de predecir como el camino que puede tomar Venezuela. Entre los políticos, se dice en corrillos de pasillo que hay diálogo, incluso en estos momentos de tanta tensión. En la calle, queda ver qué fuerza de movilización tiene el chavismo este martes y en días sucesivos

Es la segunda vez en la historia de Venezuela que ocurre algo similar. La primera fue el 24 de enero de 1848, de la mano de José Tadeo Monagas. Esta vez, no se sabe si fue un grupo por iniciativa propia o articulado por alguien. La sesión se pudo reanudar y continuar con el orden del día.

Tras las acusaciones, los recuerdos del golpe de Estado de 2002, la llamada a la cordura, la exposición de los puntos del orden del día, es decir, lo cotidiano en una sesión parlamentaria, llegó lo insólito, las medidas aprobadas por la mayoría de la Asamblea, bajo el signo político de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) desde el 6 de diciembre de 2015. Entre ellas, declarar oficialmente la ruptura del orden constitucional, solicitar a los organismos internacionales (Unasur, Mercosur, Organización de Estados Americanos) la activación de medidas para defender al pueblo, designar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y realizar una sesión este martes para decidir sobre la situación constitucional del presidente.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

El pasado jueves, a una semana de la fecha prevista para la recolección de firmas necesarias para activar el referéndum revocatorio, los tribunales de los estados de Carabobo, Aragua, Bolívar y Apure (todos bajo gobiernos del chavismo) admitieron sendas denuncias de fraude en la recolección de firmas del 1% recogidas en abril. Horas más tarde, el CNE acataba la medida cautelar dictada y la recolección del 20%, prevista para el 26, 27 y 28 de octubre, quedaba pospuesta “hasta nueva instrucción judicial”.

El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, el único opositor en la institución, expresó a través de su cuenta de Twitter que las medidas cautelares “no deben paralizar la expresión de la soberanía popular (…) No es necesaria orden judicial alguna para que el CNE tramite la voluntad soberana de los venezolanos”. Y añadió: “Recordemos que el CNE validó 399.142 manifestaciones de voluntad, dando inicio al proceso de solicitud del 20%”. Aquí radica el dilema y la fina línea que convierte esta medida de última hora en una trampa más para frenar el revocatorio. El CNE ya revisó firmas y el proceso, aun con trabas en los tiempos, siguió adelante.

La medida, aunque sorpresiva, no estaba lejos de los escenarios posibles. Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, dijo el viernes en la rueda de prensa de la MUD que esto “es algo que veníamos advirtiendo, que se estaba cocinando esta decisión y las consecuencias que tendría”. Desde distintas tarimas, los portavoces del Gobierno, incluido el propio presidente Nicolás Maduro, han dicho en estos meses que “el revocatorio no va”. Jorge Rodríguez, nombrado jefe de la comisión de verificación de firmas, dijo en agosto que “el proceso está legalmente muerto porque está basado en un gran fraude”, y dijo que más de 100.000 personas fallecidas aparecen en la lista entregada en su momento por la MUD. En estos días, precisamente en el municipio del que es alcalde, se veían unos carteles con la leyenda 'Stop al fraude de la MUD' y otros con el número de firmas invalidadas, falsas o de menores de edad.

Al freno del revocatorio se añade la negativa del presidente Maduro de presentar el Presupuesto del Estado 2017 ante la Asamblea Nacional para su aprobación, lo que contraviene la Constitución. Para justificar su acción, dijo que la institución se encuentra en desacato.

¿Qué puede pasar?

Dictadura es la palabra más repetida entre los dirigentes políticos de oposición; de “golpe de Estado” calificó Capriles la medida del CNE. Para el dos veces candidato presidencial, el revocatorio era una vía democrática de contención de un estallido social, un carril para el descontento en un país donde la escasez de medicamentos, comida y otros insumos de uso personal es lo cotidiano. Roto el hilo constitucional, según plasmó la Asamblea el domingo, queda retomarlo.

Quien otrora machacó aquello de “el tiempo de Dios es perfecto”, frase que le ha granjeado la burla de sus adversarios, dijo que no se puede seguir poniendo la otra mejilla. “Si nos quieren presos, pues échenle bolas [atrévanse]”. Además de la sesión extraordinaria de la Asamblea y una marcha de mujeres el sábado pasado, se convocó para el miércoles 26, el día en que se iniciaba la recolección de firmas, a la “toma de Venezuela”. Aún se desconocen detalles de si será una marcha con recorrido definido y punto final de encuentro, aunque Capriles lanzó en la tarde del domingo el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter: “La TOMA de Venezuela en defensa de la Constitución VA el miércoles 26 e iremos adonde tengamos que ir, no se descarta Miraflores!”.

Los diputados del autodenominado Bloque de la Patria (PSUV y afines) dijeron que “desde el martes defenderían la revolución” e irían al Palacio de Miraflores. Horas más tarde, se lanzó una convocatoria de marcha para este 25, también sin punto final.

Freddy Guevara, diputado por Voluntad Popular, señaló a El Confidencial que “rota la ilusión institucional, no se puede pensar en otra iniciativa popular, porque todo lo van a frenar”. Para el Gobierno, dijo, los caminos que quiere que tome la oposición es la sumisión o la violencia, “pero nosotros abogamos por la resistencia pacífica”. Con qué se come esto: “marchas, concentraciones, huelga”. ¿Paro nacional? “Todo lo que haga falta para hacer inestable a este Gobierno”. Ya hubo un precedente en Venezuela, en el paro petrolero de 2002-2003, que dejó en la calle a miles de trabajadores de PDVSA, una inflación disparada, escasez de combustible y de alimentos.

Nada tan complicado de predecir como el camino que puede tomar Venezuela. En las instituciones puede pasar como hasta ahora, que cada medida que la Asamblea decida se anule por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que Maduro se salte el paso por ella, que quede aún más anulada, que deje sin efecto cualquiera de sus medidas. Entre los políticos, se dice en corrillos de pasillo que hay diálogo, incluso en estos momentos de tanta tensión, aunque no hay nada que lo confirme.

En la calle queda ver qué fuerza de movilización tiene el chavismo el martes y en días sucesivos. Y la oposición, que tendrá que convencer el miércoles que viene a todo el país para que salgan a protestar ante un Gobierno que puede que les escuche. O no. Y que puede que ejerza la fuerza contra ellos. O no. Con tantas cartas sobre la mesa, tantas variables y tantas manos impredecibles, en Venezuela el juego, más que nunca, queda abierto.