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ACS resucita un polémico sueño colonial en Congo
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solo el 20% de la producción de la presa irá a la población

ACS resucita un polémico sueño colonial en Congo

El imperio de Florentino Pérez compite para construir una presa hidroeléctrica aún sin estudio de impacto ambiental. La mayoría de la población seguirá sin electricidad

Foto: Turbinas de la presa Inga II, en el río Congo, a unos 140 kilómetros de la capital Kinshasa. (Reuters)
Turbinas de la presa Inga II, en el río Congo, a unos 140 kilómetros de la capital Kinshasa. (Reuters)

La República Democrática del Congo es un país a oscuras. Solo alrededor del 10% de los congoleños accede al milagro de pulsar un interruptor y que se haga la luz, y eso no siempre, debido a los continuos cortes de corriente. El resto vive de noche a la luz de las velas y de generadores eléctricos. En este país donde millones de personas siguen sumidas en la oscuridad, dos consorcios internacionales, uno liderado por la española Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS), presidida por Florentino Pérez, y AEE Power, y otro chino encabezado por la corporación que gestiona la gigantesca Tres Gargantas son los últimos en liza para construir una presa hidroeléctrica en el majestuoso río Congo, bautizada como Inga III, cuya potencia será de 4.800 megavatios (MW).

Un chorro de luz que no sacará a los congoleños de las tinieblas. Más de la mitad de estos 4.800 MW se venderá a Sudáfrica (2.500 MW), mientras que otra parte (1.300 MW) alimentará las minas de la región de Katanga, muchas explotadas por multinacionales. La producción restante, en teoría, 1.000 MW –seguramente menos, pues ninguna central hidroeléctrica produce al 100% de su capacidad– se destinará a una parte de los hogares de Kinshasa, la capital.

La prioridad dada a la exportación y a la industria en detrimento de las necesidades de la población se une a otro aspecto que preocupa a las organizaciones ecologistas. Cuando se supone que este mes de octubre el Estado congoleño debe decidir cuál de los dos consorcios internacionales obtiene la licitación –ambos presentaron sus ofertas definitivas en septiembre– el proyecto no cuenta aún con un estudio de impacto medioambiental y social, ha denunciado la organización International Rivers. En mayo, en una entrevista grabada por esta organización, el director del organismo que gestiona el proyecto, la Agencia para el Desarrollo y Promoción del Proyecto Grand Inga, Bruno Kapandji, insinuó que las obras de la presa, reiteradamente aplazadas, podrían empezar sin ese estudio. Inga III es además solo la primera fase de un proyecto mucho más grande, bautizado como Grand Inga, cuyas repercusiones ecológicas se desconocen igualmente.

Menos de 1.000 de los 4.800 megawatios que producirá la presa irán destinados a los hogares de Kinshasha, la capital del país

Si se llega a construir, Grand Inga sería la realización de un sueño mastodóntico que ya acarició en los años veinte del pasado siglo la colonización belga y, tras la independencia, el dictador Mobutu Sese Seko. Se trataba de crear una serie de presas para producir electricidad en el Congo, que los autóctonos definían como “el río que se traga todos los ríos”, con sus 4.700 kilómetros de longitud y su caudal medio de más de 42.000 metros cúbicos por segundo, solo superados por el Amazonas.

Un precedente poco halagüeño

La primera plasmación de ese sueño fueron las presas Inga I e Inga II, puestas en funcionamiento en 1972 y 1982, respectivamente, y cuyos beneficios son controvertidos. También en aquella ocasión se privilegió la exportación y las minas de cobre de Katanga, propiedad del Estado. Además, Inga I e Inga II han funcionado siempre a medio gas, por falta de mantenimiento, y han resultado onerosas. Desde 2002, sucesivos proyectos de rehabilitación de estas centrales y su línea de alta tensión, financiados fundamentalmente por el Banco Mundial, han costado hasta 1.200 millones de dólares, según International Rivers. Pese a ello, solo siete de sus 14 turbinas funcionan, y la larga rehabilitación prosigue.

El sueño de Mobutu no se limitaba a estas dos presas sino que se extendía al proyecto ahora resucitado, el Grand Inga, del que Inga III es el primer paso. Esta primera central contará con un canal artificial, que desviará parte de la corriente del Congo, y un pantano en el valle Bundi. En fases posteriores del Grand Inga, está prevista la construcción de un enorme lago artificial hacia el que se desviará buena parte del caudal del río. Este lago inundará el valle y contará con otras cinco centrales hidroeléctricas. En total, un complejo de ocho plantas de generación hidroeléctrica, incluidas las dos ya existentes, situadas en la zona de las “Cataratas de Inga”, a 150 kilómetros de la desembocadura del río Congo en el océano Atlántico y a 225 kilómetros de Kinshasa, en una zona plagada de rápidos y cascadas. Grand Inga está diseñada para ser la mayor central hidroeléctrica del mundo, con una potencia instalada de 40.000 MW, el doble que la presa Tres Gargantas, y el equivalente a 20 centrales nucleares.

¿A quién beneficiará este proyecto? Para International Rivers, los beneficiarios no serán los congoleños, más bien lo contrario. Primero, sostienen, porque la electricidad no irá en su mayor parte a sus hogares y, después, por el elevado precio de construcción de estas presas, que “aumentará la deuda pública” de un Estado al borde de la bancarrota en el que ocho de cada diez habitantes viven bajo el umbral de la pobreza, según el Fondo Monetario Internacional. Solo Inga III requerirá entre 12.000 y 14.000 millones de dólares, mientras que el coste de todo el megaproyecto, Grand Inga, se ha calculado en unos 80.000 millones de dólares. Eso sin contar con unos sobrecostes y retrasos que, según un estudio de la Universidad de Oxford citado por la organización ecologista, pueden llegar, en este tipo de obra, al 96% del presupuesto inicial.

Al elevado coste del proyecto que ya hacía dudar de su viabilidad, se ha sumado ahora el agravamiento del riesgo de violencia debido a la crónica inestabilidad política del Congo. La razón es el ya confirmado retraso de las elecciones presidenciales que la oposición del país atribuye a una maniobra del jefe del Estado, Joseph Kabila, para perpetuarse en el poder más allá del 19 de diciembre, cuando concluye su segundo y, según la Constitución, último mandato.

“La única alternativa viable”

Yehudi Levy es director país en Congo de AEE Power, una de las compañías que, junto con ACS, lidera la asociación temporal de ocho empresas ('joint venture') que opta a construir Inga III, un proyecto que cree “clave para Congo y para toda África”. Levy considera que la central es la “única alternativa viable” para proporcionar electricidad al país, lejos de las pequeñas centrales hidroeléctricas, solares y eólicas que proponen los ecologistas, que le parecen “poco realistas”. A pesar de que reconoce que no se ha efectuado el estudio de impacto medioambiental y social, sostiene que este “será escaso” y que, en caso de ser elegido, su consorcio “no empezará las obras” sin dicho estudio.

Levy defiende que Inga III “no aumentará la deuda de Congo” debido a que la financiación provendrá de “inversores internacionales” y el proyecto tendrá “prácticamente coste cero” para el país africano. Es más, recalca, esta presa será “la principal fuente de divisas del país” gracias a la venta de electricidad a otros estados.

Según International Rivers, Inga III requerirá al menos 14.000 millones de dólares, mientras que el coste de todo el megaproyecto es de unos 80.000 millones

A Ange Asanzi, encargada de la campaña Grand Inga en International Rivers, estos argumentos le parecen “demasiado buenos para ser verdad”. “Afirmar que este proyecto no aumentará el peso de la deuda equivale a no comprender cómo funciona un partenariado público-privado [la fórmula elegida para financiar Inga II]. Esta fórmula tiene un componente de deuda y, como contraparte pública, Congo debe aportar parte del dinero. La contraparte privada tendrá la concesión para explotar la instalación durante un tiempo [25 años, según Yehudi Levy] y así recuperar su inversión. Dependiendo del tipo de acuerdo, esto se hará sea vendiendo la electricidad al Estado o bien con pagos no vinculados a esta venta. Lo que deberían hacer las empresas es hacer públicas las condiciones del contrato y romper con la opacidad que rodea estas licitaciones”.

Con respecto a los ingresos que generará la presa para Congo –sobre todo de Sudáfrica, a la que se venderán 2.500 MW del total de 4.800 en virtud de un acuerdo entre ambos países– Asanzi es escéptica. International Rivers ha alertado de que este tipo de infraestructura es un terreno abonado “para la corrupción y para que compañías poderosas exploten a bajo precio y luego exporten los ricos recursos naturales de África”. A finales de septiembre, el fondo de inversión Och-Ziff reconoció, en un acuerdo judicial en Estados Unidos, haber pagado 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios congoleños a cambio de adquirir a bajo coste derechos de explotación minera. Entre esos funcionarios, la prensa norteamericana identificaba al presidente Kabila.

Asanzi cita un dato: “El jefe del Estado se ha asegurado de que la Agencia del Proyecto Grand Inga responda directamente a él, cuando se suponía que debía ser independiente”. La decisión de las autoridades congoleñas de situar este organismo bajo la autoridad de Kabila podría haber tenido que ver con el anuncio del Banco Mundial de suspender su apoyo al proyecto: 73,1 millones de dólares destinados a financiar los estudios técnicos. En una nota del 25 de julio, el Banco Mundial justificaba su decisión aludiendo a que las autoridades congoleñas habían dado al proyecto “una orientación estratégica diferente”.

La constructora de Florentino Pérez, ACS, tampoco tiene una hoja de servicios impoluta en esta cuestión, pues en el pasado se ha visto salpicada por varios casos de corrupción, como el que involucró a su filial australiana Leighton en un caso de sobornos a cambio de contratos. También Eurofinsa, la constructora de la que AEE Power era filial cuando se formó la “joint venture”, fue investigada por sobornos a altos cargos en la vecina Angola a cambio de vencer un concurso público. El caso fue archivado.

La importancia del proyecto es tal que el semanario 'Jeune Afrique' relacionaba en junio el bajo perfil de España con respecto a la actual crisis en Congo con el deseo de facilitar que el consorcio español sea el elegido. El Gobierno español no ha condenado en ningún momento unas violaciones de derechos humanos certificadas por Naciones Unidas –el 19 de septiembre murieron al menos 56 personas en la represión de una manifestación de la oposición– ni instado a las autoridades a respetar su Constitución y organizar elecciones, como sí han hecho otros países europeos y EEUU.

Una extraordinaria biodiversidad

Yehudi Levy, el directivo de AEE Power, atribuye la polémica sobre Inga III al “desconocimiento” y critica a quienes “ponen por delante a cuatro peces que al desarrollo del Congo”. Luego afirma que el sitio donde se construirá la presa de Inga “no es único”.

Una afirmación que contradice International Rivers, que señala que la mera existencia de una zona de rápidos y cataratas tan cerca de la desembocadura del río es algo singular. Eso sin considerar su biodiversidad, con más de 700 especies de peces, muchas de ellas endémicas. El Congo desempeña además un papel crucial en el equilibrio del océano Atlántico y en la lucha contra el efecto invernadero, debido a que los sedimentos y la materia orgánica que arrastra su corriente hasta el océano son imprescindibles para alimentar la fauna y la flora marinas. No solo eso, la corriente en superficie del río que penetra en el océano en forma de penacho de plumas –según la organización ecologista, ha llegado a detectarse a 800 kilómetros mar adentro– alimenta a organismos marinos como el fitoplancton.

España no condenó unas violaciones de derechos humanos certificadas por Naciones Unidas como sí hicieron EEUU y otros países europeos

La importancia de este proceso radica en que el fitoplancton capta dióxido de carbono de la atmósfera y al morir y hundirse en el océano, lo almacena sin liberarlo. Diversos estudios han demostrado que esta capacidad para captar carbono limita el calentamiento global. Según este análisis, las consecuencias de construir grandes presas que bloqueen y/o desvíen el curso del Congo, disminuyendo el aporte de sedimentos, nutrientes y oxígeno al Atlántico, pueden ser graves.

Otro aspecto preocupa a los ecologistas: la población. International Rivers calcula que, solo para Inga III, 35.000 personas serán desplazadas. Un precedente les hace temer que el Gobierno congoleño simplemente las expulse de sus casas: los habitantes desalojados de sus tierras hace 50 años para construir Inga I e Inga II, aún no han sido indemnizados. Algunos de ellos siguen viviendo en chabolas en el Campo Kinshasa, construido para los trabajadores que levantaron las presas. En una siniestra metáfora, estas personas en cuyas tierras ancestrales se construyeron los dos primeros pantanos, no tienen luz. Aunque es cierto que corresponde al Estado congoleño indemnizar a la población desalojada, su suerte no parece inquietar a los dos consorcios que optan a su construcción. Según Ange Asanzi, ninguno de los dos “ha mostrado interés por las comunidades afectadas”.

La República Democrática del Congo es un país a oscuras. Solo alrededor del 10% de los congoleños accede al milagro de pulsar un interruptor y que se haga la luz, y eso no siempre, debido a los continuos cortes de corriente. El resto vive de noche a la luz de las velas y de generadores eléctricos. En este país donde millones de personas siguen sumidas en la oscuridad, dos consorcios internacionales, uno liderado por la española Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS), presidida por Florentino Pérez, y AEE Power, y otro chino encabezado por la corporación que gestiona la gigantesca Tres Gargantas son los últimos en liza para construir una presa hidroeléctrica en el majestuoso río Congo, bautizada como Inga III, cuya potencia será de 4.800 megavatios (MW).

Florentino Pérez
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