Australia sigue los pasos de Ferrovial y cierra sus 'islas cárcel'

El ministro de Inmigración australiano, Peter Dutton, ha asegurado este miércoles que tras reunirse con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O'Neill, ambos países han decidido cerrar el centro de detención de solicitantes de asilo de la isla de Manus en el que se dan abusos sexuales y automutilaciones sin que las autoridades tomen medidas al respecto. Se trata de una noticia que afecta de manera indirecta a la constructora española Ferrovial, ya que el pasado mayo adquirió Broadspectrum, responsable de proporcionar servicios a estos centros.

Estos recintos forman parte de la polémica política de inmigración del Gobierno australiano que desde hace una década y media envía a las islas del Pacífico y no a Australia a los solicitantes de asilo interceptados en el mar. De esta manera, evitan las responsabilidades derivadas de la legislación internacional y, al mismo tiempo, disuaden a aquellos que tratan de llegar al país en patera por lo difícil que resulta el proceso para conseguir asilo.

Para que esta política de inmigración saliera adelante, Australia llegó a acuerdos con Papúa-Nueva Guinea para la creación de estos centros de detención en su territorio a cambio de importantes contrapartidas económicas. De todos modos, el pasado 27 de abril el Tribunal Supremo de Papúa-Nueva Guinea ya ordenó el cierre del centro de detención de Manus por "ilegal e inconstitucional". Poco después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) exigió el traslado de los internos a otro lugar con "condiciones humanas".

En el centro de la isla de Manus viven actualmente 854 solicitantes de asilo que tendrán que ser reubicados, pero el ministro de Inmigración australiano ha asegurado que ninguno de ellos será acogido en Australia. "Desde hace tiempo la postura de este Gobierno ha sido la de trabajar con Papúa Nueva Guinea para cerrar Manus y apoyar a aquellas personas en su traslado a dicho país o en su regreso a sus países de origen", dice el comunicado.

Pero en marzo, el primer ministro papú aseguró que su "Gobierno no tenía los recursos suficientes para reubicar a los refugiados", por lo que varios medios apuntan a que probablemente Australia tenga que pagar al país vecino para que se haga cargo de los detenidos. En este sentido, O'Neill ya ha avisado de que el cierre no será inmediato: "Es importante que el proceso no se precipite y que se lleve a cabo de manera cuidadosa", ha dicho.

El papel de Ferrovial

A finales de mayo la constructora española Ferrovial compró Broadspectrum, la empresa que se encarga de proporcionar servicios a estos centros como, por ejemplo, el personal de seguridad al que se acusa de ser responsable de muchos de los excesos que se dan en los mismos. Por esta razón, tal y como informó El Confidencial la pasada semana, la firma española ha decidido deshacerse de los centros del Pacífico para evitar ser cómplice en los abusos.

“El mismo día que se tomó el control de Broadspectrum, Ferrovial Servicios anunció que, dado que los servicios prestados en los Centros Regionales de Refugiados de Nauru y Manus no forman parte de su actividad, no figurarán tampoco en la oferta de Broadspectrum en el futuro. Por tanto, Broadspectrum no se presentará a la renovación del contrato, que convocará el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras del Gobierno australiano”, aseguró un portavoz de la empresa.

Además, cabe señalar la aclaración que hizo la constructora sobre el papel de la empresa Broadspectrum en dichos centros, ya que aseguran que se trata de un rol secundario: “Broadspectrum no gestiona estos centros. Es un proveedor de servicios del Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras del Gobierno australiano, ocupándose del mantenimiento, 'catering', limpieza, logística, seguridad, bienestar y transporte”.

De todos modos, el pasado 25 de julio, una experta en derecho internacional de la Universidad de Stanford, Diala Shamas, dijo que algunos empleados de Ferrovial podían ser procesados "por crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma". Fuentes de la constructora ya aseguraron a El Confidencial que "con toda firmeza, rechazamos los planteamientos jurídicos contenidos en su escrito".