La UE planea financiar a un genocida para detener el flujo de refugiados

Lo que los embajadores de los 28 Estados miembros de la Unión Europea discutieron el pasado 23 de marzo en Bruselas no debía llegar a conocimiento de la opinión pública “bajo ninguna circunstancia”. De ese secreto podía depender la ya muy empañada reputación de la UE, porque lo que se acordó ese día en el Comité de Representantes Permanentes de la Unión, según la revista Der Spiegel, era detener el flujo de refugiados africanos aunque fuera a costa de pactar con el diablo.

El “diablo”, según las pruebas recogidas por el Tribunal Penal Internacional (TPI), se llama Omar al Bashir, presidente de Sudán, el único jefe de Estado en ejercicio contra quien pesa una orden de arresto internacional por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad por el conflicto de la provincia sudanesa de Darfur; el hombre a quien ese Alto Tribunal considera el cerebro del asesinato de 300.000 personas, de violaciones en masa y del desplazamiento forzoso de tres millones de personas que se convirtieron gracias a él en refugiados o desplazados internos.

Este presunto genocida, cuyos crímenes han sido y siguen siendo una fábrica de refugiados, es paradójicamente uno de los autócratas con los que la UE planea colaborar para cerrar el paso a los refugiados africanos que intentan alcanzar el Mediterráneo para pasar luego a Europa. En los últimos años Sudán se ha convertido en un importante país de tránsito hacia el continente europeo; refugiados de Eritrea, Somalia, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana –todos países en conflicto- utilizan su territorio para tratar de llegar a Libia, desde donde emprenden una arriesgada y muchas veces mortal travesía hacia las costas italianas. Naciones Unidas calcula que unos cuatro millones de personas se están desplazando ahora mismo por esa ruta.

El secreto sobre este proyecto que se quería bien lejos del escrutinio de la opinión pública lo han roto dos medios alemanes, la revista Der Spiegel y la televisión ARD, que han tenido acceso a las actas y a documentos confidenciales de la reunión del 23 de marzo. La revista alemana explica que, ese día, en el apartado 37, denominado “Fichas Países”, los embajadores acordaron “trabajar” con diversos regímenes del Cuerno de África “con el fin de detener el flujo de refugiados a Europa”, un proyecto “bajo liderazgo alemán” que, siempre de acuerdo con el medio citado, prevé pagos por valor de 40 millones de dólares a ocho países africanos, incluido Sudán, con cargo al Fondo de Emergencias para África (Emergency Trust Fund) de la Unión Europea, un instrumento en teoría destinado a fomentar la estabilidad y “abordar las causas de la migración irregular y el desplazamiento de personas en África”.

Asistencia a regímenes dudosos

Las actas de la reunión de los embajadores en la que se pergeñó el controvertido proyecto secreto muestran, sostiene Der Spiegel, que su prioridad no es otra que la protección de las fronteras europeas. De ahí que se acordara proveer de “equipamiento a los países en cuestión”.

Ese material consistirá en cámaras, escáneres y servidores informáticos para que el régimen sudanés registre a los refugiados, así como en entrenamiento a su policía de fronteras. El plan de acción europeo incluye además un capítulo de “asistencia” para que Sudan construya dos campos cerrados, con celdas de detención incluidas, para emigrantes. Según Der Spiegel, el ministro alemán de Cooperación y Desarrollo Económico ha confirmado el carácter “obligatorio” del proyecto aunque de momento no se han tomado medidas para su aplicación.

En los documentos obtenidos por los medios alemanes se precisa que la agencia alemana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (GIZ) será la encargada de coordinar el proyecto. Esta institución, que abrió una oficina en Jartum, la capital sudanesa, en 2014, “tiene experiencia en trabajar con países autoritarios”, precisa Der Spiegel, que cita cómo la policía federal alemana entrena a sus homólogos de Arabia Saudí con fondos de este organismo que “se ha convertido en un vehículo que el gobierno utiliza para ser menos transparente”.

En realidad, este proyecto avanza en la línea que para las organizaciones de derechos humanos se traduce en externalizar las fronteras ofreciendo a terceros países beneficios políticos y económicos a cambio de que readmitan a inmigrantes y refugiados expulsados en masa, unas expulsiones ilegales a la luz de convenios como los de Ginebra que obligan al tratamiento individualizado de todos los casos.

La última plasmación de esta política ha sido el acuerdo de readmisión de refugiados-incluidos los sirios- con Turquía adoptado en marzo y criticado por organizaciones como Amnistía Internacional, que lo define como “un golpe histórico a los derechos humanos”.

Tras la estela de Gaddafi

Mucho antes de este acuerdo, la UE había llegado también a un entendimiento a cambio de prebendas políticas y económicas con las autoridades marroquíes para que blindaran Ceuta y Melilla -lo que estuvo en el origen de la muerte de 14 subsaharianos en el otoño de 2006 en la primera “crisis de las vallas”- e incluso con la Libia del coronel Gaddafi a la que en 2009 ofreció 20 millones de euros como ayuda para “controlar sus fronteras”, mientras que a su otrora apestado líder empezaban a abrírsele las puertas en Europa.

Sin embargo, si se llega a incluir a un supuesto criminal de guerra como el presidente sudanés en la nómina de colaboradores de la UE, ello supondría un salto cualitativo: “Un régimen que ha desestabilizado la región y llevado a cientos de miles de personas a huir es quien se supone que va a contener ahora el problema de los refugiados de la UE”, ironiza Marina Peter, experta en la región de la organización humanitaria alemana Bread for the World, citada por Der Spiegel.

La polémica elección de la UE plantea además otros riesgos. Uno de ellos -que se hace explícito en el propio plan de acción filtrado a la revista y la televisión alemanas- es que el equipamiento financiado por la UE no se utilice sólo para registrar refugiados sino también para reprimir a sus poblaciones por parte de los despóticos regímenes con los que la Unión se plantea colaborar.

Los riesgos no se quedan ahí. La experta Marina Peter formula sus dudas acerca de la sinceridad de las supuestas intenciones de Al Bashir de poner coto a las redes de trata de emigrantes y refugiados. No en vano Human Rights Watch ha acusado al régimen sudanés de complicidad con dichas organizaciones criminales que trafican con seres humanos.

Según Der Spiegel, Alemania y los otros Estados miembros piensan cerrar los ojos ante estos riesgos. Las autoridades sudanesas, prosigue el artículo, han confirmado que numerosos alemanes han visitado ya Jartum para discutir acerca de la construcción de centros de detención para inmigrantes, aunque, según declaró a la revista la agencia de cooperación alemana GIZ, “no hay aún planes concretos en el país”. Unos planes que no parecen coherentes con determinadas declaraciones públicas de la canciller alemana, Angela Merkel quien, en los albores de la crisis de los refugiados, declaró que la solución del problema pasaba por “mejorar las condiciones de vida de estas personas”.