los oscuros intereses de la bancada ruralista

Esclavitud en Brasil, un triste récord en la octava economía del mundo

Brasil, el mayor productor de café, emplea mano de obra esclava en sus plantaciones. Un problema ligado a los intereses de la Bancada ruralista, el grupo más poderoso del Parlamento

Foto: Un trabajador instala un sistema de irrigación en una plantación de café en Santo Antonio do Jardim, Brasil, en febrero de 2014. (Reuters)
Un trabajador instala un sistema de irrigación en una plantación de café en Santo Antonio do Jardim, Brasil, en febrero de 2014. (Reuters)

Brasil, el mayor productor de café del mundo, emplea mano de obra esclava e infantil en sus plantaciones. Y peor aún, dos grandes multinacionales del sector, Nestlé, con sede en Suiza, y la holandesa Jacobs Douwe Egberts, que juntas controlan el 40% de las ventas mundiales de ese producto, eran concientes de esta situación y, por lo tanto, han sido cómplices de estos cultivadores esclavistas. Es lo que se desprende del estudio ‘Café amargo’, realizado por la ONG Danwatch.

Otro informe publicado este mes por Catholic Relief Services, la agencia internacional humanitaria de la comunidad católica de los Estados Unidos, en colaboración con la ONG Repórter Brasil, denuncia situaciones de trabajo forzado y esclavitud en 15 granjas que producen café. Los inspectores brasileños se encontraron con trabajadores agrícolas “sometidos a trabajos forzados y extenuantes, en condiciones degradantes, además de servidumbre por deudas”, lo que el Gobierno del país tropical considera “condiciones análogas a la esclavitud”. En algunos casos, los trabajadores soportaban jornadas de 11 horas y vivían en casas sin baño, con un suministro de agua no apta para el consumo humano.

“Durante muchos años, las fiscalizaciones del Gobierno brasileño han estado centradas en el sector ganadero y en el área de extracción de carbón. Con el paso del tiempo, otras áreas rurales comenzaron a ser investigadas, como la producción de la caña de azúcar o la reforestación. Por esta razón, solo ahora tenemos acceso a datos sobre esclavitud en el sector del café”, explica a El Confidencial André Micalli Campos, investigador de la ONG Repórter Brasil, una organización fundada en 2001 por periodistas, científicos sociales y educadores para denunciar las violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Brasil fue el primer país del mundo que, en 1995, reconoció la existencia del trabajo esclavo. Entre 1996 y 2014, unos 48.700 esclavos han sido liberados. En teoría, el artículo 149 del código penal brasileño considera un crimen someter al trabajador a condiciones degradantes, jornadas exhaustivas, servidumbre por deuda o cualquier tipo de trabajo forzoso. A pesar de las políticas públicas implementadas en el país tropical para combatir el trabajo esclavo, que han sido incluso reconocidas internacionalmente, muchos especialistas temen que Brasil esté emprendiendo un camino que le llevará a un retroceso. “La situación actual es muy preocupante. Los que trabajamos en esta área ni siquiera soñamos con conquistar nuevos derechos. El principal objetivo es no perder lo que ya conquistamos”, señala Micalli.

Curiosamente, algunos parlamentarios son responsables de implementar prácticas esclavistas, casi siempre amparados por la impunidad. El último caso ha saltado a la actualidad el pasado 3 de abril, en plena histeria pre 'impeachment'. Beto Mansur, diputado federal por el Partido Republicano Brasileño, ha sido condenado por el Tribunal Superior del Trabajo a pagar una multa de 200.000 reales (50.000 euros) por “daño moral colectivo”. Su delito: haber empleado mano de obra esclava e infantil en su hacienda de Bonópolis, en el estado de Goiás. La fiscalización ha detectado la presencia de trabajadores en condiciones precarias, alojados en barracones con techo de plástico y paja, que dormían sobre el suelo, sin baño y sin acceso al agua potable.

Un productor, cargando fibra vegetal yute en la ciudad de Manacapuru, región norte de Brasil. (EFE)
Un productor, cargando fibra vegetal yute en la ciudad de Manacapuru, región norte de Brasil. (EFE)

El caso de Mansur no es una excepción. “Ha habido muchos casos de fiscalización en los últimos años que envuelven a diputados y senadores”, afirma Micalli. En 2009, Antônio Cabrera, exministro de Agricultura con el presidente Fernando Collor, fue acusado de mantener a 1.884 trabajadores esclavos en su hacienda de caña de azúcar en Limeira do Oeste, en el estado de Minas Gerais. Otro diputado, Urzeni Rocha, del Partido de la Social Democracia Brasileña, fue denunciado por someter a 26 trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud en su granja dedicada a la cría de ganado en el estado de Roraima, en el norte del país.

La votación sobre el 'impeachment' contra Dilma Rousseff del pasado 17 de abril dejó patente ante el mundo que el Parlamento brasileño está compuesto por 513 diputados cuando menos bizarros, que votaron a favor de la caída de Rousseff en nombre de Dios y de sus respectivas iglesias. La mayoría de estos parlamentarios pertenecen a la Bancada do Bói, da Bíblia e da Bala, un grupo formado por los grandes terratenientes del país, los empresarios del sector agropecuario, los seguidores de las iglesias cristianas y los defensores de la mano dura contra el crimen. Todos juntos, controlan el 40% de los votos en la Cámara

"El Gobierno por un lado fiscaliza, y al mismo tiempo financia empresas descubiertas empleando a esclavos, como demuestra el caso del programa Minha Casa, Minha Vida"“Muchas políticos brasileños están ligados al sector agrario y ganadero, que históricamente es donde se dan más casos de esclavitud”, aclara Micalli. “Muchos son 'fazendeiros', dueños de granjas, o representan los intereses de la llamada Bancada ruralista, el grupo más poderoso de nuestro Parlamento”, agrega. Estos diputados están intentando cambiar la legislación sobre el trabajo esclavo para conseguir una normativa más blanda. En 2015, la Comisión de Agricultura aprobó un proyecto de ley del diputado Moreira Mendes (Partido Social Democrático) que pide un cambio en la definición del trabajo esclavo, eliminando los términos de “jornada exhaustiva” y “condiciones degradantes de trabajo”. El proyecto, que todavía está en tramitación, cuenta con el apoyo de la exministra de Agricultura Katia Abreu, recién ‘despedida’ tras la aprobación del 'impeachment' de Rousseff por parte del Senado.  

El Gobierno interino de Michel Temer, mucho más conservador que el anterior, puede abrir el camino para la aprobación de este proyecto de ley, con la consecuente merma de los derechos de los trabajadores y una mayor impunidad de los empresarios. “Toda la culpa recaería en el intermediario, conocido como 'gato'. Es quien contrata a personas que viven en áreas rurales pobres y aisladas para que trabajen en granjas situadas muchas veces a centenares de kilómetros de sus casas”, explica Micalli. “Con la nueva ley, toda la culpa del trabajo esclavo acabaría recayendo sobre este intermediario, librando al dueño de la granja de su responsabilidad penal”, agrega el portavoz de Repórter Brasil.

La 'Lista sucia'

Otro aspecto polémico atañe a la famosa 'Lista sucia', un registro creado en 2003 que reúne los nombres de los empleadores que fueron descubiertos usando trabajo esclavo. En 2014, la Corte Suprema de Brasil suspendió dicha lista, alegando que es inconstitucional. En 2014, volvió a ser pública a través la Ley de Acceso a la Información. Sin embargo, hoy su publicación peligra de nuevo. “La idea de esta lista era promover la transparencia y el consumo responsable. Ha sido un instrumento muy importante en la lucha contra la esclavitud”, defiende Micalli. El hecho de que ocho ministros del flamante Gobierno de Temer estén investigados por corrupción presagia que esta lista tiene los días contados.

Un episodio que envuelve a la exministra de Agricultura revela el pavor que le tienen empresarios y políticos a esta lista. En 2014, cuando todavía era senadora, Katia Abreu recurrió a la Corte Suprema para intentar anular la divulgación de los nombres de los empresarios pillados en casos de esclavitud. La razón es que dos hermanos de la exministra, André Luiz Abreu y Luiz Alfredo de Feresin Abreu, aparecían en la 'Lista sucia' por delitos de esclavitud en 2012 y 2013, respectivamente.

Por desgracia, el sector cafetero y el agrario no representan una excepción en el mapa del trabajo esclavo. Episodios de esclavitud se registran también en el ámbito de la construcción. El mismo Gobierno federal se ha visto implicado en este delito en 2014, cuando una investigación del Ministerio de Trabajo descubrió que la constructora MRV, subcontratada para la edificación de viviendas populares dentro el programa Minha Casa, Minha Vida, mantenía a 118 trabajadores en condiciones de esclavitud en la ciudad de Macaé, en el estado de Río de Janeiro. Esta empresa, que es una de las principales constructoras de Brasil, ya había sido condenada en 2013 a pagar una multa de 6,7 millones de reales (1,6 millones de euros) por emplear a 63 trabajadores esclavos en una obra del mismo programa federal Minha Casa, Minha Vida, esta vez en Sao Paulo.

Trabajadores en un punto de exportación de café en Santos, Brasil, en diciembre de 2015. (Reuters)
Trabajadores en un punto de exportación de café en Santos, Brasil, en diciembre de 2015. (Reuters)

“El programa brasileño de combate a la esclavitud es considerado ejemplar por otros países. Una de las razones del éxito relativo que ha tenido es que ha sido una política de Estado y no de Gobierno, que empezó con Fernando Henrique Cardoso y tuvo un fuerte impulso con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, en los últimos años, el número de fiscalizaciones ha caído significativamente”, señala el portavoz de Repórter Brasil. “Es una política que tiene aspectos contradictorios. El Gobierno por un lado fiscaliza, y al mismo tiempo financia empresas que han sido descubiertas empleando esclavos, como demuestra el caso del programa Minha Casa, Minha Vida”, añade.

El sector textil tampoco está a salvo. En 2011, un caso de esclavitud en Brasil salpicó incluso al grupo español Inditex, cuando fueron liberados 15 trabajadores esclavos, todos inmigrantes peruanos y bolivianos que trabajaban en una fábrica subcontratada por la empresa de Amancio Ortega. Su jornada laboral llegaba a las 16 horas diarias. Los obreros estaban hacinados con cinco menores de edad en un espacio minúsculo que servía a la vez de taller y vivienda, y recibían un salario de entre 200 y 300 reales por mes (50-75 euros). En este caso, la empresa española y la Fiscalía brasileña alcanzaron un acuerdo para el pago de una multa.  

Para el procurador de Trabajo Renan Kalil, Brasil es eficiente en la represión de la práctica del trabajo esclavo, pero precisa mejorar las estrategias de prevención. “El combate puede acontecer tanto en el ámbito represivo, lo que supone sacar a los trabajadores de una situación de esclavitud, como en el ámbito preventivo, es decir, evitar que vuelvan a encontrarse en esta situación o que entren en el ciclo de trabajo esclavo. En Brasil, tenemos una estrategia de represión que tiene un éxito considerable: han sido casi 50.000 trabajadores rescatados a lo largo de 20 años.

No obstante, esta cuestión de la prevención debe ser trabajada más”, señala Kalil. Brasil fue uno de los últimos países del mundo en abolir la esclavitud, gracias a la Ley Áurea de 1888. Hoy, los expertos atribuyen la persistencia del trabajo esclavo a diferentes causas: la subcontratación, el bajo nivel de educación de los trabajadores, una fiscalización insuficiente y la absoluta impunidad de los empresarios y granjeros. Desde 1997, cerca de 2.500 empresarios fueron pillados cometiendo este crimen. Sin embargo, ninguno de ellos ha cumplido su pena hasta el final.

La situación puede empeorar con la nueva Ley de Tercerización, que ha sido aprobada en el Parlamento el pasado 22 de abril. Según la abogada laboralista Fabíola Marques, este reglamento va a reducir el coste del trabajo para los empresarios, al mismo tiempo que afectará negativamente a los salarios y reducirá el poder de los sindicatos. “Esta ley tiene un potencial impacto sobre la cuestión del trabajo esclavo”, asegura Micalli. La ley deberá ser aprobada en el Senado para entrar en vigor.

Ahora, un laudo internacional podría revertir este sombrío panorama. El pasado mes de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos comenzó su primer juicio contra Brasil sobre trabajo esclavo. El caso, que está siendo juzgado en San José de Costa Rica, se refiere a la granja Brasil Verde, en el estado de Pará, acusada de mantener a cerca de 340 personas en condiciones de esclavitud entre 1988 y 2000. Esta Corte puede condenar al Gobierno brasileño a resarcir a los trabajadores y adoptar medidas y leyes para prevenir casos parecidos. 

“Es la primera vez que un caso sobre trabajo esclavo contemporáneo será juzgado”, destaca Xavier Plassat, coordinador de la campaña contra el trabajo esclavo de la Pastoral de la Tierra. “No sentimos ningún placer en ver al Estado brasileño condenado. Pero las conquistas están siendo amenazadas: faltan fiscales y quieren desmantelar el concepto de trabajo esclavo. No podemos retroceder y ser los alumnos malos de la comunidad internacional”, concluye Plassat.

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