Expulsados, juzgados, señalados: el régimen de Erdogan ya no tolera a la prensa crítica

“El Ministerio prohibe tu entrada al país por motivos de seguridad”. Así detuvo un oficial de aduanas a la periodista italiana Eleonora Vio al aterrizar en el aeropuerto Atatürk de Estambul. Hacía semanas que su visado de prensa había sido denegado, pero aún así viajó hasta Turquía para pasar las vacaciones de Semana Santa junto a su familia. Al llegar al control de pasaportes fue detenida y trasladada a la “habitación de pasajeros problemáticos”. Ahí le comunicaron que iba “a ser deportada a Serbia”,desde donde venía por motivos de trabajo.

Eleonora pasó 30 horas retenida en una sala del aeropuerto sin obtener ninguna explicación. Compartió la estancia con otras mujeres afganas, paquistaníes, sirias y camerunesas que, desde hacía más de un mes, esperaban una orden de deportación. Esta periodista italiana, que trabaja en Oriente Medio desde hace más de 6 años, sólo recibió un documento “de prohibición de entrada” en relación al artículo 9 de la ley 6458 sobre extranjeros y protección nacional. Pero “todavía hoy no sé el motivo de mi expulsión”, asegura Vio, “ni por cuanto tiempo tendré prohibida la entrada a Turquía”.

En las últimas semanas, las autoridades han vetado la entradade varios periodistas extranjeros, de igual manera, al aterrizar en el aeropuerto. El caso más reciente, y que más atención ha recibido de los medios, es el del estadounidense David Lepeska que, tras pasar 20 horas en la sala de detención y no recibir ninguna explicación, decidió tomar un vuelo de vuelta a Chicago.El colaborador de The Guardian, Al Jazeera y Foreing Affairs, entre otros, residía en Turquía desde hacía tresaños. Fuentes gubernamentales afirmaron que Lepeska no disponía de la tarjeta de prensa obligatoria y que trabajaba con un visado de turista. Por ello, dijeron, no se trataba de un asunto de libertad de prensa sino de procedimientos legales.

Pero no se trata de incidentes aislados.“Dos periodistas turcos condenados a dos años de cárcel”, “Una autora finlandesa deportada de Turquía por vínculos con terroristas”, “Académico británico en Turquía se enfrenta a 5 años de cárcel por propaganda terrorista”. Cada día, los periódicos del país anuncian un nuevo revés contra la libertad de expresión. Las voces disidentes de Turquía son ahora prueba para una acusación criminal.Periodistas turcos y extranjeros, profesores, columnistas, editores de canales de comunicación o escritores son investigados y detenidos del mismo modo que los miembros de una organización terrorista. Erdogan utiliza la 'lucha contra el terror'para silenciar a la oposición e implantar unsistema degobierno cada vez más autoritario.

En los últimos meses, el Directorio de Prensa e Información de Turquía es más inflexible a la hora de expedir o renovar los permisos. Corresponsables, fotógrafos y camarógrafos extranjeros que viven desde hace años en en país afirman que el procedimiento es más lento y complicado que en épocas anteriores. Decenas de ellos se han visto obligados a abandonar Estambul, como Hasnain Kazim del semanario alemán 'Der Spiegel', porque sus acreditaciones o visados de residencia no eran tramitados. Esta es otra vía, a través de un sistema que funciona con menos agilidad, para deshacerse de las plumasmás críticas con el gobierno.

El propio Erdogan puso el énfasis en “quienes utilizan su bolígrafo” para apoyar el terror. Tras el antentado de Ankara del 13 de marzo, perpetrado por un grupo radical kurdo escindido del PKK, el presidente anunció la necesidad de redefinir el término terrorismo. Condenó las acciones de quienes usan las armas pero también las de los “terroristas desarmados”, aquellos que les ayudan con sus ideas. “No hay diferencia entre un terrorista que usa un arma y alguien que usa un bolígrafo para apoyar los mismos objetivos”. El líder de Turquía estableció así la misma responsabilidad penal para el PKK opara el Estado Islámicoque para “un académico, un autor, un periodista o un director de una ONG”.

La prensa local, la más afectada

Así pues, el “vínculo conun grupo terrorista” es la acusación más común contra los periodistas extranjeros. La pasada semana, la escritora finlandesa Taina Niemela fue arrestada en la provincia de Van, en el sureste del país, por atender el funeral de “un miembro terrorista”. Cualquier contacto con la guerrilla kurda, o incluso tratar de cubrir la operación en el sureste, puede terminar en deportación. Fue el caso del equipo de la revista VICE, Jake Hanrahan, Philip Pendlebury e Ismail Rasul, que fueron detenidos mientras grababan los enfrentamientos. El joven iraquí Rasul, incluso, pasó 131 días en prisión.

El insulto, la parodia o las críticas duras contra Erdogan también son materia penal. En Turquía, insultar al presidente es un crimen que puede castigarse con hasta 4 años de prisión. Desde que Erdogan alcanzara la presidencia en 2014, se han abierto más de 1.800 casos por ofensas contra él, según declaró el Ministro de Justicia. En ocasiones, no son artículos ni intervenciones televisivas sino publicaciones en Twitter o comentarios de Facebook. Y el origen, en reiteradas ocasiones, es la denuncia de un particular.

Ebru Umar, una periodista holandesa con raíces turcas, fue delatada por varios holandeses-turcos por unos tuits que había publicado contra el presidente. Primero fue detenida mientras pasaba el fin de semana en el oeste de Turquía, pero a las horas fue puesta en libertad. “Estoy libre, pero no puedo abandonar el país”, publicó, de nuevo, en la red social. El proceso contra Umar, todavía abierto, podría llevar más tiempo y concluir con penas más duras que las puestas a otros extranjeros. Umar tiene la nacionalidad turca y, por ello, se le podrá aplicar la legislación del país.

Pero sin duda, la mordaza más severa es para la disidencia nacional. Los periodistas Ceyda Karan y Hikmet Çetinkaya han sido condenados a dos años de prisión por reproducir, junto a su columna del diario Cumhuriyet, una portada del Charlie Hebdo con una caricatura del profeta. Erdogan criticó la ilustración por “incitar al odio y al racismo”. Igualmente, el primer ministro Ahmet Davutoglu remarcó que la libertad de prensa no implica libertad para insultar. Pero este suceso tiene distintomatiz:no está relacionado con la ofensa o con el terrorismo, sino con la blasfemia. Es decir, con la religión y la prohibición de faltar a las creencias de la mayoría. Aquí también, hasta 1.280 personas fueron quienes denunciaron la publicación.

“No hemos visto una situación similar en la historia reciente de Turquía, desde que existe el sistema multipartidista”, afirma Cengiz Aktar, un columnista y académico pro Unión Europea del Istanbul Policy Center (IPC). El mundo académico también está siendo castigado. En enero, 1.128 intelectuales firmaron una petición conjunta en la que condenaban la operación contra el PKK en el suereste. “Nosotros no formaremos parte de este crimen”, se tituló el manifiesto. En respuesta, tres de ellos han sido enviados a prisión preventiva, 30 han sido despedidos, y 27suspendidos en sus puestos de trabajo mientras concluye la investigación. “Turquía va camino de convertirse no en un régimen autoritario, sino en un sistema fascista”, asegura Aktar."La prensa extranjera tendrá cada vez más dificultades para vivir y trabajar en este país”.