Guatemala amenaza con busca y captura al español Pérez Maura por supuesto soborno

El expresidente de Guatemala, Otto Pérez, un general retirado y antiguo oficial de Inteligencia, fue siempre un hombre de pocas palabras y menos sonrisas. Pero en aquel día de agosto de 2014 en el que comenzaban las obras de una nueva terminal de contenedores en Puerto Quetzal, el principal puerto del Pacífico guatemalteco, estaba de buen humor y se atrevió a bromear. El entonces mandatario, al presentar al empresario español que construía las instalaciones y las operaría, Ángel Pérez Maura García-Botín, aclaró a los periodistas que pese a que ambos se apellidan Pérez, no eran parientes. “Yo soy de los Pérez de Zaragoza (Guatemala)”, dijo el presidente.

El Pérez guatemalteco quiso, de alguna forma, aclarar que no había habido favoritismo en el negocio de la construcción y operación de un nuevo puerto, que la empresa del Pérez español, el Grupo Marítimo TCB, nada tenía que ver con él.

El presidente tenían razón. En realidad, TCB, principal operador de terminales de contenedores de España, no había logrado adjudicarse las nuevas instalaciones de Puerto Quetzal por un parentesco entre los dos Pérez. Según las autoridades guatemaltecas, la empresa española se hizo con el negocio porque Ángel Pérez Maura había prometido pagarle al Pérez guatemalteco y a otros altos funcionarios del Estado 30 millones de dólares.

Un portavoz de Pérez Maura asegura a El Confidencial que sus abogados comprobaron en la AN de Madrid que no existe una orden detención en su contra

Claro que el escándalo no estalló hasta un año y medio después. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), algo parecido a una agencia de Naciones Unidas facultada para realizar investigaciones criminales junto con la fiscalía, emitió la semana pasada una orden de captura contra Pérez-Maura por supuesto soborno al presidente Pérez.

De acuerdo con la investigación, el empresario español llegó a pagar 12 millones en efectivo al presidente Pérez, la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y otros funcionarios e intermediarios a cambio de obtener una concesión para construir una terminal de contenedores sin necesidad de competir en un concurso público. Si no se completó el pago de los 30 millones fue precisamente porque Pérez y Baldetti fueron encarcelados el año pasado por otro caso de corrupción investigado por la CICIG.

Esta fiscalía ha lanzado en el último año y medio una ofensiva anticorrupción que ha hecho temblar al status quo político y económico de este país centroamericano acostumbrado al crimen y la impunidad.

Ahora, la CICIG toca las puertas de una de una próspera familia con una larga tradición en el sector naviero que data del siglo XIX. Ángel Pérez Maura, a través de su empresa Pérez y Cia., fue hasta septiembre pasado el accionista mayoritario del Grupo TCB, propietario de terminales de contenedores en importantes puertos españoles (Barcelona, Valencia, Tenerife) y de Latinoamérica. La empresa también es la principal proveedora española de servicios de estiba, mantenimiento de contenedores y remolcadores; gestiona terminales de cruceros y ofrece servicios aduaneros, logísticos y seguros.

A pesar de que Pérez y Cia. vendió su participación en TCB al gigante danés Maersk, uno de los últimos negocios que cerraron, el de la terminal de Puerto Quetzal, persigue ahora al director de la empresa. Sobre Pérez Maura, según confirmó a Policía Nacional Civil de Guatemala, pesa desde hace tres días una orden captura internacional emitida por Interpol. Guatemala y España tienen tratado de extradición, por lo que el empresario podría ser entregado a la justicia del país centroamericano.

Un portavoz de Pérez Maura asegura a El Confidencial que sus abogados comprobaron en la Audiencia Nacional de Madrid que no existe una orden de detención en su contra, y que, por tanto, él no se va a “pronunciar sobre algo que no existe”.

Un hombre en prisión

El destino de Pérez Maura está en manos de un hombre que pasa sus días en una prisión guatemalteca; leyendo periódicos y durmiendo sobre un viejo colchón colocado en el suelo. Juan Carlos Monzón era hace un años un empresario modesto, propietario de un negocio de hierba sintética para canchas deportivas. Pero en 2012 fue nombrado secretario de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, y a partir de entonces se convirtió en su hombre de confianza, en el operador de sus principales negocios. Entre ellos, el de las aduanas, que terminó por costarle el cargo y la libertad a su jefa y a él mismo.

Monzón se convirtió en 'colaborador eficaz' de la CICIG. Comenzó a hablar sobre cómo Pérez Maura y su representante en Guatemala, hoy preso, negociaron sin que el Estado convocase una licitación

En abril del año pasado, la CICIG emitió una orden de captura contra Monzón por ser parte de una estructura que cobraba comisiones a importadores a cambio de reducirles el pago de aranceles. Monzón, sin embargo, logró huir durante casi seis meses. En ese tiempo, el caso salpicó a Baldetti y al presidente Pérez que, primero dimitieron y después fueron detenidos y encarcelados. Cuando Monzón se entregó, a finales de 2015, lo hizo sabiendo que se enfrentaba a una condena de tres décadas; lo hizo sabiendo que colaboraría con la justicia a cambio de una reducción de su pena.

Tras meses de negociaciones, a comienzos de abril, Monzón se convirtió oficialmente en “colaborador eficaz” de la CICIG. Devolvió al Estado tres viviendas y cinco motocicletas KTM, entre otras cosas. También comenzó a hablar sobre cómo Ángel Pérez Maura y su representante en Guatemala, el también español Juan José Suárez Meseguer, hoy preso, negociaron la construcción de la nueva terminal de contenedores sin necesidad de que el Estado convocase una licitación.

Monzón, de acuerdo con la investigación, fue el enlace entre el Ejecutivo y el “grupo de los españoles”. Entre 2013 y 2014 se reunió infinidad de veces con ellos. No es que Monzón vaya a delatar a Pérez Maura, es que ya lo ha hecho.

En efectivo, por favor

En una declaración de anticipo de prueba filtrada a la prensa esta semana, el exsecretario de la vicepresidenta explicó que él asumió las negociaciones con Pérez Maura y Suárez Meseguer en enero de 2013. Para entonces, los españoles desconfiaban. El anterior emisario de la Presidencia había sido detenido en Honduras por narcotráfico y demasiados intermediarios habían querido intervenir en busca de una comisión. Por eso, le pidieron a Monzón que antes de continuar, les garantizase que él sí contaba con el aval de la Presidencia para cerrar acuerdos. En febrero, los dos españoles acudieron al Palacio Nacional, sede del gobierno, para reunirse con Otto Pérez. El mandatario les expuso que Monzón era de su confianza y que él sería el encargo de todo lo “administrativo”. Entonces, -relató Monzón- los españoles no dijeron nada, pero comprendieron.

Terminada la reunión, Pérez Maura y Suárez Messeguer se reunieron con Monzón en el hotel Camino Real. “Entonces ellos ya tenían claro que podían darme detalles de las comisiones de las que Juan José (Suárez Meseguer) me había hablado. Específicamente el señor Ángel Pérez Maura es el que saca de su saco (chaqueta) una hoja en la que había un cuadro. Ahí me sorprendí porque vi que la comisión era de 30 millones de dólares, y yo hasta entonces, había pensado que eran 30 millones de quetzales (ocho veces menos)”, dijo Monzón antes los fiscales. Ese cuadro que le presentó Pérez Maura a Monzón constaba de 24.5 millones de dólares para el presidente, la vicepresidenta y otros funcionarios, cinco millones para el anterior equipo negociador, y medio millón para “gastos administrativos”. La parte del Ejecutivo se pagaría asi: nueve millones cash y 15 millones en acciones de la filial de TCB en Guatemala.

Baldetti, según la investigación, llegó a recibir 4,2 millones de dólares. Casi todo se invirtió en comprar un hotel, una casa en la playa y una clínica de estética

A partir de entonces, las negociaciones, aseguró Monzón, se redujeron a Suárez Meseguer y él mismo. No fueron fáciles. Pérez y Baldetti solo querían efectivo, no acciones. Los españoles aceptaron, pero propusieron un calendario de pagos que se extendía a lo largo de tres años. Los gobernantes guatemaltecos no estaban dispuestos. Querían que la comisión se pagase durante su mandato, que terminaba en enero de este año. Finalmente, los españoles cedieron.

Baldetti, según la investigación, llegó a recibir 4,2 millones de dólares. Casi todo se invirtió en comprar un hotel en Antigua Guatemala, una casa en la playa y una clínica de cirugía estética. También se le entregaron 600.000 dólares en efectivo, en billetes de cien.

El presidente Pérez recibió una cifra equivalente. De acuerdo con la fiscalía, el 16 de diciembre de 2014, cuatro meses después de que Pérez Maura inaugurase las obras del puerto, un intermediario le entregó al mandatario tres millones dólares en efectivo en el propio despacho presidencial. Monzón y otros funcionarios se repartieron otros cuatro millones de dólares.

A cambio, Pérez y Baldetti no solo defendieron contra viento y marea un contrato que estaba siendo muy cuestionado tanto por los partidos de oposición como por el sindicato portuario. También ofrecieron su respaldo a TCB ante el brazo financiero del Banco Mundial, el IFC, que prestó a la empresa 61 millones de dólares para desarrollar el proyecto y compraron 50 millones de dólares en acciones.

Todo parecía ir bien. Las obras avanzaban y el rechazo inicial al proyecto se disipaba. Entonces llegó el 16 de abril de 2015, una fecha que muchos guatemaltecos no olvidarán. Aquel día, la CICIG anunció que Monzón formaba parte de una estructura de fraude aduanero y era prófugo de la justicia. Era el principio del fin para el Gobierno de Pérez. También comenzaba a escribirse el destino del empresario español que soñó con ser el propietario del mayor puerto en el Océano Pacífico, entre Lázaro Cárdenas, México, y el Canal de Panamá.