Cruzando solos el Río Grande: menores en busca del sueño americano

Si le preguntas a Carlos (nombre ficticio) cuál ha sido el peor momento de su vida, se lo tiene que pensar unos segundos. No es que, a sus 18 años recién cumplidos, no tenga donde elegir. Carlos nació en Honduras, donde trabajó el campo desde los 8, y donde sufrió malos tratos de sus padres hasta que no aguantó más y salió huyendo, hace un par de años, rumbo a EEUU. Cruzó la frontera a pie, con un "coyote" al que pagó miles de dólares que había conseguido ahorrar, fue detenido por la policía de frontera estadounidense, puesto en un centro de refugiados menores sin acompañar, y finalmente, tras un par de meses, entregado a su hermano mayor, que vive en Los Ángeles. Así que después de pensarlo un rato, Carlos dice: "Lo que me pasó en Honduras, eso ha sido lo peor". Pero luego añade: "Y también este último año".

Como menor sin acompañar, Carlos pasó de la policía de fronteras a la supervisión de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR en sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de Sanidad del Gobierno federal de EEUU. En el centro de San Antonio, Texas, donde pasó un par de meses, los trabajadores sociales se ocuparon de localizar a su hermano, residente en Los Ángeles, con los datos que él les dio. Localizado, pusieron a Carlos, de casi 17 años, en un vuelo rumbo a Los Ángeles. Y eso fue lo último que supieron de él. Nadie hizo un seguimiento ni se ocupó de entrevistar al hermano.

Si lo hubieran hecho, habrían descubierto que Carlos no estaba en buenas manos. "No sé qué le ha pasado a mi hermano, pero no es la persona que era antes", dice, temblándole la voz. "Él es muy diferente. Casi no nos vemos". Le ha dejado instalarse en la misma habitación, en un piso compartido, pero también le ha dejado claro que ha de buscarse la vida. Ni colegio, ni comida, ni lo más básico todavía: compañía o consejo sobre qué hacer. Por suerte encontró un trabajo en una fábrica de ropa, y se está manteniendo gracias a ello. A pesar de haber sobrevivido a tantas situaciones extremas y traumáticas a lo largo de su corta vida, Carlos no estaba preparado para el desamparo y la soledad que ha vivido en una ciudad como Los Ángeles.

"Antes, había padres que querían recoger a sus hijos, pero los trabajadores sociales les hacían esperar, les hacían conseguir una casa más grande, para que los niños tuvieran dormitorio propio, había muchas garantías y condiciones que cumplir. Podías esperar hasta seis meses para que te entregaran a tu hijo", explica Mercedes Núñez, abogada y directora del programa de orientación legal de Proyecto Esperanza, una ONG de Los Ángeles, que lleva años trabajando con menores sin acompañar. "Ahora vienen tantos que no hay suficiente personal, ni espacio, para estos niños. Había prisa por sacarlos de los centros cuanto antes, porque no estaban en condiciones adecuadas".

El "antes" al que Núñez hace referencia se sitúa en los años previos a 2014. Con la mayor crisis de menores refugiados que se recuerda en EEUU entre ese año y el siguiente (102.000 menores sin acompañar fueron interceptados o se entregaron a la policía de fronteras entre enero de 2014 y agosto de 2015) las autoridades se vieron desbordadas. Los centros de acogida para inmigrantes sin documentar no estaban preparados para recibir y sobre todo, alojar durante meses a tantos niños. Y así, se fueron relajando las exigencias a los "patrocinadores" (el término legal con que se define a la persona, normalmente un familiar directo, que se hace cargo del menor en EEUU). Ya no hacía falta mandar huellas dactilares. Tampoco había nadie que controlara que efectivamente hubiera cama y comida para los menores en su destino final.

Sin nadie a quien acudir

"Una chica de 16 años fue enviada a vivir con su padre, que compartía un dormitorio con otros 7 hombres, dormían todos en el suelo", recuerda Núñez, quien afirma que es habitual encontrarse con casos similares en los tribunales de inmigración del centro de Los Ángeles, a los que acude dos veces por semana. "De repente ves a un niño que ha venido al juzgado solo, sin abogado, sin ninguna persona adulta. Te acercas, le preguntas, y te cuenta que le pegan, que no le han llevado al colegio. Y no saben qué hacer, dónde acudir". Núñez y sus compañeros perciben desde el pasado octubre la llegada de una nueva oleada. No le ha sorprendido, ni a ella ni a nadie que lleve trabajando en este ámbito durante los últimos tres años, la exclusiva que Associated Press destapó recientemente.

Según denunciaba AP, la ORR, en el verano de 2014, dejó incluso de pedir a los adultos que reclamaban a los niños que rellenaran los formularios con información personal y de revisar sus antecedentes penales. La agencia aseguraba haber identificado al menos 12 casos donde los menores fueron sometidos a malos tratos, negligencia, abusos sexuales o tráfico de personas. Un comité bipartito del senado estadounidense está investigando la actuación de la ORR. "La incapacidad del gobierno de proteger a estos menores no supone solo un incumplimiento de nuestro compromiso de ayudar a los más vulnerables. Es un fallo de nuestra más básica obligación legal", denunciaba esta semana la presidenta de este comité, la senadora Claire McCaskill.

Como Carlos, la gran mayoría de menores que llegan son adolescentes, muchos en la frontera con la mayoría de edad (aproximadamente el 50% tienen más de 17 años). Cuando la alcanzan, y legalmente dejan de ser menores, en un número considerable de casos sus patrocinadores se desentienden de ellos, si no lo han hecho antes. "Pero no están preparados, son niños, no han estudiado, ni siquiera les ha dado tiempo a adaptarse a un nuevo país y un nuevo idioma"; explica Núñez. Su programa de orientación legal para patrocinadores es uno de los 14 en todo el país con financiación del gobierno federal. Como primer contacto con la administración estadounidense, los abogados de la ONG no ofrecen solo consejo legal.

Para muchos menores son su único asidero, su única fuente de ayuda y consejo sobre qué hacer, a donde acudir. Después de nuestra entrevista Núñez busca un pase de transporte para Carlos, a quien ayudaron a localizar una escuela nocturna. "A veces vienen a nuestros despachos solo a hablar. No tienen a quien contarle lo que les pasa", asegura. Unos 200 pasan cada mes por sus oficinas.

Carlos llamó al Proyecto Esperanza hace dos semanas. Dice que encontró el teléfono en uno de los muchos papeles que le dieron en el centro de menores al despedirse, papeles con información en inglés y español que, en teoría, deberían haber acabado en manos de su hermano. Y su caso no es uno de los más graves, pues al menos su hermano no le pega ni le ha echado de casa. Hay menores a los que se obliga a trabajar y pagar el alquiler, menores a los que se echa directamente a la calle, o que son víctimas de malos tratos y abusos por sus patrocinadores, menores que acaban en la calle, viviendo solos con otros adolescentes, donde y como pueden. "Los casos que vienen a nosotros, y que conocemos, son solo unos pocos", alerta Daliah Setareh, abogada de Legal Aid Foundation Los Ángeles. "Hay muchos otros que no se atreven a decir nada. Imagínese el valor que hay que tener para buscar ayuda, y denunciar a tu patrocinador".

"A Manuel [otro nombre ficticio] su madre le había abandonado a los seis años para venir a EEUU. Quedó a cargo de su abuela. Cuando ésta enfermó, le dio dinero para venir con su madre, porque ya no lo podía cuidar", narra Sheila Hong, asistente legal del Proyecto Esperanza, que sigue muchos de estos casos de cerca. Pero la madre se había casado, tenía otros hijos. Y su marido no quería saber nada de Manuel. "Pasó días en la calle, luego una señora lo dejó dormir en su casa. Ahora está viviendo con un grupo de adolescentes". Otra patrocinadora que conocieron era una mujer analfabeta, y que llevaba a su hija de 11 años a recoger latas y botellas, de lo que se mantenía.

Patrocinadores que son también víctimas

"Hay que tener en cuenta que los familiares que les reciben son, en muchos casos, ellos mismos víctimas de violencia, que arrastran traumas, y que no son personas con la estabilidad psicológica como para ocuparse apropiadamente de ellos", argumenta Setareh. Distanciamiento, desconocimiento, incapacidad económica o psicológica... y miedo. Porque los patrocinadores son, a su vez, en muchas ocasiones, ilegales y no quieren saber nada de las autoridades, por lo que pueda pasar.

Recientemente Setareh ha estado trabajando en el caso de Roberto (nombre ficticio) un chico de 16 años de Honduras que cruzó la frontera con su sobrina de 6 años para reunirse con su hermana, la madre de la niña, en otra ciudad del condado de Los Ángeles (el segundo que ha recibido mayor número de menores sin acompañar en todo EEUU). Camino de la frontera estadounidense, los dos cayeron en manos de una banda de traficantes de personas en Mexico DF (que proliferan y se benefician de estos casos extorsionando a familiares en EEUU: "Es un negocio muy lucrativo", se lamenta Setareh).

Finalmente, ya en EEUU, el joven consiguió escapar con su sobrina pequeña. Se entregó a la policía de fronteras, y acabaron en dos centros distintos de refugiados desde donde localizaron a su hermana. Sin embargo, cuando ambos se reunieron con ella, las cosas no fueron como esperaban.

Roberto acabó por acudir a la policía y denunciar a su hermana por malos tratos. La pequeña pasó a un centro de menores donde espera ser acogida por una familia. Pero Roberto ya es mayor de edad. No puede entrar en ningún programa de acogida. A la espera de su juicio y sus papeles, legalmente tampoco puede trabajar. Está en el limbo. Y como él, muchos. Demasiado mayores para recibir ayuda del sistema de protección de menores y demasiado jóvenes y sin la suficiente adaptación como para valerse por sí mismos.

"Son niños muy fuertes, han vivido muchas cosas, suelen tener recursos. Pero son también especialmente vulnerables, han sido ya víctimas de abusos, de violencia, de tráfico en ocasiones, y son el pasto ideal para las bandas de aquí en Los Ángeles, también, que saben dónde buscar", explica Setareh. Muchos expertos reconocen que la mayoría de los menores que han llegado cercanos a los 18 años han pasado algún tiempo viviendo en la calle.

Carlos está acudiendo ahora a terapia y en Proyecto Esperanza están buscándole un abogado que le ayude a presentar su caso ante el juez. Está aprendiendo inglés en el colegio. Si tiene suerte y consigue estatus legal, podría solicitar ayuda de la seguridad social, vales de comida, de transporte, seguro médico; y más tarde incluso obtener un permiso de trabajo. Pero lo que no está claro es cuándo podrá conseguir también algo que no ha tenido nunca: un hogar seguro.